Uno de los símbolos de resiliencia y transformación social en Medellín hoy enfrenta una paradoja cada vez más evidente: mientras la Comuna 13 se consolida como uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia, sus habitantes advierten que el éxito masivo del turismo empieza a poner en riesgo la esencia y la convivencia en el territorio.
Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Solo en 2022, más de 1,6 millones de personas recorrieron la zona, especialmente el sector de las escaleras eléctricas y el corredor de grafitis, según datos de la Alcaldía de Medellín. En 2024, la cifra superó el millón de visitantes, pues se trata de una parada casi obligatoria para extranjeros que llegan atraídos por la historia de transformación urbana, el arte callejero y la narrativa alrededor del conflicto armado.
Sin embargo, detrás de las fotografías, los recorridos guiados y los videos virales en redes sociales, se ha venido incubando un malestar creciente entre habitantes de la zona que advierten que el sector podría estar comenzando a “morir de éxito”.
En los últimos días se ha conocido una iniciativa de recolección de firmas solicitando apoyo comunitario para establecer espacios de diálogo que permitan el abordaje interinstitucional de diferentes problemáticas.
La congestión permanente en calles estrechas, el aumento descontrolado de ventas informales, la presión sobre los servicios públicos, el ruido constante y la pérdida de espacios para la vida cotidiana hacen parte de las quejas más frecuentes que incluso han sido denunciadas en el Concejo Distrital como lo mencionó en un debate de control político sobre el sector hace varias semanas el corporado Andrés Felipe Rodríguez.
"La informalidad dominante, más del 90 por 100 del ecosistema opera sin control o sin formalidad. La capacidad es bordar, el territorio funciona potencialmente por encima del 97 por 100 de su capacidad técnica. Hay completamente desarticulación institucional", indicó.
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Sin embargo, las denuncias trascienden a temas más sensibles como la seguridad donde hay preocupación por la proliferación de la extorsión para diversas actividades. En la misma sesión así lo comentó el concejal Alejandro Arias.
"Uso indebido del espacio público, descolarización, extorsión. Allá todos los comerciantes pagan extorsión. Incluso, si un grafitero quiere intervenir, un mural tiene que pagar extorsión. Pues dicen, no, es que no podemos denunciar. Es más, ni digan que yo dije, o sea, hay un control del territorio tremendo", apuntó.
En redes sociales, tanto los promotores de firmas que buscan espacios con las autoridades, así como habitantes y turistas afirman que se ha convertido en un espacio “demasiado lleno”, con sobrecostos en algunos lugares, ruido y dificultades para recorrer los murales o disfrutar la historia del sector.
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Residentes piden acciones urgentes que permitan encontrar el equilibrio entre el turismo que impulsa la economía y la protección de la vida barrial que también ha dotado de identidad la zona.
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