Hospital de Usme se entregará con 37 meses de retraso y sobrecostos por más de $280.000 millones

El nuevo hospital de Usme acumula cerca de 37 meses de retraso frente a la fecha inicial de entrega y supera los $280 mil millones en inversión, según advirtió la Contraloría de Bogotá durante una visita de seguimiento realizada este 23 de febrero de 2026.De acuerdo con el informe del organismo de control, el proyecto fue contratado el 25 de febrero de 2020 e inició obras en mayo de ese año, con una fecha de entrega prevista para el 3 de mayo de 2023. Sin embargo, tras múltiples prórrogas, suspensiones, adiciones y modificaciones contractuales, el plazo se extendió hasta finales de 2025 y posteriormente hasta junio de 2026, prácticamente duplicando el tiempo inicialmente pactado.Aunque el avance físico reportado supera el 97 %, persisten problemas técnicos en el sistema eléctrico y en la energización total del hospital, aspectos clave para su operación integral. Sin la certificación eléctrica completa, el centro asistencial no puede prestar todos los servicios en condiciones normales, lo que obliga a una apertura gradual.La Administración Distrital anunció que algunos servicios especializados comenzarán a funcionar en las próximas semanas; el área de urgencias entrará en operación en abril y hospitalización, unidades de cuidados intensivos y cirugía lo harán en junio. No obstante, esta puesta en marcha por fases confirma que la infraestructura no será entregada totalmente terminada en un solo momento, como se proyectó inicialmente.El contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló que, si bien es positivo que cerca de 500.000 habitantes del sur de la ciudad empiecen a recibir atención en la nueva sede hospitalaria, no se pueden normalizar retrasos de esta magnitud en proyectos estratégicos. “Un hospital no se mide por el porcentaje de construcción, sino por su capacidad real y oportuna de prestar un servicio completo a la ciudadanía”, afirmó, según el comunicado oficial.La Contraloría indicó además que existen controversias contractuales en trámite ante tribunales de arbitramento y reiteró que continuará ejerciendo vigilancia fiscal para garantizar la culminación total del proyecto con responsabilidad técnica, financiera y jurídica, así como para determinar eventuales responsabilidades por los retrasos y sobrecostos registrados.