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Gobierno Petro defiende licenciamiento ambiental del Canal del Dique pese a retrasos en la megaobra

El presidente de la ANI habla de 22 procesos de consulta previa adelantados y 75.000 millones de pesos comprometidos para el desarrollo del proceso de licenciamiento.

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Oscar Torres Yarzagaray.
Ministerio de Transporte

Los fuertes señalamientos del presidente electo Abelardo De La Espriella contra el Gobierno Nacional por los retrasos del megaproyecto del Canal del Dique, generaron la reacción de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Oscar Torres Yarzagaray, quienes defendieron la continuidad del proceso de licenciamiento ambiental, argumentando que es necesario para garantizar una restauración ecológica "con respaldo técnico" antes de iniciar las obras.

Rojas alega que de saltarse los estudios avanzados en un 64 %, tal como lo propone el gabinete entrante, se registraría según su juicio una “catástrofe ambiental de grandes proporciones”.

Ella se basa en que el diseño inicial del proyecto alteraría de forma significativa los caudales y el transporte de sedimentos hacia zonas protegidas como el Santuario de Fauna y Flora El Corchal y los Parques Nacionales Corales de Profundidad e Islas del Rosario.

“Advierto que puede generarse una catástrofe ambiental de grandes proporciones. Las obras del Canal del Dique deben ejecutarse, pero deben hacerse bien. Nuestro deber fue garantizar que el proyecto avanzara con el respaldo de estudios rigurosos que permitan proteger los ecosistemas, dar seguridad jurídica a la inversión pública y evitar que una obra de esta magnitud termine suspendida o genere impactos irreversibles”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas, agregando que todo se ha realizado bajo un seguimiento constante de la Contraloría General de la Nación.

Asimismo, el presidente de la ANI habla de 22 procesos de consulta previa adelantados y 75.000 millones de pesos comprometidos para el desarrollo del proceso de licenciamiento, por lo que una eventual suspensión podría representar un detrimento patrimonial para el Estado.

“Es un proyecto que integra tres departamentos, más de 19 municipios y 1 millón y medio de pobladores. Hemos sido muy serios en establecer una ruta crítica para poder garantizar la etapa operativa de este proyecto. No quiere decir que porque no ha iniciado la etapa de operación, el proyecto está muerto, porque hoy está vivo y siempre hemos también dado las garantías de pagarle a la concesión los compromisos pactados dentro del modelo contrato”, fueron sus palabras.

Recordemos que, mientras el Gobierno Nacional, sostiene que están transformando el proyecto para que “no solo mejore la navegación, sino que también recupere ciénagas y humedales", desde el gabinete del presidente electo Abelardo De La Espriella están solicitando una investigación de las autoridades por posible sobrecostos.

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