Desde tempranas horas de este lunes, una comisión del CTI de la Fiscalía y del Ejército Nacional desplegaron en simultánea una serie de allanamientos en diferentes poblaciones del país, como Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Bogotá, Pereira y Villavicencio, donde lograron la captura de 13 personas, entre ellas funcionarios y ex funcionarios públicos.
Blu Radio conoció que los capturados harían parte de “una red que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de 3 billones de pesos en 19 departamentos del país”.
Entre los detenidos figuran Ramiro González, alcalde de Marialabaja (Bolívar) y a quien capturaron en inmediaciones de un centro comercial del sur de Cartagena para ser trasladado a Bogotá; el ex alcalde de La Paz (Cesar), Martín Zuleta; un contratista y varios exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada.
Justamente una de las viviendas allanadas a primera hora de este lunes fue la del exalcalde Zuleta. Él fue quien creó durante su gobierno, en 2021, el Fondo Mixto Sierra Nevada, una entidad sin ánimo de lucro para administrar recursos públicos y regalías, que hace más de un año está en la mira de las autoridades.
En las próximas horas, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías y allí se esperan conocer más detalles sobre la investigación y las pruebas que existen en su contra.
Investigación de la Procuraduría
En diciembre pasado, la Procuraduría General de la Nación también abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer del Fondo Mixto Sierra Nevada, por presuntas irregularidades en la suscripción de 49 contratos de prestación de servicios.
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El objetivo del Ministerio Público era verificar las posibles anomalías en la gestión de 20 personas naturales que, sin ser funcionarios públicos, habrían estado supervisando contratos de obras e interventoría financiados con recursos del Sistema de Gestión de Regalías (SGR), presuntamente vulnerando lo que establece el manual de contratación.
Así mismo, buscaba esclarecer las justificaciones legales y financieras para el presunto anticipo que se pagó a los contratistas, cuando al parecer no se cumplió con el objeto de los bilaterales firmados.
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