El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín ordenó la extinción de dominio sobre un inmueble que durante años funcionó como la denominada “casa museo” relacionada con la familia de Pablo Escobar Gaviria.
La decisión judicial concluyó que la propiedad habría sido adquirida originalmente con recursos provenientes del narcotráfico y posteriormente registrada a nombre de terceros para ocultar su verdadero origen.
La sentencia señala que el inmueble habría pertenecido al exjefe del cartel de Medellín y que, tras su muerte en 1993, fue entregado por su esposa a las hermanas del narcotraficante, quienes posteriormente habrían utilizado a terceros como presuntos testaferros para mantener el control del predio.
La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la actual propietaria, Gilma Aidée Urdinola Ospina, no logró demostrar la capacidad económica suficiente para adquirir la vivienda por un valor superior a los 1.100 millones de pesos, además de asumir una hipoteca cercana a los 240 millones de pesos.
Durante el proceso, el despacho judicial analizó testimonios, movimientos financieros y registros tributarios. Entre las pruebas evaluadas estuvo la declaración de Máximo Tecra Rossi, hijo de Roberto Escobar Gaviria, quien aseguró que la vivienda siempre permaneció bajo control de la familia Escobar y que fue utilizada inicialmente como “caleta” y posteriormente como museo turístico.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión, reconoció que la justicia no puede permitir la apología al narcotráfico que ha dejado infinitas heridas y cicatrices en las familias de Medellín.
"Esta propiedad que hoy pasa a manos del Estado fue obtenida producto de dinero del narcotráfico, secuestros, asesinatos y toda clase de atrocidades. Esto es un mensaje para todos los cabecillas que hoy estamos combatiendo. Los delincuentes no pueden siquiera pensar en la posibilidad de que sus dineros ilícitos sean legalizados", aseguró el mandatario.
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El juzgado concluyó que existieron múltiples inconsistencias en la compraventa del inmueble y calificó la negociación como una “compraventa simulada”, por lo que la propiedad pasará a manos del Estado colombiano dentro de los procesos de extinción de dominio contra bienes vinculados al narcotráfico.
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