La mañana de este viernes culminó la audiencia en la que un juez de control de garantías ordenó que Silvia Gette sea restituida en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, al considerar que hay pruebas con las que se puede inferir que su salida del cargo se dio de manera irregular.La diligencia, que se encontraba en etapa de alegatos, terminó con las intervenciones de la Fiscalía y la defensa, quienes pidieron al juez de segunda instancia mantener esta decisión inicial y cuestionaron las apelaciones presentadas por el Ministerio de Educación, del representante de la Uniautónoma y hasta del mismo Ramsés Vargas."Es atrevido" decir que se afectará a Uniautónoma con el regreso de Silvia Gette"La fiscal criticó el pronunciamiento del abogado de la universidad sobre un supuesto error de cálculo en el cumplimiento de la condena de Silvia Gette, pues aseguró que el juez se basa en las actas que confirman que la pena fue cumplida. A su vez, consideró que "es atrevido y hasta temerario" decir que se va a afectar el normal funcionamiento de la universidad con el regreso de Gette, "cuando nada cambio, solo la persona que ocupará el cargo de rector" y, por el contrario, la noticia ha causado hasta "complacencia y empatía en la ciudad de Barranquilla y al interior de la universidad".A su turno, la abogada Bianith Bohórquez, defensa de Silvia Gette, insistió en que sí hay inferencia razonable para decir que presuntamente hubo falsedades en la designación de Ramsés Vargas como rector, que su llegada al cargo se dio de manera ilegal y que, aún cuando la justicia lo absolviera o prescribiera el caso, a la víctima del proceso se le debe restituir su derecho de regresar al cargo del que fue retirada de manera ilegítima.La defensa insistió en que la pena impuesta a Gette está cumplida y que ella está libre desde hace cuatro años. La abogada, al igual que la representante de la Fiscalía, recordó que la universidad no está intervenida, sino bajo un proceso de vigilancia especial que bien podría continuar con Gette en la rectoría, si así el Ministerio de Educación lo requiere.Los alegatos presentados por el Ministerio de Educación y la universidad pasarán a revisión de segunda instancia, sin que haya efecto de suspensión al fallo de hoy. A su vez, queda pendiente si la medida cautelar tomada por otro juez, quien dijo que debía ser suspendido el efecto de este fallo, será procedente.
Para el próximo viernes, en horas de la mañana, fue programada la reanudación de la audiencia en la que el representante de la Universidad Autónoma del Caribe continuará exponiendo sus alegatos contra la decisión que profirió el Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla a favor del regreso de Silvia Gette a la rectoría de esta institución.Después de 13 años, Gette está a punto de asumir nuevamente la rectoría de la Uniautónoma; sin embargo, su restitución al cargo no será posible hasta que finalice formalmente la audiencia y se expida el acta correspondiente para iniciar los trámites administrativos.En la diligencia aún sigue interviniendo el abogado Rafael Pacheco, en representación de la universidad y quien, contrario a lo que ha sustentando el juez, insiste en que Gette aún no ha terminado de cumplir la condena que le fue impuesta por transferir un millón de dólares desde las arcas de la institución a una cuenta personal.Según el abogado, la condena de 5 años y 3 meses de prisión no empezó a contar desde 2019, cuando se profirió una primera sentencia; sino desde 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia tomó una nueva decisión frente al caso y estipuló esa pena de 63 meses, que seguiría vigente hasta 2027."El juez simplemente simplifica la estructura procesal y no explica el contexto completo. Es un error aritmético y lógico", dijo.El abogado también sostuvo que la Uniautónoma no ha recibido la devolución del millón de dólares por parte de Gette y que ella tampoco habría pagado la multa impuesta por esta conducta, lo que también evidenciaría un incumplimiento de la condena.Antes del abogado Pacheco también intervinieron el exrector Ramsés Vargas y el Ministerio de Educación, quienes pidieron declarar improcedente el restablecimiento del derecho de Silvia Gette a volver al cargo de rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.Luego, el turno será para la defensa de Gette Ponce, quien se pronunciará sobre los alegatos presentados por cada una de las partes que apelaron.
A consideración del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce está habilitada para retomar este cargo en la institución, pues ya cumplió la condena que le fue impuesta por el delito de abuso de confianza calificada y agravada.Como se recordará, en 2019 Gette fue condenada a 5 años y tres meses de prisión, e inhabilitada para hacer cargos durante el mismo tiempo de la privación de la libertad, por transferir un millón de dólares de las arcas de la Universidad a una cuenta personal que poseía en Estados Unidos.No obstante, el juez Néstor Segundo Primera consideró que “una vez cumplida la pena, no se le puede cercenar” o seguir señalando por esto mismo, y llamó la atención en que en los estatutos de la universidad no figura una “inhabilidad por sentencia condenatoria”. De hecho, aseguró que, en caso de existir este tipo de inhabilidades, “se enfrentaría a los principios constitucionales de resocialización, por lo que no estaría llamada a prosperar”.La decisión del juez se da en primera instancia como parte de un proceso de restablecimiento de derechos a Gette Ponce por haber sido retirada de la rectoría, cuando ella pidió una licencia para enfrentar su proceso judicial.En este caso, el togado la reconoce como víctima, pues hay indicios de que habrían sido falseadas las actas de las reuniones en las que se escogió a Ramsés Vargas como rector para asumir el reemplazo de Gette.Sin embargo, los representantes del Ministerio de Educación y de la Uniautónoma apelaron la decisión e, inclusive, presentarán sus argumentos el próximo 13 de abril para sustentar por qué no están de acuerdo con que Gette sea reconocida como víctima. El Ministerio insiste en que, si hubo irregularidades en el nombramiento de Ramsés Vargas, el engaño fue para esta entidad y es esta quien debe figurar como víctima.
