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Revocan reintegro de Silvia Gette en la rectoría de la Uniautónoma

Ordenó el Juzgado Primero Penal de Conocimiento mantener el estado jurídico e institucional de la Universidad antes del regreso de Gette. “Contra esta decisión no procede recurso alguno”, agregó.

Silvia Gette
Silvia Gette en una rueda de prensa reciente.
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El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla revocó el reintegro de Silvia Gette en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. Además, ordenó volver al “estado jurídico e institucional” que existía antes de su regreso a esa alma mater en abril de este año, lo que indica que ahora debe retornar Jorge Senior como rector de la institución.

“Por consiguiente, se revoca la decisión impugnada, lo que implica que las cosas permanezcan en el estado jurídico e institucional existente al momento de proferirse la decisión de primera instancia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos de gobierno de la Universidad Autónoma del Caribe”, detalló el Juez.

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En la audiencia que concluyó este viernes a eso de la 1:15 de la tarde, el togado señaló que el principal obstáculo para mantener la decisión que ordenaba el reintegro de Gette “radica en la imposibilidad jurídica y material de la medida, ya que no solo incide sobre la situación particular de la solicitante, sino que pretende restablecer la conformación de órganos universitarios vigentes para el año 2013, Cuando Gette salió de la rectoría, revivir estatutos que posteriormente fueron modificados y alterar una realidad institucional transformada durante más de 12 años.

“Una decisión de tal naturaleza excede los alcances propios del restablecimiento del derecho previsto en el artículo 22 de la Ley 906 del 2004, el cual solo procede en la medida que resulte posible hacer cesar los efectos de la conducta punible. Ello es así porque la medida adoptada no se limita a suspender los efectos de las actuaciones cuestionadas, sino que comporta el restablecimiento de órganos de gobierno y marcos estatutarios que dejaron de tener vigencia hace varios años, con incidencia directa en la organización institucional de la universidad para la fecha en que fue adoptada la decisión de primera instancia”.

Resaltó también el juez que no puede perderse de vista que la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra sometida a un marco institucional distinto al existente en el año 2013, producto de reformas internas como de las actuaciones de inspección y vigilancia ejercidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Ante esto, agregó el funcionario judicial, que la pretensión de retrotraer la situación institucional a la existente hace 13 años atrás desborda los límites constitucionales y legales que gobiernan la figura del restablecimiento del derecho.

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“En consecuencia, aun cuando esta instancia reconoce la existencia de una controversia penal relevante y el interés de la solicitante para promover la actuación, concluye que la medida concreta adoptada por el juez de primera instancia resulta jurídicamente improcedente en los términos en que fue solicitada y adoptada, por exceder los límites de proporcionalidad, razonabilidad y viabilidad jurídica exigidos para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 22 de la Ley 906 del 2004”. 

Por último, el Juzgado fue tajante al advertir que contra esta decisión no procede recurso alguno.

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Hay que recordar que el pasado 8 de abril el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla ordenó el reintegro de Gette y la suspensión de los efectos producidos en las actas y decisiones proferidas en el acta número 827 del 20 de mayo del 2013 del Consejo Directivo y siguientes, por estar supuestamente viciadas de ilegalidad, ya que como lo indicó en ese momento ese despacho, Ramsés Vargas Lamadrid, no ostentaba las facultades para ser rector de la Universidad Autónoma del Caribe y su nombramiento fue ilegal.

También hay que tener en cuenta que en abril de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, revivió la condena de cinco años de prisión dictada en contra de la exrectora Silvia Gette Ponce, por el delito de abuso de confianza. En tercera instancia, el alto tribunal la encontró responsable de apropiarse en 2007 de un millón de dólares de la Universidad Autónoma del Caribe.

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