El robo de cables y los ataques contra la infraestructura eléctrica han aparecido en los últimos meses como una de las principales amenazas para la continuidad del servicio de energía en Antioquia y el Valle de Aburrá.
La creciente acción de bandas dedicadas, principalmente, a la extracción y comercialización ilegal de cobre no solo ha obligado a destinar cuantiosos recursos para reparar los daños, sino que también ha afectado a cientos de miles de usuarios y puesto en riesgo la estabilidad de la red que abastece a hogares, comercios e industrias.
Según cifras de EPM, entre 2024 y 2025 la compañía invirtió más de 7.200 millones de pesos en la reparación y reposición de infraestructura vandalizada o hurtada. Sin embargo, el panorama se ha agravado este año: únicamente los daños ocasionados a la red subterránea en 2026 ya representan pérdidas cercanas a 25.000 millones de pesos.
Instalar nuevamente un solo kilómetro de cable de media tensión, aseguró EPM, puede costar alrededor de 550 millones de pesos, mientras que los tiempos de recuperación pueden extenderse hasta 14 meses, dependiendo de la magnitud del daño y de la disponibilidad de materiales y equipos especializados.
Las consecuencias también se sienten entre los usuarios. Según el balance de la empresa de servicios públicos, más de 763.000 clientes han sufrido interrupciones del servicio asociadas a estos hechos delictivos, con un tiempo promedio de restablecimiento de 24.6 horas por cada evento.
EPM advirtió que detrás de cada corte hay una compleja operación técnica que implica reemplazar cableado, reconstruir redes y verificar la seguridad del sistema antes de devolver el suministro de energía. Los focos más críticos se concentran en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste y Norte de Antioquia, aunque el fenómeno también golpea al Valle de Aburrá.
En Medellín, así como en los municipios de Bello, Caldas, La Estrella y Envigado, la infraestructura eléctrica ha sido blanco recurrente de organizaciones dedicadas al hurto de cobre y otros materiales de alto valor comercial.
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En cuanto a las redes eléctricas, hay reportes de vertimiento de aceites, solventes, pinturas y otros residuos en cámaras subterráneas, acciones que reducen la vida útil del cableado y de los equipos de distribución, además que incrementan el riesgo de fallas de gran magnitud.
Frente a este panorama, EPM indicó que ha reforzado las estrategias de protección de su infraestructura mediante monitoreo permanente, instalación de barreras físicas, rediseño de tapas de seguridad, sistemas de alarma y mayores controles de acceso a instalaciones críticas.
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