Empresa que manejó contrato de carrotanques en La Guajira está relacionada con polémico contratista

A los 40 carrotanques comprados por la Unidad de Gestión del Riesgo para calmar la sed de La Guajira, les salió, al parecer, padrino, pues el nombre de Luis Eduardo López Rosero salió a relucir en medio de los cuestionamientos de cómo la empresa Impoamericana Roger SAS, que solo tiene un capital de $50 millones, terminó recibiendo en noviembre pasado una contratación por $46.000 millones

Se trata de un conocido contratista que, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, fungió como contratista, a lo que resultó envuelto en varios cuestionamientos.

Foto: Blu Radio.

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Inició proceso de llenado de carrotanques de la Ungrd en Uribia, La Guajira

Su escándalo más reciente fue por un contrato firmado, precisamente con la Unidad de Gestión del Riesgoen 2020 durante la pandemia, pues a López Rosero la Contraloría le imputó cargos por responsabilidad fiscal en mayo de 2022, luego de ser vinculado como un tercero civilmente responsable en calidad de proveedor por posibles actos irregulares en medio de la contratación de los kits de alimentación humanitaria.

Todo indica que, mientras López Rosero enfrentaba este proceso, aterrizó en papeles a Impoamericana, dado que, según registros de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en marzo de 2021 Rosero firmó como representante legal de esta empresa un estado de resultados que daba cuenta que, durante 2020, la empresa había logrado una utilidad neta por $60 millones.

No obstante, este es el único documento en el que aparece López, pues, después de esto, su empresa se trasladó de Pasto a Bogotá y desde la capital siguió operando.

Millonarias adiciones.

López Rosero es un viejo contratista al que siempre le han perseguido sombras sobre su trabajo. En diciembre de 2016 logró un contrato por $11.000 millones con el Dapre para la construcción de Zonas Veredales Transitorias de Normalización en varias zonas del centro y sur del país, para guerrilleros de las Farc, pero las obras se retrasaron y con esto se fueron dando plazos y adiciones que terminaron sumando cerca de $53.000 millones.