A la recta final entró el juicio que se le sigue a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, siendo que este martes, 14 de octubre, terminaron los alegatos de la defensa con la intervención de la misma acusada, quien rompió en llanto mientras insistía en su inocencia.Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y años después se acusó a Gette Ponce como presunta determinadora del crimen, a partir de testimonios entregados por paramilitares que la señalaron de haber dado la orden de acabar con la vida del ganadero por un aparente lío de herencia con su hijastra María Paulina Ceballos, esposa de la víctima y con quien Gette debía compartir el legado de Mario Ceballos Araújo, fundador de Uniautónoma.Sin embargo, entre lágrimas, la exrectora, de 74 años, aseguró que todo ha sido una persecución en su contra para apoderarse de la universidad y que se vio envuelta en todo este lío judicial por no acceder a las extorsiones del paramilitarismo."El legado de Mario Ceballos Araújo era repartido entre los que se orquestaron todo esto. Yo era un estorbo, pues conmigo ahí jamás lograrían lo orquestados ni el montaje donde estoy sumergida. Claro que mi único problema real fue no pagar las extorsiones realizadas por estos paramilitares, así como lo señaló alias Don Antonio en varias ocasiones. Si hubiese pagado, no estaría en estas. Tal vez ese fue mi error", dijo.Insistió en que no existe una prueba contundente que la relacione con el paramilitarismo ni mucho menos con este crimen."Pido que se muestre una fotografía, una conversación o tan solo algún alguien pruebe que se me ha visto algún día en algún escenario compartiendo con alguien de este grupo criminal. Yo no tengo motivo para mandar a asesinar a Fernando Cepeda. Señoría, yo no mandé a matar a Fernando Cepeda, de verdad", expresó.Agregó que la Universidad Autónoma del Caribe siempre fue el fortín que se disputó en todo esto y por el que se buscó su salida de la institución."La Universidad Autónoma del Caribe fue el fortín económico y político que se disputó en todo esto y no fue hasta no verla acabada, saqueada y enriqueciéndose a manos llenas de quienes tuvieron por propósito repartírsela con ocasión a mi salida. Esto era el fin perseguido, porque no siendo rectora, yo hubiera podido seguir mi vida con mis tres hijos sin ser perseguida", manifestó.Hasta llegaron a tener la osadía de denunciarme acusándome que yo había matado mi legítimo esposo pase padre de mis tres hijos que lo había envenenado siempre acusada por tantas infamias.Durante esta jornada la defensa de Gette también pidió al juez que revise la versión del exparamilitar Jhonny Rafael Acosta Garizábalo, al asegurar que mintió en su declaración.
La Corte Suprema de Justicia tumbó la decisión de segunda instancia contra Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, investigada por el delito de abuso de confianza, luego de que las directivas de la institución la denunciaron por apropiarse de un millón de dólares en 2007.El Tribunal Superior de Barranquilla la había absuelto en abril de 2021; sin embargo, la Procuraduría y la defensa de las víctimas habían apelado la decisión.Aunque la exrectora enfrenta prisión domiciliaria por sobornar con $500 millones al exparamilitar alias ‘Don Antonio’, para que cambiara su versión sobre el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, en este caso la Corte Suprema de Justicia consideró que ella sí debería ir a prisión.Para el alto tribunal sí existió abuso de confianza: “Existiendo, por ello, entre las partes un concurso real de voluntades, pues Silvia Beatriz Gette Ponce, por su parte, aceptó el encargo, cuando refrendó su firma personalmente en el Helm Bank de Miami”, para el desembolso del dinero.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Por no emitir la condena en un tiempo razonable, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la decisión del Juzgado Décimo Penal del Circuito que había negado, en primera instancia, la solicitud de la defensa, y ordenó, finalmente, la preclusión del proceso contra Silvia Gette Ponce por uno de los casos de autopréstamos por los que era acusada.La defensa de Gette había solicitado esta preclusión antes de que quedara en firme el fallo condenatorio que fue emitido en contra de la exrectora de la Uniautónoma en septiembre del 2020 por dichos autopréstamos cuantificados por la Fiscalía por 1.100 millones de pesos.Sin embargo, esta solicitud no le fue concedida, sino hasta el pasado 5 de febrero, cuando el alto tribunal falló a su favor y dejó a un lado la condena.Es preciso recordar que, pese a esta reciente decisión, Gette permanece en casa por cárcel en cumplimiento de la condena de nueve años que recibió por otro autopréstamo de un millón de dólares, realizado cuando fungía como rectora de la Uniautónoma.
