A su llegada a Barranquilla para liderar un homenaje a auxiliares de Policía, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la polémica alrededor de los aviones Gripen, dada la revelación en primicia de Blu Radio sobre una investigación previa al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en sus compras.
Ante los medios de comunicación, el ministro Sánchez descartó cualquier irregularidad en la adquisición de estas aeronaves, defendiendo además al jefe de Estado al dar a conocer que la decisión no estuvo en sus manos, sino en una firma contratada para ello, compuesta “por más de 100 expertos en la materia”.
“No hay ninguna irregularidad. La Contraloría General de la República ha revisado y el mismo Contralor (Carlos Hernán Rodríguez) ha dicho que no encuentra ninguna irregularidad. Lo mismo la Procuraduría General de la Nación, hicieron las averiguaciones y quiero decirle al pueblo colombiano que deben tener tranquilidad. Aquí lo único que hay es transparencia y es una decisión no para un Gobierno; es para un país por los próximos 40 años. Es una de las inversiones más altas que hemos tenido, pero también con total transparencia”, dijo inicialmente.
“Contratamos una firma para que nos acompañara. La decisión no la tomó el señor Presidente de la República (Gustavo Petro) de x o y avión, la tomó un grupo multidisciplinar, de más de 100 expertos que trabajaron durante más de una década en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que de hecho habían insistido en los Gobiernos anteriores de tomar esa decisión y basado en condiciones de las capacidades de superioridad aérea, supervivencia, capacidad de ataque, presión, de última tecnología, sistemas logísticos, armas a bordo, garantías, entrenamiento y escalabilidad, de todas esas variables, se tomó dicha decisión”, agregó.
De todos modos, el jefe de esa cartera le abrió la puerta a todos “los que quieran preguntar o averiguar”, para que confirmen “que esta fue la mejor decisión acorde a las condiciones colombianas”.
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Asimismo, el Mindefensa Sánchez criticó el hecho que, “de no haber tomado esa decisión, seguramente estarían cuestionando al Gobierno del por qué no hacerlo para cumplir la misión constitucional de defender la patria a través del espacio aéreo”.
La investigación previa abierta por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes se basa en una denuncia de Pablo Bustos, en la que señala que durante el proceso hubo “Interés indebido en la celebración de contratos, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, Tráfico de influencias de servidor público, Utilización indebida de información privilegiada, Falsedad ideológica en documento público y, Fraude procesal”.
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En otras palabras, que el costo de los aviones habría sido superior al precio que realmente valen.
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