Durante la madrugada de este miércoles, el presidente Abelardo De La Espriella acompañó a las autoridades en la Operación Kratos, un despliegue contra estructuras delincuenciales en Bogotá. El operativo contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía, con intervenciones en ocho localidades.La operación tuvo lugar en Usme y dejó un balance de 172 capturados, 114 allanamientos, 11 armas de fuego y tres granadas incautadas. Durante el procedimiento, De La Espriella protagonizó una confrontación verbal con alias 'Mailo', señalado de participar en varios hechos violentos en la capital.¿Qué le dijo De La Espriella a alias 'Mailo'?Durante el encuentro, el presidente cuestionó a alias 'Mailo' por el ataque con granada ocurrido el pasado 22 de enero, en el que murió un vendedor ambulante que llevaba alrededor de 20 años trabajando en ese sector."Este bandido fue el que lanzó una granada", afirmó De La Espriella antes de referirse a la víctima como "un señor humilde" que trabajaba en ese lugar desde hacía dos décadas.El mandatario también le reclamó al señalado por su actitud durante el procedimiento. "Machito, para cortarle la mano a una pobre mujer, para hacer fechorías, matar gente indefensa y ni siquiera tienes el valor de dar la cara y levantar la cara, cobarde", le dijo.Además, lo acusó directamente de asesinato. "Tú lo que eres un asesino miserable. Vas a ver lo duro que muerde el tigre", afirmó. "Vas a venir a tirar línea aquí, payaso", agregó el primer mandatario. De La Espriella también le advirtió a alias 'Mailo' que tendría que responder ante la justicia y aseguró que, una vez judicializado, sería enviado a una cárcel de máxima seguridad. "Se te van a ir más de 40 años por asesino", le advirtió el presidente."¿Tú crees que aquí es con juego? ¿Tú crees que este gobierno es jugando? Vamos a ver lo que te viene", añadió el mandatario durante el intercambio. También le dijo: "La risita se te va a convertir en llanto", antes de reiterar que sería trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad.¿De qué delitos señalan a alias 'Mailo'?De acuerdo con las declaraciones entregadas durante el operativo, alias 'Mailo' sería señalado de liderar una estructura delincuencial en la localidad de Usme. Las autoridades lo relacionan con homicidio, concierto para delinquir, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado.También se le atribuye presuntamente la participación en el ataque con granada del 22 de enero, que dejó un vendedor ambulante muerto. Según los señalamientos expuestos durante el procedimiento, la estructura habría intimidado a habitantes con disparos y cobros extorsivos para permitirles permanecer en sus viviendas.El presidente afirmó, además, que la organización estaría vinculada con la promoción de un paro armado. No obstante, la responsabilidad penal de alias 'Mailo' por estos hechos deberá establecerse en el proceso judicial.Según el balance oficial, la Operación Kratos dejó la incautación de 72 cartuchos, 34 celulares, tres proveedores, 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y 10,1 millones de pesos en efectivo. También se incautó una motocicleta y se recuperó otra.
Las dos menores de 13 y 16 años que habían desaparecido tras salir de un colegio público en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, fueron encontradas. La Policía confirmó su ubicación en medio de la búsqueda que habían emprendido sus familias desde el pasado viernes.De acuerdo con la información conocida, las niñas fueron localizadas en la localidad de Usme y posteriormente trasladadas a Kennedy. Las menores fueron llevadas a un centro médico para una valoración y el restablecimiento de sus derechos.El caso había generado preocupación debido a que, presuntamente, un hombre se hizo pasar por un familiar para retirar a las estudiantes de la institución educativa. El hombre habría presentado una autorización firmada que le permitió salir con las menores sin que sus padres fueran contactados.Según el relato de los familiares, ninguno de ellos recibió una llamada del colegio para confirmar la autorización de salida. Los padres señalaron que únicamente tuvieron conocimiento del documento firmado, por lo que se busca establecer cómo se permitió que las niñas abandonaran la institución.Investigan posibles fallas de seguridad en el colegioLa Secretaría de Educación adelanta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo fallas en los protocolos de seguridad del colegio público de Kennedy. Las autoridades buscan establecer cómo el hombre logró retirar a las dos menores sin la verificación directa de sus acudientes.Por ahora, las niñas recibirán atención médica y una valoración para garantizar su bienestar y el restablecimiento de sus derechos. Entretanto, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de su desaparición, la identidad del hombre que las retiró del colegio y las posibles responsabilidades en este caso.
