Más que encubrir, era medir cómo cumplir la ley: exasesor Secretaría de Inclusión Social de Medellín

El fin de semana se hizo público un polémico audio de una reunión, organizada en 2021, que compromete a funcionarios del entonces alcalde Daniel Quintero y sobre todo a una de sus fichas hoy en el Gobierno nacional, el exsecretario de Inclusión Social de Medellín Juan Pablo Ramírez, hoy subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el exasesor técnico de la Secretaría de Inclusión Social Santiago Preciado explicó la estrategia que estarían discutiendo en dicha reunión, en la que hablan de asuntos delicados, como la parte jurídica de contratos directos hasta de cómo hablarle a los medios de comunicación e, incluso, un tetris financiero en el que se habría dejado de atender a población vulnerable.Según indicó, estaban atravesando una época difícil por la crisis de la inflación y el estallido social. Entonces, dijo, les “tocó actuar en el presente para cambiar o modificar lo que se estaba ejecutando en el momento”, pensando en el 2022 y los programas sociales que tenían que ejecutar.“Es, entonces, el ejercicio dual que nosotros decimos: cómo tiene que hacerse la contratación para nunca dejar de atender e incurrir en una modalidad incorrecta e indebida de contratación, sino que, precisamente, eso es lo que ahí se buscaba con la asesora y el equipo directivo, 12 o 15 personas en ese momento”, señaló.Preciado añadió que, en ese momento, estaban a dos meses de llegar a la Secretaría de Inclusión Social y Derechos Humanos y tuvieron que pensar en varias estrategias para no descuidar lo que estaban implementando, pero, al mismo tiempo, considerando lo que vendría para el año siguiente.“El año 2021 era complejo, donde estábamos empezando a tener los problemas de inflación y recién cerrando el episodio del estallido social, lo que implicó un incremento en los precios de los alimentos. Toda la atención y planeación que había del año anterior nos estaba implicando volver a planearla”, respondió.A las acusaciones que surgieron tras el audio, manifestó que no se hablaba de encubrir algún hecho, sino de buscar “los menores daños jurídicos” en medio de las contrataciones de enero a diciembre de ese daño porque, precisó, cada vez “la plata alcanzaba menos”.“Se tenía que volver a contratar ¿Qué estábamos evaluando nosotros? Más que encubrir, creo que lo que estábamos haciendo era medir internamente cómo íbamos siempre a cumplir la ley, nunca dejar de atender a la población, entender el riesgo porque podríamos estar contratando varias veces el mismo programa en el año y explicar a los organismos de control y vigilancia eso, sustentarlo y resolver lo que estaba pasando en el día a día”, recalcó.