Tanto la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, como la superintendente del Subsidio Familiar, Edna Tafur, anunciaron que remitirán a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría las pruebas sobre presuntas irregularidades identificadas luego de una revisión a la intervención de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico, con el fin de que sean investigadas por las autoridades competentes.
La inspección tuvo lugar en las últimas horas en Barranquilla, evidenciando según los informes aparentes “cambios en la estructura y creación de cargos durante los últimos días de la administración anterior, así como contratos de larga duración que excederían el horizonte previsto para la intervención”. Allí también habrían encontrado posibles incompatibilidades y modificaciones con impactos económicos considerables.
La ministra López Fuentes afirmó que cuenta con soportes documentales que serán entregados a las autoridades para que establezcan las responsabilidades correspondientes, y señaló que los recursos de las cajas de compensación deben cumplir su finalidad social en beneficio de los trabajadores y sus familias.
“Esta información será compulsada a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría. Con la Superintendente (Edna Tafur) ya estamos adoptando las medidas administrativas necesarias para proteger la caja, sus recursos y a los trabajadores y sus familias. Las cajas de compensación no son de ningún político, de ningún partido ni de ninguna ideología, son de los trabajadores y de sus familias”, expresó la ministra en un video en sus redes sociales.
De hecho, también fueron denunciados supuestos acosos laborales y personas vinculadas a la Caja que al mismo tiempo tenían contrato con la entidad que debía vigilarla.
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El Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar indicaron que mantendrán las acciones de inspección, vigilancia y control sobre la entidad, con el fin de proteger estos recursos y garantizar su destinación social.