Más voces de rechazo se suman a la decisión del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e y que anunció en una publicación en la red social X.
En un comunicado a la opinión pública suscrito por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y Andi Atlántico-Magdalena, sostienen que al anunciar la liquidación de Air-e sin contar con un operador de reemplazo, sin plan de pago a generadores y sin garantías de continuidad, el presidente de la República viola la Constitución y la ley, además de que desconoce la existencia de alternativas idóneas para asegurar la prestación del servicio público esencial y domiciliario.
Señalan los gremios en el documento que, al estar Air-e actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante un proceso de toma de posesión que se adelanta de conformidad con la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002, cualquier decisión sobre la liquidación de la compañía debe respetar las etapas y condiciones previstas en este procedimiento.
Añade también que trasladar la operación a Gecelca, como insinúa el presidente, sin resolver previamente las deudas de Air-e con las generadoras de energía agravaría la crisis actual.
“Jurídicamente, cualquier proceso de fusión o integración empresarial debe respetar los límites a integraciones verticales, los derechos de los acreedores y el cumplimiento de múltiples requisitos legales y regulatorios. Los acreedores cuentan con mecanismos para oponerse o controvertir operaciones que puedan afectar la satisfacción de sus créditos, lo que podría llevar a controversias y retrasos significativos”.
En ese sentido, agregaron que antes de iniciar cualquier proceso de liquidación, el Gobierno debe garantizar la existencia de un operador idóneo que asuma la prestación del servicio para más de 1,3 millones de usuarios. “Ese operador debe contar con experiencia comprobada, capacidad técnica, solidez financiera y la infraestructura necesaria para atender uno de los mercados eléctricos más importantes del país”.
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Así mismo, el exministro de Minas, Amylkar Acosta, calificó como imprudente la liquidación, sobre todo porque el país enfrenta un fenómeno del Niño intenso que podría ser duradero, además de la deuda por 2.5 billones de pesos de Air-e con las generadoras y que las pone en grave riesgo financiero.
“Esto podría dar lugar a lo que ya ha prevenido XM, que es la empresa que administra y opera el sistema interconectado nacional, a un efecto dominó que podría derivar en lo que han advertido los organismos de control en un apagón financiero que comprometería seriamente la prestación del servicio de energía. Este sería un salto al vacío”, destacó Acosta.
Por último, desde los gremios en el Caribe pidieron a la Procuraduría y la Contraloría actuar ante el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro con base en las facultades y responsabilidades que tienen.
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