Este miércoles 16 de septiembre, el colegio Argelia informó que Alana Sofía Castañeda Chávez apareció, después de varios días sin conocer su paradero. La institución comunicó la noticia a padres, madres, acudientes, estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó posteriormente que la joven, de 14 años, fue encontrada en un parque de la localidad de Usme, en el sur de la capital, y que se encuentra sin afectaciones a su integridad.¿Dónde apareció Alana Sofía Castañeda?De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Seguridad, Alana Sofía fue ubicada en un parque de Usme gracias a la investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía, seccional Bogotá, en el marco de la Alerta Rosa.La entidad señaló que las autoridades continuarán con los procedimientos correspondientes relacionados con el caso.Por su parte, el colegio Argelia agradeció a las familias, estudiantes, docentes, colaboradores y personas que durante estos días compartieron información y acompañaron la búsqueda de la adolescente.¿Cuándo desapareció Alana Sofía?La joven había sido reportada como desaparecida el sábado 12 de septiembre, después de que fuera vista en el barrio Clarelandia, en la localidad de Bosa.Su mamá, Katherine Chávez, contó que la adolescente estaba corriendo alrededor de un parque y que, durante un descuido, salió caminando. Una cámara de seguridad habría registrado ese momento.La desaparición llevó a que durante la noche del martes 15 de septiembre se realizara un plantón para pedir que las autoridades avanzaran en la búsqueda.La aparición de Alana Sofía se conoció un día después de que también fuera encontrado Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre.La joven de 14 años fue ubicada este miércoles en el sur de Bogotá y, según las autoridades, está sin afectaciones.Además, el lunes 14 de septiembre, Angie Jimena Arévalo regresó a su casa por sus propios medios.El colegio Argelia señaló que ahora comenzará una etapa de acompañamiento junto con la familia y las entidades correspondientes.
En la noche del martes 7 de julio, luego de que millones de ciudadanos regresaran a sus casas tras el partido de la Selección Colombia, la Secretaría Distrital de Movilidad reportó un fuerte accidente al sur de Bogotá, hecho que afectó la movilidad en el sector del barrio La Aurora, en Usme, donde unidades de la Policía de Tránsito y del Cuerpo Oficial de Bomberos hicieron presencia.De acuerdo con lo revelado por el periodista del Ojo de la Noche, Eduard Porras, el conductor de una tractomula habría perdido el control del vehículo, chocó contra un carro particular y, tras el impacto, se subió al andén, derribó varios postes, además de gran parte de la señalización del sector, para terminar finalmente sobre la avenida Boyacá.“A pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo personas lesionadas, pero la vía sí quedó reducida a tan solo un carril casi hasta las 2 de la mañana”, señaló Eduard Porras.En videos compartidos en redes sociales se observa al vehículo con una aparente falla en el sistema de dirección, así como las afectaciones que sufrió en la parte delantera, quedando volcado sobre lo que sería un canal de aguas lluvias.Noche accidentada en BogotáSegún lo reportado por el Ojo de la Noche, este no habría sido el único accidente ocurrido durante la noche del martes, pues en la calle 17 Sur con avenida Caracas dos taxistas habrían colisionado. Al parecer, uno de ellos se pasó un semáforo cuando transitaba en sentido oriente-occidente y chocó contra el otro vehículo, que terminó volcado. El siniestro dejó dos personas lesionadas.Además, se registró otro accidente con desenlace fatal. Según lo revelado por Eduard Porras, una mujer que se encontraba en la estación de TransMilenio Venecia perdió el equilibrio y cayó desde la plataforma.“Dicen que cayó precisamente de este sitio y, lamentablemente, pasó uno de los articulados y la arrolló”, afirmó Porras. Las autoridades adelantan la respectiva investigación para establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos que provocaron la muerte de la mujer.
