Un posible detrimento patrimonial cercano a los 2 billones de pesos fue advertido en medio del proceso de contratación para la construcción de una subestación eléctrica en Lorica, Córdoba. La alerta fue planteada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.
En entrevista con Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, de Blu Radio, Bustos cuestionó las condiciones en las que se estructuró el proceso de adjudicación y aseguró que existen varias irregularidades que deben ser revisadas por las autoridades.
Según el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, el proceso contempla costos que inicialmente fueron estimados en aproximadamente 650.000 millones de pesos, proyectados para un periodo de 10 años.
Sin embargo, Bustos aseguró que la propuesta que quedó como única oferta se acercaría al presupuesto oficial y podría generar un detrimento patrimonial de una magnitud cercana a los 2 billones de pesos.
“Se trata de una suma cercana a los 2 billones de pesos, ¿sí? Con B larga, es decir, eh, la una tercera parte de lo que vale la reconstrucción del terremoto”, afirmó Bustos durante la entrevista.
Cuestionan oferta presentada para la subestación de Lorica
Uno de los principales cuestionamientos de Bustos está relacionado con el proponente que habría quedado habilitado dentro del proceso de contratación para la subestación de Lorica.
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El dirigente señaló que la oferta presentada se aproximaba de manera “extraña” al presupuesto oficial y cuestionó cómo el Consorcio SIGMA habría obtenido información que, según su denuncia, tenía carácter reservado.
“Esta información es privilegiada y no se entiende cómo el Consorcio SIGMA logró tener una información privilegiada que se acercaba al presupuesto máximo oficial”, sostuvo Bustos.
Además, cuestionó las condiciones de experiencia e idoneidad del proponente que quedó en el proceso. Según afirmó, se trataría de una firma que no acreditaba “unas condiciones especiales de experiencia, eh, idoneidad, etcétera”.
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Para Bustos, estos elementos deben ser analizados antes de que avance la eventual adjudicación del contrato, debido al impacto que tendría sobre los recursos públicos.
Proceso de contratación viene desde enero
De acuerdo con Bustos, la estructuración del proceso de contratación comenzó el 19 de enero de 2026, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.
El dirigente mencionó que para ese momento Edwin Palma se desempeñaba como ministro de Minas y Energía y Cristina Porto Carrero estaba al frente de la entidad involucrada en el proceso.
“Este proceso de contratación, de acuerdo con el cronograma respectivo, viene estructurándose desde el 19 de enero del presente año, es decir, en la administración de Gustavo Petro”, señaló.
Bustos agregó que el proceso estaba encaminado para ser adjudicado antes de finalizar el Gobierno anterior, pero finalmente no se concretó y habría quedado listo para continuar durante el comienzo de la actual administración.
Alertan por falta de publicidad del proceso
Otro de los aspectos cuestionados es la presunta falta de publicación del proceso en el SECOP, plataforma oficial en la que deben darse a conocer los procesos de contratación estatal.
Bustos aseguró que el trámite se habría desarrollado sin la suficiente publicidad y calificó lo ocurrido como “un proceso de escondidas” y “un proceso en secreto”.
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“Fue un proceso de escondidas, un proceso en secreto, no había sido publicado en el SECOP”, afirmó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.
Según Bustos, esta situación habría limitado el conocimiento del proceso por parte de terceros y organismos de control. “Nadie tuvo conocimiento de ello, ni siquiera los órganos de control”, sostuvo.
Procuraduría pidió revisar y retrotraer el proceso
Ante los cuestionamientos, Bustos aseguró que la Procuraduría pidió que el proceso fuera retrotraído hasta su etapa inicial para garantizar las condiciones de publicidad y participación.
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“Debe ser retrotraído al inicio para hacer las publicaciones completas, enviar el proceso al SECOP y retomarlo desde el comienzo”, explicó.
El dirigente sostuvo que esta medida permitiría garantizar la contradicción, la publicidad, el control y mejores condiciones dentro del proceso de contratación de la subestación eléctrica en Lorica.
Denuncia fue presentada ante la Fiscalía
Pablo Bustos también aseguró que las presuntas irregularidades fueron incluidas en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.
En sus declaraciones, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas mencionó a Edwin Palma y Cristina Porto Carrero, y se refirió a los antecedentes profesionales y políticos de la funcionaria.
Bustos afirmó que en el proceso existen múltiples elementos que deben ser investigados y que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
“Muestra una serie de inconsistencias, irregularidades múltiples que hemos señalado y que la Procuraduría recoge muy ampliamente”, concluyó.
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