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Tras un Consejo Extraordinario de Mesa Migratoria, diferentes autoridades del Urabá antioqueño siguen en la búsqueda de soluciones ante la decisión de por lo menos dos empresas de transporte de migrantes desde muelles como los de Turbo y Necoclí de suspender sus servicios.
La decisión se produjo argumentando falta de claridad en los parámetros bajo los cuales pueden operar, pues el pasado 22 de febrero en un operativo dos capitanes de embarcaciones que zarparon desde Necoclí fueron capturados y judicializados por el delito de tráfico de migrantes.
El hecho genera preocupación en el gremio ante la falta de claridad para operar por lo que decidieron suspender sus operaciones hasta nuevo aviso. Mario Bustamante, uno de los representantes legales de estas empresas, asegura que son las mismas autoridades migratorias quienes y no ellos quienes deben certificar la idoneidad de los usuarios para tomar el servicio.
"Que ellos como es el deber ser certifiquen la condición migratoria de ellos, que si es posible porque es que un capitán de una embarcación no va repitiendo, me va a preguntar cuál es su destino que no simplemente está trasladando los pasajeros, entonces necesitamos que nos certifiquen la condición migratoria y que sí los podemos transportar", señaló.
La falta de prestación de estos servicios que al día pueden movilizar hasta dos mil personas entre las dos zonas encienden las alarmas sobre todo en materia de salubridad en población vulnerable como la manifestó Alexandra Aponte, secretaria de Salud de Turbo.
Por esta razón la funcionaria invitó a los gobiernos nacionales y departamentales para atender la situación pues se queda corta la capacidad que posee esa localidad y podría provocar el colapso de otras zonas cercanas del Chocó.
"Le hacemos un llamado a la Gobernación a la Nación para que fijen los ojos en esta situación que no nos dejen solos no estamos en la capacidad de responder todos bajo esta problemática y eso no es de uno solo no es de solo el ente territorial es de todos porque además no es solo turbo", indicó.
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El cese de actividades para una de las empresas de transporte de migrantes puede significar hasta 70 millones de pesos al día, además de seguir atendiendo las cargas prestacionales de todos sus empleados.
Se espera que el próximo jueves se lleve a cabo una reunión con autoridades nacionales a partir de la cual los transportadores puedan tener mayores claridades sobre su operación. Por el servicio que prestan y el bien de sus empresas esperan que sea lo más pronto posible, pero hasta tanto aseguran que mantienen el cese de actividades.
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