Tras una investigación de ocho meses, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a ocho presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Olivares’, señalados de traficar drogas en la localidad de Usme y de utilizar menores de edad para ocultar y comercializar droga en diferentes sectores del sur de la capital.Las autoridades realizaron 12 diligencias de allanamiento en barrios como Santa Librada, La Andrea, Yomasa, La Cabaña, Puerta al Llano y Olivares, donde fueron detenidos seis hombres y dos mujeres. De acuerdo con la investigación, la organización transportaba marihuana, bazuco y base de coca desde la localidad de Santa Fe hasta Usme utilizando taxis y buses del SITP para evitar controles policiales.Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es que, según la investigación, los integrantes de esta estructura instrumentalizaban a menores de edad e incluso a sus propios hijos para esconder las sustancias ilícitas y facilitar su distribución. La droga era comercializada en panaderías, casinos, bares, discotecas, locales de comidas rápidas, parques, alrededores de iglesias y zonas cercanas a colegios.La Policía indicó que alias ‘Pepa’ y ‘Vanesa’ serían las encargadas de coordinar la venta, almacenamiento y distribución de los estupefacientes, mientras que alias ‘Flaco’, ‘Tato’, ‘Andrés’ y ‘El Mono’ presuntamente realizaban la venta directa en establecimientos comerciales y entornos escolares.Durante los operativos fueron incautados 32 millones de pesos en efectivo, cerca de 9.750 gramos de marihuana, más de 6.600 gramos de cocaína y cinco celulares. Además, las autoridades atribuyen a esta banda al menos dos homicidios relacionados con disputas entre expendedores de droga.Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Por medio de un video que se difundió en redes sociales, se dio a conocer que durante la noche del viernes 10 de abril la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un joven por, presuntamente, abusar de una menor de edad dentro de un conjunto residencial en la localidad de Usme.Según el comunicado de las autoridades, la ciudadanía informó que al interior de un apartamento de este conjunto se habría registrado un caso de abuso sexual, donde una menor de edad habría sido víctima de tocamientos por parte de otro menor.Sin embargo, al percatarse del hecho, la misma comunidad intentó linchar al presunto agresor. Al llegar, las autoridades trataron de evitar el ataque, por lo que fue necesario el uso de un vehículo policial para extraer al menor —quien ya presentaba lesiones— con el objetivo de salvaguardar su vida e integridad.“Fue necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad”, aseguró la Policía en el comunicado.En medio del procedimiento, la patrulla, al intentar salir del lugar, lesionó a una persona que intentaba bloquear el paso para impedir la salida del presunto victimario. Según la versión oficial, varias personas intentaron detener el vehículo mientras abandonaba el conjunto residencial y, en medio de esa situación, “uno de ellos resultó lesionado”.Aunque el comunicado no detalla la gravedad de la herida ni las condiciones exactas en las que ocurrió el atropello, sí confirma que el incidente se dio bajo la presión ejercida por la comunidad sobre la patrulla. Finalmente, la Policía aseguró que ya se inició una investigación disciplinaria con el objetivo de esclarecer quiénes son los responsables de este hecho.
La CAR decretó por segunda vez en menos de un mes el Nivel de Alerta Preventiva por mala calidad del aire en el sector de Mochuelo, zona rural de Bogotá, luego de que la estación de monitoreo volviera a registrar concentraciones elevadas de material particulado fino (PM2,5), considerado altamente perjudicial para la salud humana.La medida anterior había sido levantada apenas ocho días atrás, pero los recientes reportes evidenciaron nuevamente niveles por encima de los límites permitidos. Esta situación encendió las alarmas de la autoridad ambiental, que advirtió que no se trata de una decisión administrativa, sino de una determinación técnica sustentada en los indicadores de calidad del aire.De acuerdo con la CAR, el panorama refleja una falta de compromiso por parte de algunas actividades industriales que operan en la zona, entre ellas ladrilleras, asfalteras y cementeras, señaladas de no priorizar acciones efectivas para la mitigación de contaminantes. El director general de la entidad, Alfred Ballesteros, fue enfático al señalar que la Dirección Regional Bogotá–La Calera tiene la instrucción de realizar un seguimiento estricto y adoptar medidas contundentes contra los responsables del deterioro ambiental.Mochuelo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, concentra un importante número de fuentes fijas de emisión, lo que históricamente ha generado preocupación entre comunidades y autoridades por los efectos en la salud de los habitantes, especialmente niños y adultos mayores. El material particulado PM2,5 puede penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.La corporación anunció que reforzará los operativos de control y vigilancia en el sector y mantendrá un monitoreo permanente de la calidad del aire. Aunque las lluvias intermitentes de los últimos días han contribuido parcialmente a dispersar los contaminantes, la entidad insiste en que no se han adoptado medidas suficientes para reducir las emisiones en la zona.Con esta nueva declaratoria, la CAR envía un mensaje de urgencia a los actores industriales para que implementen acciones inmediatas que permitan proteger la salud de la población y mejorar de manera sostenida la calidad del aire en esta área rural de la capital.