Junto a varios invitados, sin usar tapabocas y sin mantener el debido distanciamiento social quedó registrada en fotografías la exrectora de la Uniautónoma Silvia Gette Ponce, a pesar de ser enviada a su casa bajo prisión domiciliaria por tener “cierta edad que la hace de especial cuidado frente al COVID-19”, como informó su defensa.Las imágenes, que serían del cumpleaños de Gette en noviembre pasado, habrían sido tomadas en la residencia donde ella cumple su medida de aseguramiento desde su salida de la Cárcel El Buen Pastor en Barranquilla, donde se encontraba recluida pagando una condena de 9 años por apropiarse de 1 millón de dólares del alma máter a través de la figura de autopréstamos.A través de un comunicado, su abogado Raúl Cadena aseguró que Gette Ponce “continúa privada de la libertad en su lugar de residencia con las idénticas condiciones de detención, bajo el reglamento de las autoridades carcelarias, que siempre ha acatado, con el fin de proteger su derecho a la vida”.Vale decir que, a través de un Habeas Corpus, a la colomboargentina también le fue concedida la libertad por parte del Tribunal Superior de Barranquilla dentro del proceso que se le sigue por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, ocurrida en 2003. Según el abogado Cadena, este “es un derecho que se da por haber transcurrido el término señalado por ley para empezar el juicio oral”.Sin embargo, Gette, quien sigue vinculada a varios procesos judiciales, no puede gozar de este beneficio, porque debe seguir pagando su condena por la apropiación de 1 millón de dólares.
BLU Radio pudo conocer que desde mayo la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce, están gozando de casa por cárcel y no se encuentra en el centro penitenciario del Buen Pastor, todo a raíz de la pandemia. La colombo-argentina se encontraba en esa cárcel desde mayo de 2019 cumpliendo una condena de nueve años por apropiarse de 1 millón de dólares del alma máter a través de la figura de autopréstamos.La medida de casa por cárcel le fue otorgada por el Juzgado 34 penal del circuito de Bogotá y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de que la defensa de la exrectora interpusiera un recurso de habeas corpus dentro del proceso en el que se acusa como determinadora del homicidio Fernando Cepeda.El tribunal decidió darle prisión domiciliaria, debido a que aún es requerida por otros procesos.Hay que recordar que la condena que cumple en la actualidad es por el delito de abuso de confianza calificado, debido a que se autoprestó dinero de la universidad, por estos hechos debe indemnizar a la institución con la misma cantidad y pagar una multa de 621 millones de pesos.
La juez décima penal del circuito de Barranquilla negó este miércoles la preclusión solicitada por los abogados de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, en el caso de los préstamos por 1.050 millones de pesos que ella misma se autorizó cuando estaba al frente de esa institución.La defensa de la colombo-argentina argumentó que habían transcurrido cinco años desde la audiencia de imputación de cargos por el delito de abuso de confianza calificado, que se realizó el 25 de agosto de 2015.Sin embargo, la juez no consideró válida esta pretensión ya que la ley aumentó el tiempo de prescripción para este delito, que es de 54 meses, debido a la pandemia de coronavirus, que ha retrasado la administración de justicia. La decisión fue apelada por la defensa de Gette.La audiencia de este miércoles estaba programada para conocer la sentencia contra Gette Ponce, quien ya fue hallada culpable del delito. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Gette Ponce realizó varios autopréstamos entre los años 2008 y 2012 para actividades personales y pago de impuestos.Gette Ponce permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor en Barranquilla por otra condena relacionada con su desempeño en la rectoría de la Uniautónoma.En la actualidad paga una pena de nueve años de prisión por otro delito de abuso de confianza calificado al apropiarse en 2007 de recursos de la Universidad Autónoma del Caribe por valor de un millón de dólares.
La Fiscalía General de la Nación encontró elementos suficientes para acusar a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce como presunta responsable del crimen del arquitecto y ganadero Fernando Cepeda Vargas, ocurrido el 22 de agosto del año 2003, en Barranquilla.Según la Fiscalía, la exrectora sería la determinadora del delito de homicidio agravado y definió que deberá cumplir medida de aseguramiento en una cárcel.Lea también: Una vez más le niegan revocatoria y sustitución de casa por cárcel a Silvia GetteDe acuerdo con los testimonios recopilados en la investigación, Gette Ponce habría pagado a jefes del bloque norte de las extintas autodefensas para que asesinaran al ganadero por diferencias personales, versión que fue reafirmada por varios postulados a Justicia y Paz, entre ellos, Edgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio'.Silvia Gette ya había sido condenada a seis años de prisión por el delito de soborno, luego de demostrase que, a través de uno de sus abogados, intentó persuadir a alias Don Antonio y otros exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones y no la culparan por el homicidio.Esta resolución de acusación revocó una determinación de primera instancia, que había precluido la investigación a favor de la exrectora.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
