La Procuraduría General de la Nación encendió las alertas sobre la situación financiera de la empresa Air-e al advertir que, después de 19 meses de intervención administrativa, no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la electrificadora.
Cuestionó que en todo este tiempo Air-e no cuente con estados financieros plenamente verificados ni tenga publicados los informes de auditoría correspondientes.
Por ello solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, explicar los avances reales alcanzados durante el proceso y las razones por las cuales todavía no existe información financiera auditada y validada.
Para la Procuraduría, esta situación compromete la transparencia del proceso de intervención y dificulta el seguimiento técnico y financiero de la compañía, especialmente cuando “preocupa el aumento sostenido del pasivo corporativo y las presuntas irregularidades contractuales” que han sido denunciadas públicamente.
Para el Ministerio Público, la constante rotación de interventores —cinco hasta el momento— afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención.
En medio de la incertidumbre sobre el futuro de AIR-E, la Procuraduría solicitó a la Superintendencia una hoja de ruta actualizada para la compañía y detalles sobre los mecanismos de empalme implementados entre las diferentes administraciones.
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Además, requirió la entrega de los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, así como la relación de contratos superiores a 500 millones de pesos y un plan concreto para enfrentar las obligaciones acumuladas con el mercado energético.
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