La presidenta del Tribunal Superior de Bogotá, Diana Marcela Camacho, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la administración de justicia por la reducción de los recursos asignados a la Rama Judicial y pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas para atender la demanda del servicio. La magistrada señaló que Bogotá concentra cerca de una tercera parte de la demanda de justicia del país, pero no cuenta con suficientes despachos judiciales para responder al volumen de procesos que recibe.
La preocupación se centra en el presupuesto proyectado para 2027. De acuerdo con las cifras expuestas, la Rama Judicial requiere 17,5 billones de pesos para su funcionamiento, pero el presupuesto quedó en 11,5 billones, lo que representa una brecha del 34 %. Esta diferencia, advirtió Camacho, limita la posibilidad de implementar medidas de descongestión y crear nuevos juzgados.
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La presidenta del Tribunal explicó que el aumento de la población y de los conflictos en Bogotá también se ha reflejado en un mayor ingreso de procesos judiciales, sin que haya crecido en la misma proporción el número de jueces disponibles para tramitarlos.
“Lo que está pasando es que la población ha aumentado en la ciudad de Bogotá, los problemas también han aumentado. A nosotros nos han llegado muchísimos más procesos que en años anteriores y no tenemos la cantidad suficiente de jueces para tramitarlos”, afirmó.
En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura para que se asignen partidas adicionales que permitan crear nuevos despachos judiciales y adoptar medidas de contingencia. También se planteó alternativas que no impliquen nuevos gastos, entre ellas un decreto reglamentario para distribuir de manera equitativa las acciones de tutela en todo el territorio nacional.
“Necesitamos partidas presupuestales adicionales para la creación de nuevos despachos judiciales”, insistió Camacho, quien también pidió un trato diferencial para Bogotá, con el propósito de que los procesos se resuelvan dentro de los términos y los ciudadanos reciban una respuesta oportuna.
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Frente a esta preocupación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció las dificultades económicas que atraviesa la administración de justicia y aseguró que su cartera ha escuchado las propuestas de las altas cortes, los tribunales superiores, la Fiscalía y otras entidades para buscar alternativas.
El funcionario sostuvo que se han adelantado conversaciones con representantes de distintas instancias judiciales y que algunas propuestas están en proceso de evaluación.
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Cancino también respondió a los señalamientos sobre una posible desfinanciación de la justicia como forma de persecución contra algunas instituciones. En particular, hizo referencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostuvo que los recortes no responden a una decisión dirigida contra esa entidad, sino a la situación de las finanzas del Estado.
“Y aprovecho para decirle especialmente a la JEP que ellos tampoco son extraordinarios. Que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sufrido también un recorte. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría y no lo han tomado como una persecución, sino ha entendido el estado de las finanzas del Estado colombiano”, manifestó.
El ministro aseguró que el Gobierno estudiará las propuestas presentadas y buscará soluciones para mejorar la capacidad institucional y garantizar una justicia accesible, pronta y justa. También señaló que el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, del que está encargado, afrontarán recortes presupuestales.