Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jorge Iván Suaza Tabares, de 46 años, señalado de integrar un grupo de falsos policías que secuestró a dos comerciantes en el barrio Robledo Pilarica, en el occidente de Medellín.
Los hechos ocurrieron cuando tres hombres armados con chalecos antibalas abordaron a las víctimas y las obligaron a subir a un vehículo con la excusa de conducirlas hacia una sede judicial. Cerca del lugar, los asaltantes fingieron una llamada en altavoz con una presunta fiscal para hacerles creer que tenían expedientes abiertos en su contra, exigiéndoles 280 millones de pesos a cambio de no procesarlas y borrar sus antecedentes.
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"Producto de una extorsión o una exigencia económica que se venía haciendo bajo amenazas de muerte a través de las redes sociales de unas personas, entre esas estaba usted allí vinculado, señor Jorge Iván, en momentos que llegaron al domicilio en donde residen una de las víctimas, tomaron esa decisión de secuestrar dos de estas víctimas", aseguró el fiscal del caso.
Durante las tres horas que permanecieron retenidos, los comerciantes fueron obligados a realizar transferencias bancarias por 11 millones de pesos y a entregar joyas valoradas en 50 millones.
"Lograr ese cometido, participaron de esa manera conjunta en la custodia de las víctimas. Acordaron cada uno de ustedes un rol, todos actuaron en la fase ejecutiva del dialítico, en el absoluto dominio funcional del hecho. Tales funciones desarrolladas por usted fueron señaladas de manera directa", explicó el fiscal.
Tras dejarlos en libertad, los delincuentes se llevaron una camioneta como garantía del pago restante y le instalaron un dispositivo GPS para rastrear los desplazamientos de las víctimas mientras conseguían el dinero exigido.
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Cuatro días después de la retención, servidores del Gaula de la Policía capturaron a Suaza Tabares en un centro comercial cuando pretendía cobrar la suma restante, encontrándole en su poder los controles del vehículo de los comerciantes. La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y tentativa de extorsión agravada, cargos que el procesado no aceptó durante las audiencias.