En las audiencias de judicialización por el hallazgo de una fábrica de explosivos en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, la Fiscalía reveló que entre el material incautado se encontraron planos hechos a mano que, presuntamente, estarían relacionados con posibles ataques contra bases militares, población civil o funcionarios del Estado.Los capturados fueron identificados como Harol Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, y Gerson Hernández Flórez, señalados de estar involucrados en la fabricación, almacenamiento y comercialización de elementos explosivos en una vivienda ubicada en el sector de Charalá.Durante las diligencias, la Fiscalía expuso que entre los elementos materiales probatorios “se logró incautar unas hojas que tenían al parecer unos planos a mano alzada”, y precisó que en uno de ellos “dice o está referido Batallón, Barrio, Segovia y se refiere un número pero no se alcanza a determinar y dice 10 pasos”. Para el ente acusador, ese hallazgo indicaría que “probablemente sí se estaría llevando a cabo la fabricación de estos artefactos explosivos para afrontar contra algún batallón o contra la población civil o contra funcionarios del Estado, como se indica en ese informe de inteligencia”.En el operativo fueron encontrados 897 cartuchos, un lanzagranadas, 100 iniciadores de cartuchos, un revólver, dos escopetas, cuerpos de granadas de 60 milímetros, cerca de un kilo de pólvora negra e insumos químicos para la elaboración de mezclas explosivas. Sobre ese material, la Fiscalía explicó en audiencia que estos elementos “son empleados por grupos al margen de la ley para impulsar o lanzar cilindros y otros contenedores o elementos y posteriormente ser activados a distancia y así causar muertes y afectación a infraestructuras”, lo que, según indicó, “corrobora o confirma la información obtenida y de las labores de verificación que realizó la Policía Judicial”, en las que se advertía que podrían estar destinados a la afectación de población civil, entidades estatales o la Fuerza Pública.La fiscal también hizo referencia al análisis técnico del armamento, señalando que en el informe de laboratorio “se evidenciaron que son piezas esenciales tanto para armas de fuego de uso privativo como de uso personal” y que la incautación del lanzagranadas corrobora lo aportado en el informe de inteligencia, en el que se mencionaba que en el lugar “no solo se estaría encontrando los artefactos sino también armas como lanzagranadas”, circunstancia que, según afirmó, fue confirmada en la diligencia de allanamiento y registro.Durante la audiencia, los dos procesados, que tenían antecedentes, aceptaron cargos y fueron enviados a prisión. La Fiscalía sostuvo que la conducta fue cometida “con pleno conocimiento de la misma, evidenciándose esa intencionalidad de cometer la conducta punible”, y enfatizó que “estas personas no son infractores primarios”, pues “con anterioridad han sido vencidos en juicio frente a diferentes procesos donde ellos tienen conocimiento que su actuar va en contra de la ley, pero que aun así han tenido esa voluntad de realización de estas conductas punibles”, razón por la cual calificó la modalidad como dolosa.
