Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó segunda demanda contra impuesto de seguridad

En medio de la polémica entre el gobernador de Antioquia y los empresarios de la región, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda de nulidad contra la ordenanza que aprobó el cobro de la tasa de seguridad.Le puede interesar: No ha pasado mucho tiempo desde la confusión que generó en los empresarios de la región si la tasa de seguridad en Antioquia se cobraría mensual o trimestral, y de nuevo vuelve a generar controversia en el departamento, esta vez, por una acción judicial que busca anular este impuesto aprobado al gobernador Andrés Julián Rendón.El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda de nulidad contra este cobro, con lo que se busca que quede sin efecto la ordenanza que aprobaron 14 diputados a finales del 2024. Su autor, el diputado Manuel García le dijo a Blu Radio que espera que este juzgado resuelva que es una medida inconstitucional.“Nosotros hemos demandado este acto administrativo porque lo consideramos inconstitucional, inconveniente e ilegal y tenemos la esperanza que el Tribunal una administrativa anterior que nos dé la razón. Nosotros ya le oficiamos a Valor Max, es que no hemos tenido ni siquiera la claridad, no hay respeto con la Asamblea de Antioquia por parte del señor gobernador con los antioqueños”, aseveró.Pero esta no es la primera acción legal que enfrenta la tasa de seguridad. Un juzgado de pequeñas causas laborales de Medellín admitió una tutela del diputado Luis Peláez contra la Asamblea de Antioquia y se concedieron dos días para anexar los elementos que consideren pertinentes para sustentar la solicitud, pero luego fue declarada improcedente.Aún así, en su momento, Martha Patricia Correa Taborda, secretaria General de la Gobernación de Antioquia, defendió que los argumentos jurídicos están de su lado y que se sentía “tranquila” ante una demanda de nulidad.“Estoy muy tranquila por la nulidad de la ordenanza, porque realmente la ordenanza está soportada jurídicamente en la ley y en la sentencia de la Corte Constitucional. No cabe duda que tenemos la razón jurídica respetando profundamente los conceptos que se han emitido al respecto”, dijo la funcionaria.El diputado García manifestó que, a la fecha, el gobernador no ha dado claridades necesarias a la Asamblea, en especial sobre quién cobrará finalmente este impuesto, luego de que EPM indicara que no lo haría y que, incluso, la empresa Valor Más está a la espera de directrices del ente departamental. También dijo que no se presentó ante la Asamblea de cuánto iba a ser la afectación financiera de los hogares, por esta medida que busca recaudar 1.2 billones hasta 2027.Vale la pena aclarar que en su momento, el mandatario manifestó que en la región existen otras 29 comercializadoras de energía diferentes a EPM que pueden adelantar ese cobro y que cubren el 1 por ciento de los clientes. También indicó que para los demás se usaría a la mencionada empresa Valor Más, pues una cosa es la liquidación del impuesto que es responsabilidad del gobierno de Antioquia y otra el cobro.