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El Ministerio Público investiga a la actual administración municipal de Vegachí, en el Nordeste antioqueño, para confirmar si se incumplió el deber de garantizar la participación de la mujer en cargos directivos.
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La indagación de la Procuraduría General de la Nación recae sobre el alcalde José María Ochoa Muñoz por presunta vulneración a la participación femenina mínima en nivel decisorio, pues, al parecer, expidió un decreto para la vigencia 2024 nombrando en su despacho, a nivel directivo, a cinco hombres y tan solo una mujer.
La autoridad disciplinaria verifica si el funcionario incumplió con lo dispuesto en la ley 581 de 2000, conocida como “ley de cuotas”, que estipula que los mencionados cargos deben ocuparse, al menos, en un 30% por funcionarias mujeres.
Por lo tanto, el ente de control corrobora si se vulneró en la alcaldía el principio de la igualdad, ya que posiblemente faltó al deber jurídico establecido en la norma.
Finalmente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío busca esclarecer los hechos que son objeto de investigación y se ordenó la práctica de las pruebas necesarias y pertinentes.
No se cumple la ley
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Según el Ministerio Público, el balance del 2024, presentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, carece de la información suficiente, ya que, de las 6.374 entidades obligadas a reportar, solo 1.728 de ellas presentaron información completa para el año 2024 lo que limita la evaluación del cumplimiento de la Ley 581 de 2000 y los avances en materia de la cuota femenina en los cargos del Estado.
Antecedentes en el municipio de Tarzo
En enero pasado, la Procuraduría formuló pliegos de cargos contra el exalcalde de Pueblorrico, Antioquia, Carlos Arturo Quintero Hurtado, y el exgerente de la ESE Hospital San Pablo de Tarso, Antioquia, Raúl Alcides Osorio Bustamante, por presuntamente incumplir esta misma ley.
En el caso de Pueblorrico se verificó que, durante el año 2021, la administración municipal contaba con cuatro cargos de máximo nivel, de los cuales solo uno estaba ocupado por una mujer, lo que representaba una participación femenina del 25 %, incumpliendo el porcentaje mínimo exigido.
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Por su parte, en la ESE Hospital San Pablo de Tarzo, los dos cargos de máximo nivel decisorio estaban ocupados exclusivamente por hombres, resultando en una participación femenina del 0 %.
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