Durante su visita al sur de Bolívar, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que la crisis ambiental que enfrenta el Complejo Cenagoso de Cascaloa, reflejada en la disminución de hasta el 90 % de la pesca, está relacionada con problemas estructurales en el flujo de agua, debido al taponamiento de caños que impide una adecuada conexión entre la ciénaga y el río.
Según indicó, además de esta situación se presentan otros deterioros en el ecosistema que han perjudicado a 12 comunidades, aproximadamente 26.000 personas, que cobija el complejo.
“La situación de la ciénaga es crítica, ya no hay casi actividad de pesca debido a que ya no hay pescados o muy poquitos, y esto está afectando la cultura, los medios de vida, el ecosistema y los derechos de las personas y de la naturaleza”, afirmó.
La Defensoría alertó que la presencia territorial del Clan del Golfo, el ELN y disidencias ha intensificado la crisis humanitaria y generado desplazamientos en los últimos años.
“En los municipios de San Martín, El Peñón, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio y San Jacinto del Cauca, donde el actor armado ilegal hegemónico es el Clan del Golfo, preocupa a la Defensoría del Pueblo los recientes indicios de presencia intermitente del ELN, lo que aumenta el riesgo de estas comunidades por eventuales enfrentamientos y confrontaciones entre ambas estructuras armadas ilegales”.
En este contexto, la entidad reporta un incremento en homicidios, así como la persistencia de amenazas y extorsiones, especialmente contra comerciantes y líderes sociales, quienes enfrentan constantes presiones por parte de actores ilegales.
“Al menos 40 casos registrados durante 2025 y 18 más en lo corrido de 2026. A esto se suman amenazas contra liderazgos sociales, extorsiones (con registros de hasta 12 y 15 llamadas diarias a comerciantes), restricciones a la movilidad, imposición de normas por actores armados y procesos de cooptación comunitaria que han llevado a la renuncia de líderes y lideresas, debilitando el tejido social”, afirma el comunicado.
La defensora también evidenció un ambiente generalizado de miedo en el territorio, que está afectando incluso la participación ciudadana. Señaló que hay temor entre líderes y autoridades para denunciar lo que ocurre, en medio de confinamientos y desplazamientos.
“Ha habido confinamientos, desplazamientos masivos; hay mucho temor. Algo que me impactó muchísimo es el temor que tienen los líderes, las autoridades de hablar de lo que está sucediendo, el riesgo para las elecciones de juntas de acción comunal a finales de abril”, indicó Marín.
Incluso, según lo recogido en terreno, la presión de los grupos armados estaría limitando la acción institucional en algunos municipios.
“La verdad, sí hay una situación objetiva en la que la presión armada es muy fuerte y la falta de condiciones de seguridad para denunciar cualquier situación relacionada con la influencia de los grupos armados en la gobernanza territorial en la región”, señaló la Defensora.
Además, la entidad llamó la atención sobre otras problemáticas en derechos humanos, como la crisis en centros de detención transitoria, donde se registra hacinamiento de hasta 400 % y falta de garantías para las personas privadas de la libertad.
A este panorama se suman fallas en servicios públicos. Según la entidad, más de 60.000 personas en municipios como Tiquisio, Barranco de Loba, Altos del Rosario y El Peñón “se ven afectadas por constantes fallas en el servicio de energía eléctrica, con interrupciones de hasta seis horas diarias”.
En materia educativa, también se evidencian afectaciones por deficiencias en infraestructura, insuficiencia de docentes y limitaciones en el acceso a la educación superior.
Finalmente, advirtieron que la subregión enfrenta barreras de acceso a la salud por su alta ruralidad. Se presenta congestión en hospitales que atienden población de más de 30 municipios y deudas de las EPS que superan los 100.000 millones de pesos.
“Entre 2023 y 2025 se registraron más de 6.316 quejas por fallas en la prestación del servicio, principalmente por falta de medicamentos, demoras en autorizaciones y dificultades en traslados”.
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