La muerte de Agustín Álzate no solo encendió las alarmas de las autoridades que buscan con urgencia a los responsables del asesinato del menor de edad de 13 años, sino que ahora se investiga la posible injerencia de grupos delincuenciales.
Las versiones preliminares que se han arrojado desde El Carmen de Viboral, Antioquia, es que el adolescente podría estar, presuntamente, vinculado a un grupo delincuencial con alta presencia en esta zona del Oriente antioqueño.
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El alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez, descartó que el homicidio haya obedecido a un hurto e invitó a los padres de familia a estar pendientes de las amistades que hacen los menores de edad y con quiénes se juntan por fuera de los hogares.
"Invitamos a los padres de familia a que hagan un seguimiento a qué hacen sus hijos, con quién están, a dónde van, porque hoy los grupos armados podrían estar alrededor de buscar cómo instrumentalizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Descartamos que se haya tratado de un hurto", preció el mandatario.
Mientras avanzan las investigaciones pertinentes para esclarecer el asesinato del menor de edad, hay que recordar que la Fuerza Pública y otros organismos judiciales ya están tras la pista de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y quienes son señalados de dispararle con arma de fuego al menor de edad.
El personero de El Carmen de Viboral, Omar García, manifestó que el adolescente había decidido salirse de la institución educativa en donde estudiaba hace aproximadamente dos semanas, al parecer, en una decisión tomada en conjunto con su mamá.
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"Fue la madre en en convenio con su hijo que decidieron retirarse de la institución. Entonces, también estamos analizando de si el rector de la institución educativa puso en conocimiento de la institucionalidad, en caso de Bienestar Familiar o comisarias de familia sobre la desescolarización, puesto que esta lleva per se una amenaza o una vulneración a un derecho fundamental", explicó el delegado del Ministerio Público.
Hay que mencionar que para acompañar las labores de la Fuerza Pública en el esclarecimiento del caso, se mantiene vigente la recompensa de 200 millones de pesos para quien brinde información que conduzca a los responsables del hecho violento.