Una nueva controversia rodea a la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que actualmente dirige el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, tras la adjudicación de un contrato superior a los $3.667 millones para la compra de tiquetes aéreos nacionales e internacionales y otros servicios asociados a desplazamientos de funcionarios y colaboradores durante lo que resta de 2026.
La denuncia se conoció a través del concejal de Medellín, Santiago Perdomo, quien puso la lupa sobre la distribución interna de los recursos contemplados en el contrato suscrito con una empresa de Barranquilla. Según el corporado, uno de los aspectos que genera mayores interrogantes es la destinación de cerca de $200 millones para cubrir los desplazamientos del despacho del Superintendente Nacional de Salud y de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen.
De acuerdo con los datos revelados por Perdomo, alrededor de $54 millones fueron asignados al despacho de Daniel Quintero, mientras que más de $140 millones quedaron destinados al equipo de comunicaciones e imagen de la entidad. Para el concejal, estas cifras requieren explicaciones en medio de las dificultades que enfrenta el sistema de salud.
"Interpondremos los recursos a que haya lugar ante la Procuraduría y la Contraloría para que realicemos este caso de aparente corrupción. Es totalmente inmoral que se gasten casi 4.000 en tiquetes y que sean 200 para el mero aspecto comunicacional de Daniel Quintero", indicó el corporado.
Frente a los cuestionamientos, la Superintendencia Nacional de Salud defendió la contratación y aseguró que se trata de un proceso ordinario que se realiza cada año para garantizar el cumplimiento de sus funciones en todo el país. La entidad explicó que el proceso contractual comenzó en abril, surtió las etapas de evaluación y subasta correspondientes y fue adjudicado en mayo antes de iniciar su ejecución el pasado 1 de junio.
Además, la Superintendencia precisó que los recursos asignados al despacho del superintendente Quintero representan apenas el 1.4 % del valor total contratado. Según la entidad, la mayor parte del presupuesto “está destinada a financiar los desplazamientos de equipos técnicos y misionales encargados de realizar auditorías, inspecciones, labores de vigilancia, atención a usuarios y otras actividades institucionales en las distintas regiones del país”.
Esta nueva polémica se produce en medio de las tensiones y las críticas que ha generado en los gobiernos de Antioquia y Medellín las inspecciones ordenadas por esas dependencias del Gobierno nacional a entidades como la Alcaldía de Medellín y la Fábrica de Licores de Antioquia.
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