La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia cuestionó que la Superintendencia, representada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, señale al departamento por la muerte de dos menores de edad indígenas, una de ellas gestante, luego de que no recibieron atención médica oportuna.
En declaraciones a los medios de comunicación, Quintero sostuvo que en la auditoría realizada al ente departamental se identificaron 23 hallazgos que dieron lugar a seis presuntas faltas disciplinarias, cuatro hallazgos con alcance fiscal y tres con posible connotación penal.
Entre los principales hallazgos, la entidad señaló una presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones, recursos que estaban dirigidos a municipios de categorías 5 y 6 para acciones de salud pública y que, según la auditoría, fueron transferidos a cuentas de Empresas Sociales del Estado (es decir hospitales públicos) sin los contratos ni el procedimiento establecido.
Este punto también fue contradicho por la secretaria de Salud, Alma Solano, quien anunció que entregará todos los soportes.
"Se hace un señalamiento a la secretaría de salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores, que corresponden a Savia Salud y Coosalud intervenidas en el momento de su fallecimiento, donde se presentaron fallas en la prestación prestación de los servicios a estas pacientes. Recibimos también por parte del superintendente unos supuestos hallazgos fiscales. La secretaría de salud presentará todos los soportes para desvirtuarlos".
La Supersalud señaló como una aparente negligencia el seguimiento de una gestante indígena emberá menor de 15 años, considerada de alto riesgo, así como en el caso de una niña indígena cuya muerte, según el informe, solo fue detectada 138 días después.
La auditoría además evidenció debilidades en la vigilancia de los prestadores de servicios de salud en Antioquia, al encontrar instituciones que operaron durante años sin visitas de habilitación y personal encargado de estas funciones que no contaba con la certificación requerida.
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Finalmente, Solano cuestionó que este año desde la Secretaría de salud han reportado más de 50 situaciones que han afectado la vida de pacientes relacionados con EPS intervenidas, sin que a la fecha hayan recibido ni un solo reporte o indicio de auditoría por parte de la Superintendencia de Salud.
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