Durante la audiencia de apelación que se adelantó en las últimas horas, la Fiscalía pidió que Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, sea enviado a prisión y no permanezca detenido en su lugar de residencia, al considerar que la medida domiciliaria no es suficiente para evitar que continúe ejerciendo influencia a través de terceros.
Durante la sustentación, la fiscal 77, María Teresa Gómez sostuvo que Quintero habría intervenido en la contratación del Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí sin ocupar un cargo público, sino mediante comunicaciones y personas que actuaban como intermediarias.
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La Fiscalía de nuevo señaló que en seis contratos se habría producido un detrimento superior a 2.400 millones de pesos y que en los elementos recopilados aparecen conversaciones sobre nombramientos de funcionarios y el manejo de recursos.
“El problema no es dónde está Miguel Quintero, sino con quién puede comunicarse y a través de quién puede actuar”, sostuvo la fiscal, al explicar que en una vivienda las autoridades no tendrían el mismo control sobre sus visitas y comunicaciones que en un establecimiento carcelario.
Además, el ente acusador pidió reconocer un segundo riesgo: la posible obstrucción de la justicia. Para sustentarlo, mencionó acercamientos al principal testigo del caso, Misael Cadavid, supuestos ofrecimientos para modificar su conducta procesal, el ingreso de un tercero al centro penitenciario mediante un parentesco que no tendría y más de 200 consultas y descargas de información relacionada con la investigación.
La representación de víctimas, encabezada por Majer Abushihab, respaldó la petición y aseguró que existen elementos que mostrarían un supuesto patrón de presión a testigos, incluido el uso de terceros y acercamientos a familiares, no solo a Laura Mejía sino a Misael Cadavid, excomandante del cuerpo de Bomberos de Itagüí. En ese sentido y reiterando cómo presuntamente se orquestó un plan de desprestigio en redes sociales en contra de Cadavid, pidió de nuevo que se le dicte medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega.
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El delegado de la Procuraduría, José Luis Ochoa Escobar, por su parte, respaldó los argumentos de la Fiscalía y las víctimas para pedir que Quintero y Ortega sean enviados a prisión preventiva, al considerar que el juez habría subvalorado pruebas sobre posibles riesgos de obstrucción a la justicia y que las medidas actuales no garantizarían la protección del proceso penal.
Santiago Trespalacios, abogado de Miguel Quintero Calle, argumentó que no apeló la medida de aseguramiento domiciliaria porque esa fue una de las opciones que dio desde su defensa como alternativa a enfrentar el juicio en libertad. Criticó lo expuesto por el representante de víctimas frente a presentarse como "perito o experto" por haber trabajado en la Fiscalía y aseguró que todo de lo que señalan a su cliente de su posible injerencia o poder tenía que ver con un "parentesco", que carece de validez ahora teniendo en cuenta que Daniel Quintero ahora es exalcalde.
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Al término de la diligencia, el juzgado 27 penal municipal de control de garantías confirmó que ahora el proceso entrará de nuevo a reparto y será ese nuevo juez del circuito el que decida si mantiene esta medida de aseguramiento contra Miguel Quintero en su domicilio o si cambia esta medida. Frente a la solicitud de que Sebastián Ortega también sea cobijado con medida privativa de la libertad, esta decisión también estará en mano del juez de reparto, en la fecha que así sea programado posteriormente.