El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la controversia generada por la decisión de la Fiscalía General de trasladar a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa el proceso contra 11 presuntos integrantes del grupo PPP (Por el Pueblo y para el Pueblo), investigados por una serie de ataques violentos y actos de terrorismo ocurridos en la capital durante jornadas de protesta social.
El mandatario distrital sostuvo que la investigación es sólida, ha sido respaldada por decisiones judiciales y advirtió que no debe confundirse el ejercicio legítimo de la protesta con conductas delictivas como el terrorismo.
La reacción del alcalde se produjo luego de que la Fiscalía reasignara el expediente a la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, decisión que aplazó la audiencia de acusación, ahora prevista para el próximo 12 de agosto de 2026. Según explicó el ente acusador, la medida fue adoptada con fundamento en las resoluciones 170 y 171, que crean un grupo especializado para revisar investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en escenarios de protesta social, con el propósito de individualizar responsabilidades, fortalecer las investigaciones y evaluar, cuando sea jurídicamente procedente, mecanismos restaurativos sin criminalizar la protesta pacífica.
Frente a ese panorama, el alcalde Galán destacó los graves hallazgos de la investigación “Estas 11 personas que fueron capturadas en diciembre pasado, según la investigación de la Fiscalía y de la Policía, habrían cometido actos de terrorismo, usando, por ejemplo, explosivos para atacar a miembros de la fuerza pública, utilizando bombas incendiarias para atacar el transporte público, por ejemplo, que, obviamente, es usado por muchísimos habitantes de Bogotá y para poner en peligro la vida de muchos habitantes de la ciudad.”
El mandatario destacó que el proceso penal ya ha sido avalado en dos oportunidades. En ese sentido señaló “Esta es una investigación muy sólida, avalada ya por dos jueces de la República que autorizaron la captura, por una parte, y luego legalizaron la captura, y avanzaron en la imputación de cargos y en la detención de estas personas. Por eso es preocupante que una investigación tan sólida pueda estar en peligro.”
El alcalde Galán insistió en que los hechos atribuidos a los procesados no pueden ser entendidos como una manifestación legítima del derecho a la protesta y consideró indispensable que el proceso judicial continúe hasta establecer las responsabilidades penales correspondientes. “Es fundamental que esta gente pague por lo que hizo según la investigación. Nosotros en Bogotá tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica, de la manifestación, y lo haremos.”
No obstante, el alcalde marcó una diferencia entre las movilizaciones ciudadanas protegidas por la Constitución y las conductas investigadas por la Fiscalía. “Pero no podemos permitir que disfracen de protesta pacífica o de manifestación hechos que, según la misma investigación de la Fiscalía, serían concierto para delinquir y terrorismo. Eso no puede pasar en Bogotá.”
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La nueva audiencia dentro de este proceso fue fijada para el 12 de agosto de 2026, fecha en la que la Fiscalía continuará con el trámite del caso bajo la competencia de la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa, mientras persiste el debate sobre el alcance del nuevo enfoque adoptado por el ente acusador y la forma en que deberán investigarse los hechos violentos ocurridos durante las jornadas de protesta social.
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