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El reciente anuncio del Gobierno nacional frente a la radicación el próximo 20 de julio de un proyecto de ley ante el Congreso para que sea el Estado la que asuma las deudas derivadas del mecanismo de opción tarifaria para los servicios públicos, ha sido bien recibida por todos los sectores, sin embargo, usuarios ya han manifestado algunas inquietudes.
Así lo hizo saber la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, quien recientemente cuestionó la decisión de EPM de no aplicar una disminución en las tarifas hasta tanto se empiecen a desembolsar los créditos del Findeter para asumir provisionalmente los costos, mientras se aprueba el proyecto en el legislativo.
Según Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga, existen mecanismos legales más rápidos como el artículo de la ley 142 de 1994 que permiten al Gobierno hacer los aportes esperados bajo condición de que ese valor no se incluya en el cálculo de las tarifas.
"El artículo 87 número 9 es garantía para los usuarios y es también garantía para los empresarios porque el Gobierno Nacional pude hacer pueden hacer aportes a la empresa que bajo la condición de que ese valor no vaya al cálculo de la tarifa", dijo Gaviria.
Según la Liga de Usuarios, el crecimiento de las tarifas está actuando como otra causa del deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, pues por ejemplo en el caso de Medellín, durante el pasado mes de mayo el índice de precios al consumidor de electricidad fue el doble del promedio nacional, mientras entre mayo de 2023 y mayo de 2024, las tarifas de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado subieron el 17 %, el 11 % y el 11.3 %, respectivamente.
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