Tras algunas manifestaciones protagonizadas la semana anterior en el peaje de Las Palmas exigiendo su retiro tras el final de la operación por más de 20 años de la concesión Devimed, afectados ya preparan acciones legales para lograr el retiro de dos casetas de cobro que incluso están a menos de dos kilómetros entre sí.
Entre las opciones para eliminar también el recaudo en el peaje Copacabana, en la autopista Medellín - Bogotá, se encuentran una acción popular y una acción de cumplimiento para que no se sigan haciendo efectivos los cobros e incluso se retorne lo recaudado a los ciudadanos desde el pasado 1 de agosto, cuando inició la operación de estos corredores a cargo del Gobierno nacional a través del Invías.
Según el abogado Esteban Manco, una vez finalizado el plazo contractual o cumplidas las condiciones previstas para la terminación de la concesión, la infraestructura y los bienes relacionados al contrato retornan Estado y por lo tanto debe parar su explotación económica, a menos que exista un nuevo fundamento jurídico que autorice su continuidad.
"La acción popular para la defensa de los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa. Y también la acción de cumplimiento, que es la que busca que se cumpla la cláusula de reversión, que es destinada precisamente a la finalización del plazo y al cese de los derechos que tenga el concesionario", precisó el abogado.
Sin embargo, no solo se trata de aspectos jurídicos. Habitantes de la zona han expresado inconformidad por los altos costos que les ha representado estos peajes para movilizarse hacia el supermercado, el gimnasio o la peluquería.
Recientes participantes en protestas aseguran que al mes han tenido que destinar hasta 3 millones de pesos para pagar los dos peajes por trayecto, uno más si el viaje es al aeropuerto José María Córdova.
Uno de los puntos de cobro es el del Escobero con Las Palmas está a 1.4 kilómetros del siguiente, que es saliendo de la glorieta de Indiana y el tercero con dirección a la terminal aérea, a nueve kilómetros.
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Durante el inicio de las recientes acciones legales, la comunidad solicitó información sobre si ya finalizó o si se cumplieron las condiciones previstas para la operación de la cláusula de reversión y que Devimed suspenda cualquier recaudo de peajes que no cuente con un fundamento contractual.
Frente a la problemática y la creciente inconformidad ciudadana, el gobernador Andrés Julián Rendón, admitió que para quienes viven en el sector es todo un dolor de cabeza poder movilizarse, por los costos, pero reiteró que no se deben tomar vías de hecho y que buscan alternativas entre la concesión saliente y el Gobierno nacional.
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