Tenía confianza en subdirectores: defensa de Juan David Palacio a imputación por presunta corrupción

Siguen avanzando las diligencias judiciales contra varios de los imputados por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín.La más reciente estuvo relacionada con la definición de medida de aseguramiento contra Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde en una extensa jornada su abogado defensor, Andrés López, intervino por casi seis horas.El discurso de López estuvo centrado en refutar los argumentos y pruebas presentadas ya en una instancia previa por parte de la Fiscalía General durante la imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en contratos suscritos entre la autoridad ambiental y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí.El escándalo, donde se estima la apropiación de más de 2.400 millones de pesos, salpica a Palacio como máxima cabeza para ese momento de una de las entidades implicadas. López explicó que en virtud de su cargo, Palacio no tuvo ninguna relación con los seis contratos cuestionados por más de 17.000 millones de pesos y que durante la imputación de cargos no se presentó ningún elemento que diera cuenta de algún poder de decisión del exdirectivo en la adjudicación o direccionamiento de los mismos, pues su rol era de “alta gerencia”."No está acreditado que el doctor Juan David Palacio como director del AMVA fuera un ordenador del gasto. Que exista una participación en relación de estudios previos de los contratos mencionados en los hechos como por ejemplo en los bomberos. Menos aún, evaluó ofertas", explicó.En ese sentido, el abogado defensor de Palacio derivó las posibles responsabilidades en quienes sí estuvieron al frente de los procesos contractuales delgados por el entonces directivo en una conducta de confianza legítima."Tenía una confianza legítima en sus subdirectores, confiaba efectivamente que estos probablemente cumplirían las normas, acatarían los riesgos jurídicamente que estuvieran en sus funciones. Estaba convencido efectivamente que todo estaba llevado a regla, que toda la contratación se estaba cumpliendo", dijo.Frente a acusaciones de la Fiscalía sobre la orden que habría dado Palacio para eliminar información de al menos tres computadores de la entidad al finalizar su periodo en el cargo, el abogado reveló versiones juramentadas de técnicos de sistemas y la entonces asistente de dirección, que desmentirían esas atribuciones.Según los testimonios, nunca hubo por parte de Palacio tal orden ni se perdió la información extraída para entregar los equipos a la nueva administración tal cual los habían recibido. Los datos quedaron almacenados en dispositivos extraíbles y en el sistema de información de la entidad, de donde reiteró el abogado, no se pueden eliminar."Toda la información que es alojada en los equipos de cómputo de la entidad antes de la llegada del doctor Juan David Palacio al Área y posteriormente y en la actualidad es albergada y recolectada, respaldada en ese sistema de integrado de información", apuntó el abogado.De igual manera, sobre el final López referenció documentos internos del Área Metropolitana que indicarían que cámaras de seguridad cercanas a oficinas donde se almacenan archivos dejaron de funcionar por un daño técnico y no por orden del entonces director de la entidad, Juan David Palacio, como lo había señalado el ente acusador."La no operación del dispositivo obedeció a una falla técnica consistente en una quemadura en un chip, y no a una intervención de un tercero orientada a impedir su funcionamiento, a pesar de la aseveración de la cual no se tiene soporte probatorio para endilgar participación irregular de los hechos por parte del doctor Juan David Palacio", remarcó la defensa.Tras la culminación de los alegatos por parte de la defensa de Palacio, la audiencia se retomará este viernes, 13 de febrero, desde las 2:30 p.m. con las exposiciones de los apoderados de otros implicados en el caso como Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes se desempeñaron como subdirectoras ambientales de la entidad en distintos periodos; y Juan Alberto Henao Cardona, tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.