La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exgerente del Instituto del Deporte y Recreación de Medellín (INDER), Diana Paola Toro Zuleta; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina; a la exjefe de Compras y exgerente general de esa entidad, María Eugenia Domínguez Castañeda; y al contratista Mauricio Jaramillo Botero, por presuntas irregularidades en un contrato para actividades recreativas, deportivas y físicas ejecutado entre 2020 y 2022.
Según la investigación de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, durante la ejecución contractual se habrían vulnerado los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, favoreciendo presuntamente a un contratista particular y causando un detrimento al patrimonio público superior a los $3.000 millones.
La Fiscalía señaló que Toro Zuleta y Liévano Ospina deberán responder en juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Además, Liévano Ospina y Domínguez Castañeda fueron acusados por interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con el ente investigador, presuntamente se omitieron estudios previos, se restringió la participación de otros oferentes mediante requisitos de experiencia limitantes y se fijó un plazo insuficiente para presentar ofertas, con el supuesto propósito de favorecer a la sociedad representada por Jaramillo Botero.
Los tres exservidores públicos también fueron acusados por peculado por apropiación agravado en favor de terceros, pues habrían autorizado y permitido el pago de bienes e implementos deportivos a precios artificialmente elevados.
El presunto sobrecosto detectado asciende a $3.705.259.410 y estaría relacionado principalmente con la adquisición de uniformes, balones, medallas e implementos deportivos.
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"Se presentó un sobrecosto considerable en la adquisición de bienes por parte de Mauricio Jaramillo Botero, en calidad de representante legal de la empresa mencionada, para suministrarlos a Metroparques. En las facturas de compra de bienes, como uniformes, balones, implementos deportivos y medallas valoradas en 2.942 millones", precisó.
Por su parte, Mauricio Jaramillo Botero fue acusado como coautor interviniente del delito de peculado por apropiación agravado, al presuntamente obtener estos recursos mediante facturación y cobros sustentados en precios supuestamente inflados.