Más de 22.000 millones de pesos en bienes quedaron bajo medidas cautelares como parte de una investigación que golpeó uno de los principales soportes de la organización narcotraficante conocida como ‘Los del Dorado’.
La operación fue adelantada de manera conjunta por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el FBI de Estados Unidos, y permitió intervenir 44 propiedades y activos que estarían relacionados con integrantes de esa estructura criminal.
Entre los bienes afectados se encuentran apartamentos, vehículos y establecimientos comerciales, sobre los cuales la Fiscalía ordenó medidas como embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.
La investigación se extendió durante 13 meses y tuvo como uno de sus principales objetivos establecer cómo se movían los recursos de la organización.
Los investigadores encontraron indicios que apuntarían a que parte del patrimonio habría sido adquirido con dinero procedente del narcotráfico y, posteriormente, puesto a nombre de familiares o personas cercanas a los integrantes de la estructura, una maniobra que presuntamente buscaba dificultar la identificación de los verdaderos propietarios.
Según Allen Pack, delegado agregado del FBI para la Región, dentro de las personas vinculadas a los bienes aparecen varios señalados cabecillas de la estructura como alias ‘Olfer’, ‘El Calvo’, ‘Orlay’ y ‘Mono Chucho’.
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"No solamente estamos enfocados en los capturas de los delincuentes de esos grupos, porque nosotros también sabemos que lo que más les duele es cuando nosotros también les quitamos los bienes que ellos tienen, los propiedades y todo lo demás que ellos obtienen a través de sus actividades ilícitas", manifestó el funcionario.
La investigación también estableció una presunta conexión de esta organización con el Clan del Golfo. Según las autoridades, esa relación habría permitido desarrollar diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico, desde la producción de cocaína hasta su transporte y posterior envío al exterior.
Dentro del modus operandi se estableció que la organización adquiría la base de coca en el departamento de Nariño y luego la trasladaban por medio de camiones hasta el municipio de Puerto Triunfo donde estaban sus laboratorios de procesamiento. Luego de esto, la mercancía seguía su rumbo hacia Centroamérica y Estados Unidos.
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Este nuevo golpe a las finanzas de la estructura se suma a las acciones judiciales adelantadas en agosto de 2025, cuando siete personas fueron capturadas y, posteriormente, llevadas ante la justicia. Los procesados fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.