En un operativo conjunto adelantado en la localidad de Usme, las autoridades descubrieron un depósito clandestino destinado a la fabricación artesanal de artefactos explosivos improvisados (AEI). La diligencia de registro y allanamiento fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Dijín, con apoyo de la Fiscalía, el Gaula Militar y cooperación internacional de la DEA.Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos personas y se incautó un amplio arsenal de piezas y materiales utilizados para la elaboración de explosivos. Entre los elementos hallados se encuentran cuerpos cilíndricos y granadas de 60 mm; un lanzagranadas artesanal calibre 40 mm; 897 cartuchos calibre 5.56 mm; y componentes para ensamblar sistemas tipo MGL, además de partes de armas de fuego.Las autoridades también encontraron cerca de un kilo de pólvora negra y aproximadamente cinco kilos de insumos químicos para mezclas explosivas, que aún están en proceso de análisis pericial. Según fuentes de inteligencia, con las piezas incautadas se podrían ensamblar más de 70 artefactos explosivos improvisados.De acuerdo con información preliminar obtenida por fuente humana, el material estaría destinado a la ejecución de acciones terroristas en Bogotá, especialmente durante la jornada electoral prevista para el próximo 8 de marzo. Las investigaciones señalan como responsable al Frente de Guerra Urbano del ELN, estructura que opera mediante redes milicianas en entornos urbanos.Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan las indagaciones para establecer la red logística detrás del depósito clandestino y determinar el alcance real de los posibles planes que, según las autoridades, fueron neutralizados de manera oportuna.
La Contraloría de Bogotá alertó retrasos y sobrecostos en la construcción del Nuevo Hospital de Usme que ya acumulan 37 meses. La Alcaldía de Bogotá respondió y defendió la gestión del proyecto, asegurando que ha ejercido control permanente sobre el contratista y que la apertura gradual del hospital garantiza condiciones técnicas adecuadas para su funcionamiento.La Administración Distrital, a través de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, reconoció que la obra ha tenido retrasos, pues debía entregarse en 2023, pero sostuvo que desde el inicio se han aplicado mecanismos de seguimiento y control para exigir el cumplimiento del contrato al Consorcio Nuevo Hospital de Usme.De acuerdo con el comunicado, entre 2023 y 2025 se adelantaron procesos sancionatorios por incumplimientos parciales y se activaron herramientas contractuales para conminar al contratista a ajustar cronogramas y obligaciones. Además, la Subred aseguró que se han realizado comités semanales de obra con el acompañamiento de la interventoría y de los organismos de control.La respuesta llega luego de que la Contraloría advirtiera que el proyecto acumula cerca de 37 meses de retraso frente a la fecha inicial de entrega y que el contrato prácticamente duplicó su plazo tras múltiples prórrogas, suspensiones y modificaciones, extendiéndose ahora hasta junio de 2026.Frente a los cuestionamientos por la entrega por secciones de la obra, la Alcaldía defendió el modelo de apertura por fases. Señaló que este esquema permite que cada servicio entre en operación bajo condiciones técnicas verificadas, con personal capacitado y procesos validados, priorizando la seguridad del paciente.Para la Contraloría, por el contrario, la apertura por fases es sinónimo de incumplimiento, pues la obra en su totalidad no se entregaría en los tiempos originalmente establecidos; “evidencia retrasos significativos en un proyecto estratégico para la ciudad”, enfatizó el organismo de control.En cuanto a la prestación de servicios, la Subred argumentó que el pasado 18 de febrero comenzó a funcionar el servicio resolutivo de consulta externa, que incluye especialidades como cardiología, urología, gastroenterología, ortopedia y traumatología, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, medicina familiar y medicina general, entre otras.Según la Administración, el hospital registra un avance de obra del 97 % y ya superó las rutas críticas asociadas a diseños y servicios públicos. La meta es que en junio de 2026 estén habilitados todos los servicios asistenciales, incluyendo urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y cirugía.La obra, cuya inversión supera los 280 mil millones de pesos, está llamada a beneficiar a cerca de 500.000 habitantes del sur de la ciudad. No obstante, la Contraloría ha insistido en que persisten problemas técnicos, especialmente en el sistema eléctrico y la energización total del hospital, aspectos clave para su operación plena.
