La Fiscalía General de la Nación presentará este miércoles 28 de octubre ante un juez los preacuerdos suscritos con 10 de los 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado PPP, investigados por su presunta participación en hechos violentos y actos de vandalismo registrados en Bogotá durante jornadas de protesta.
Los acuerdos contemplan penas de prisión que van desde los cuatro años y ocho meses hasta los siete años y diez meses, de acuerdo con los términos reportados para cada uno de los procesados.
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La investigación está relacionada con ataques contra buses del Sistema Integrado de Transporte Público, daños a estaciones de TransMilenio, fabricación y lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, así como hechos de violencia contra integrantes de la Policía y ciudadanos.
Dentro de las conductas investigadas también se encuentran el concierto para delinquir, el terrorismo, el daño en bien ajeno, la perturbación del servicio de transporte público y la violencia contra servidor público, entre otros delitos.
El caso ha sido objeto de controversia por la naturaleza de los hechos atribuidos a los procesados y por las hipótesis investigativas relacionadas con una presunta financiación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el supuesto uso de universidades públicas de Bogotá como lugares de refugio.
En medio de este proceso, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, expidió la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, mediante la cual ordenó reasignar el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa.
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El propósito de la decisión fue que el caso fuera evaluado por fiscales del Grupo de Tareas Especiales de Justicia Restaurativa, con el fin de revisar las conductas investigadas, las responsabilidades individuales y la posibilidad de aplicar mecanismos de terminación anticipada cuando se cumplieran los requisitos legales.
La resolución estableció que los fiscales debían analizar “de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o determinación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable”.
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Los preacuerdos y las penas pactadas
Entre los procesados que suscribieron acuerdos con la Fiscalía está Sneider Sebastián Cantor Cortés, conocido con el alias de ‘Salvatore’, quien aceptó cargos por ocho delitos: concierto para delinquir, terrorismo, incendio, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.
Para él se reportó una pena acordada de siete años y siete meses de prisión. Los hechos que se le atribuyen estarían relacionados con al menos 14 eventos.
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Otro de los investigados es Juan Sebastián Manios Lozano, alias ‘Tolima’, quien aceptó cargos por siete delitos, entre ellos concierto para delinquir, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.
La pena acordada para él sería de siete años y diez meses de prisión.
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En el expediente se recuerda uno de los episodios atribuidos a Manios Lozano, descrito de la siguiente manera: “procede a lanzar una papa bomba, objeto explosivo, al interior del vehículo, mismo que se encontraba con tripulación (aproximadamente de 12 pasajeros)”.
El señalamiento hace referencia a un ataque contra un SITP que, de acuerdo con la descripción incorporada al caso, llevaba pasajeros en su interior.
Por su parte, Camilo Andrés Portilla Castañeda, conocido como alias ‘Copete’, aceptó cargos por cinco delitos y tendría una pena pactada de siete años y siete meses de prisión.
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Cristhian Camilo Medina Rojas, alias ‘Topo’, también aceptó cargos por cinco delitos, con una pena acordada de siete años y dos meses.
Dentro de los acuerdos figura Silvia María Camargo Pinzón, alias ‘Chimal’, identificada como la única mujer de la agrupación investigada.
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Aceptó cargos por cuatro delitos: concierto para delinquir, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial, y violencia contra servidor público agravada. Para ella se reportó una pena de cinco años y cinco meses de prisión.
Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias ‘Chinche’, aceptó cargos por cinco delitos y tendría una pena acordada de siete años de prisión.
En el caso de Kennet Steven Mestra Montes, se reportó una pena de cinco años y diez meses por cinco delitos.
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También está Carlos Raúl Torres Laguna, conocido como alias ‘El Pri’, quien aceptó cargos por los ocho delitos relacionados en el acuerdo y tendría una pena de siete años y siete meses de prisión. Brayan Stiven Valderrama Cubies, alias ‘Garu’, tendría una pena de cinco años y diez meses por seis delitos.
El décimo procesado es Johan Sebastián Castellanos Díaz, alias ‘Slow’, para quien se reportó una pena de cuatro años y ocho meses de prisión por dos delitos.
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La presentación de los preacuerdos ante el juez será un paso dentro del proceso penal para que se revise su legalidad y se determine si pueden recibir aprobación judicial.
Por ahora, las penas mencionadas corresponden a los términos acordados con la Fiscalía.
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