Un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, deja el grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del sector de El Naranjo. De acuerdo con el más reciente reporte de la emergencia, algunas de las víctimas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Dagua; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron posteriormente. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra Luis Felipe Domínguez, conductor del bus de servicio público, quien murió en el lugar de los hechos.Por otra parte, cerca de siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales de Dagua y Buenaventura. El estado de salud de los heridos es reservado. El siniestro involucró un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se movilizaba en sentido contrario, hacia el puerto. La fuerza del impacto fue tal que el bus terminó prácticamente destruido.Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia y el levantamiento de los procedimientos correspondientes. Posteriormente, se habilitó el paso por uno de los carriles; sin embargo, a esta hora se presenta congestión vehicular en el sector.Las autoridades continúan con las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que recibió la entidad con sus sistemas hackeados y advirtió que las alertas sobre los problemas informáticos se conocían desde enero, pero no se les habría dado la importancia necesaria durante el gobierno anterior. Según explicó, esta situación terminó convirtiéndose en un problema de mucha gravedad que todavía persiste y que ya fue denunciado ante la Fiscalía.“Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio que además todavía persiste”, afirmó Cancino.El funcionario señaló que, cuando llegó al Ministerio, encontró que no había acceso a muchas de las herramientas y servicios de la entidad. Además, aclaró que las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo no correspondían solamente a unos días antes del ataque, sino que venían desde comienzos de año.Entre las afectaciones mencionó la Dirección de Política de Drogas, donde se expiden licencias para empresas que necesitan determinadas sustancias para sus actividades, así como los trámites de licencias de cannabis. También se presentaron dificultades en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.Ante los problemas de conectividad, el Ministerio tuvo que recurrir a alternativas manuales y al trabajo desde casa para mantener sus actividades. El jefe de cartera aseguró que, pese a las dificultades, la labor de la entidad continuó y no se paralizó el funcionamiento del Ministerio.Sobre las posibles responsabilidades, el ministro indicó que los hechos podrían tener connotaciones delictivas y que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, ya se recopiló toda la evidencia y se espera que en los próximos días entregue resultados sobre lo ocurrido.Hay que recordar que un ciberataque se conoció públicamente el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, el Ministerio confirmó que había sido víctima de un ataque mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.Sin embargo, ahora Cancino puso sobre la mesa un antecedente que no se había conocido inicialmente: las advertencias sobre posibles accesos no autorizados a los sistemas vendrían desde enero.Ahora, el ministro aseguró que ya se tomaron medidas y se ha contado con la colaboración necesaria para atender la situación, aunque reconoció que el problema todavía no está completamente superado y que será la investigación de la Fiscalía la que permita esclarecer qué pasó.
El papa León XIV criticó este lunes un mundo del trabajo donde "solo se valora a los trabajadores por su eficiencia" y afirmó que "privar a una persona del trabajo es herir su dignidad", en el discurso que pronunció en el encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires.El pontífice estadounidense acudió a la Universidad Católica de la capital argentina para un encuentro con miembros del sindicato, movimientos populares y empresarios donde lanzó una reflexión en la que afirmó que la actual visión del trabajo "se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".En esta clase magistral sobre el mundo laboral, aseveró que "allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral".Como ya aseguró en su discurso a las autoridades del domingo, frente al presidente argentino, Javier Milei, "el ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía"."Esta afirmación puede parecer teórica, pero, por el contrario, constituye un punto central del pensamiento social de la Iglesia, ya desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia", explicó el concepto que fue más aplaudido en su discurso en el Palacio Libertad y también durante este acto.El pontífice también indicó que el desempleo "es un auténtico drama en la vida de quien lo padece" porque "privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común".Desde que Milei llegó a la presidencia, en diciembre de 2023, hasta la actualidad, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.El papa indicó que "la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad".El papa también indicó algunos de los puntos del pensamiento social de la Iglesia como que "el Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de las agrupaciones intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir".Indicó que este es el camino "para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro" y "que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral".León XIV también reivindicó la tarea de los movimientos sociales, que impulsó siempre Francisco."Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, dijo. Y recordó que “con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social", que produjo un fuerte aplauso.
El gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé, Fernando Merchán, quedó en el centro de los cuestionamientos de la Contraloría General de la República por la utilización de recursos públicos del proyecto para pagar su esquema de seguridad personal.En el informe final de auditoría, el organismo de control estableció un presunto daño patrimonial de $114’337.909, correspondiente a los pagos realizados a la empresa Seguridad Atlas Ltda. por el servicio de protección del funcionario.El contrato, según este informe, fue suscrito el 26 de agosto de 2025 por un valor total de $126’190.060. Este documento según el ente de control, incluía un conductor escolta armado, un vehículo blindado y otros elementos para garantizar la seguridad y los desplazamientos del gerente.Sin embargo, para la Contraloría, este gasto no tenía relación directa con la finalidad de los recursos del Patrimonio Autónomo Aerocafé y tampoco contaba con una autorización expresa para destinar dinero del proyecto a la protección personal de su gerente.De acuerdo con el informe, los pagos cuestionados se realizaron entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 y sumaron los $114’337.909 que el organismo estableció como presunto daño patrimonial.Uno de los puntos centrales de la auditoría tiene que ver con las decisiones del Comité Fiduciario de Aerocafé. Según la revisión de las actas 73 y 76, el organismo de control concluyó que no hubo una aprobación expresa para contratar un esquema de seguridad personal, un vehículo blindado o servicios de protección para Fernando Merchán.La Contraloría señaló que, durante las discusiones, se había planteado que la evaluación del nivel de riesgo y la definición de las medidas de protección debían estar a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).El informe también cuestionó que se utilizaran recursos inicialmente destinados a honorarios técnicos para financiar gastos de transporte, seguridad y otros conceptos administrativos.Frente a estos señalamientos, la Unidad de Gestión de Aerocafé defendió la contratación. En su respuesta a la auditoría, argumentó que los gastos de seguridad y funcionamiento del gerente hacían parte de las actividades administrativas necesarias para garantizar la conducción y continuidad del proyecto.No obstante, la Contraloría mantuvo el hallazgo y concluyó que no encontró una disposición legal ni una autorización expresa que habilitara el uso de los recursos del patrimonio autónomo para pagar la protección personal del funcionario.El caso de la seguridad personal de Merchán hace parte de una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría a Aerocivil y al Patrimonio Autónomo Aerocafé, sobre las vigencias 2024 y 2025.En total, el organismo de control identificó diez hallazgos administrativos, dos de ellos con presunta incidencia fiscal por $667’988.551, siete con posible alcance disciplinario y uno con presunta incidencia penal.Además del contrato de seguridad, la auditoría cuestionó otros gastos relacionados con el catering para el lanzamiento oficial del proyecto, contratos de publicidad y comunicación, y servicios de articulación social.Frente a esto, la Contraloría emitió un concepto de incumplimiento material adverso frente a los asuntos evaluados y anunció que los hallazgos serán trasladados a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen si existen responsabilidades.
La Fiscalía llamó a juicio a cinco personas investigadas por su presunta participación en los hechos de tortura ocurridos antes de la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del exdirector de la Policía Nacional, general William Rincón.Los procesados son Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega, Juan Sebastián Ávila y Solangie Trujillo.Los delitos atribuidos, de acuerdo con la participación señalada por la Fiscalía, incluyen tortura, soborno en actuación penal, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de material probatorio. De manera paralela, se avanza en una posible negociación judicial por parte de uno de los procesados.La investigación de la Fiscalía establece que los hechos se habrían iniciado a través de un engaño digital que comenzó en TikTok y continuó en Instagram mediante perfiles falsos. Bajo esta hipótesis, Juan Felipe Rincón fue llevado el 24 de noviembre de 2024 hasta un inmueble ubicado en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.Para llegar hasta el lugar habría sido utilizada una menor identificada como S.V.B.R., quien, según el ente investigador, fue inducida al consumo de estupefacientes e instrumentalizada para el desarrollo del plan.La Fiscalía sostiene que la agresión habría sido planeada a partir de señalamientos realizados por Katherine Andrea Sotelo Torres, quien acusó al joven de haber sostenido conversaciones con su hija de 10 años. De acuerdo con la investigación, estos señalamientos no habían sido verificados.Una vez Rincón llegó al inmueble, habría sido atacado físicamente. La Fiscalía señala que la agresión comenzó con Sotelo Torres y posteriormente fue continuada por otros participantes. El joven sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, la espalda y las extremidades.Durante los hechos también intervino el escolta de Rincón. En medio de la situación se produjo un disparo que impactó al joven en el tórax y le causó la muerte en el lugar.Después de estos hechos, la investigación estableció que el teléfono celular de la víctima habría sido ocultado en Ciudad Bolívar. Según la hipótesis de la Fiscalía, el dispositivo fue envuelto en papel aluminio con el propósito de bloquear su señal de rastreo.La responsabilidad relacionada con el disparo que produjo la muerte de Juan Felipe Rincón continúa siendo objeto de investigación. La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto y determinar quién accionó el arma.
