Una semana después de que el consejo directivo de la Uniautónoma eligió como rectora a la docente Ana Sajer, cercana a Silvia Gette; el Ministerio de Educación desconoció la elección y ratificó a Jorge Senior en la rectoría. Para el equipo jurídico de la universidad, la decisión del Gobierno ratifica la decisión del juez que revocó el regreso de Gette y brinda estabilidad institucional.En ese sentido el abogado Rafael Pacheco, quien defiende jurídicamente a la Universidad Autónoma del Caribe, es claro en señalar que hoy el rector es Jorge Senior. Dice el jurista que esa decisión que tomó el Ministerio de Educación se deriva de la revocatoria del restablecimiento de los derechos de Silvia Gette en la rectoría de esa alma mater, que tomó el Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla hace una semana.En ese sentido, señala Pacheco que desconoce “las razones por las que el Consejo Directivo eligió a Ana Bernarda Sajer como supuesta nueva rectora”, cuando la decisión del juez era clara de que ese Consejo, elegido en 2013, ya no cumplía ninguna función y también fue revocado.Así las cosas, recalca el abogado que el anuncio del Ministerio de Educación respalda la elección ratificada en el Acuerdo 005 del Consejo Superior Universitario, que nombró a Jorge Senior hasta el 11 de marzo de 2030, lo que manda un mensaje de estabilidad institucional, en medio de la crisis que atraviesa la Autónoma del Caribe.En un comunicado, la Oficina Jurídica de Uniautónoma señaló que, con esta decisión, se retoma el Consejo Superior como único y máximo órgano de poder de la institución. La universidad afirmó que continuará trabajando en el fortalecimiento financiero y académico de la institución, de la mano del talento humano, los egresados, los estudiantes y los padres de familia, reiterando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.Deuda con empleados.Por su parte, Nataly Álvarez, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, Sintrauac, dijo que los trabajadores esperan que la institución se estabilice económicamente y a los trabajadores les paguen las 3 quincenas atrasadas que les adeudan este año. Señala que muchos empleados están viviendo una situación crítica provocada por la saliente Silvia Gette.“Esperamos que en este nuevo periodo haya mucho más gestión, mucho más compromiso desde el punto de vista de la apertura al diálogo, desde lo laboral, y bueno, siempre deseando que la universidad llegue a un punto de estabilización (...) Nosotros estamos en una condición muy difícil que nos dejó la señora Silvia Gette, nos deben más de tres quincenas. La gente en la Autónoma tiene hambre, está en una condición difícil”, indicó.Agregó la dirigente sindical que en esta nueva etapa de Jorge Senior como rector esperan mucha más gestión, compromiso y apertura al diálogo con trabajadores, profesores y el estudiantado.Hay que recordar que Jorge Senior fue nombrado como rector encargado de la Autónoma del Caribe por el Ministerio de Educación en marzo de 2024, debido a la vigilancia especial a la que está sometida por el Gobierno por la crisis económica que enfrenta.
El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla revocó el reintegro de Silvia Gette en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. Además, ordenó volver al “estado jurídico e institucional” que existía antes de su regreso a esa alma mater en abril de este año, lo que indica que ahora debe retornar Jorge Senior como rector de la institución.“Por consiguiente, se revoca la decisión impugnada, lo que implica que las cosas permanezcan en el estado jurídico e institucional existente al momento de proferirse la decisión de primera instancia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos de gobierno de la Universidad Autónoma del Caribe”, detalló el Juez.En la audiencia que concluyó este viernes a eso de la 1:15 de la tarde, el togado señaló que el principal obstáculo para mantener la decisión que ordenaba el reintegro de Gette “radica en la imposibilidad jurídica y material de la medida, ya que no solo incide sobre la situación particular de la solicitante, sino que pretende restablecer la conformación de órganos universitarios vigentes para el año 2013, Cuando Gette salió de la rectoría, revivir estatutos que posteriormente fueron modificados y alterar una realidad institucional transformada durante más de 12 años.“Una decisión de tal naturaleza excede los alcances propios del restablecimiento del derecho previsto en el artículo 22 de la Ley 906 del 2004, el cual solo procede en la medida que resulte posible hacer cesar los efectos de la conducta punible. Ello es así porque la medida adoptada no se limita a suspender los efectos de las actuaciones cuestionadas, sino que comporta el restablecimiento de órganos de gobierno y marcos estatutarios que dejaron de tener vigencia hace varios años, con incidencia directa en la organización institucional de la universidad para la fecha en que fue adoptada la decisión de primera instancia”.Resaltó también el juez que no puede perderse de vista que la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra sometida a un marco institucional distinto al existente en el año 2013, producto de reformas internas como de las actuaciones de inspección y vigilancia ejercidas por el Ministerio de Educación Nacional.Ante esto, agregó el funcionario judicial, que la pretensión de retrotraer la situación institucional a la existente hace 13 años atrás desborda los límites constitucionales y legales que gobiernan la figura del restablecimiento del derecho.“En consecuencia, aun cuando esta instancia reconoce la existencia de una controversia penal relevante y el interés de la solicitante para promover la actuación, concluye que la medida concreta adoptada por el juez de primera instancia resulta jurídicamente improcedente en los términos en que fue solicitada y adoptada, por exceder los límites de proporcionalidad, razonabilidad y viabilidad jurídica exigidos para el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 22 de la Ley 906 del 2004”. Por último, el Juzgado fue tajante al advertir que contra esta decisión no procede recurso alguno.Hay que recordar que el pasado 8 de abril el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla ordenó el reintegro de Gette y la suspensión de los efectos producidos en las actas y decisiones proferidas en el acta número 827 del 20 de mayo del 2013 del Consejo Directivo y siguientes, por estar supuestamente viciadas de ilegalidad, ya que como lo indicó en ese momento ese despacho, Ramsés Vargas Lamadrid, no ostentaba las facultades para ser rector de la Universidad Autónoma del Caribe y su nombramiento fue ilegal.También hay que tener en cuenta que en abril de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, revivió la condena de cinco años de prisión dictada en contra de la exrectora Silvia Gette Ponce, por el delito de abuso de confianza. En tercera instancia, el alto tribunal la encontró responsable de apropiarse en 2007 de un millón de dólares de la Universidad Autónoma del Caribe.
En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla condenó a 6 años de prisión y el pago de 2.451 millones de pesos al polémico abogado Arcadio Martínez, exapoderado de Silvia Gette, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, “por el delito de ocultamiento”.En el documento del fallo, el magistrado ponente, Jorge Eliécer Cabrera, expuso que el 10 de febrero de 2013, cuando investigadores del CTI de la Fiscalía capturaron al abogado, este destruyó una simcard que contenía información relacionada con el soborno que pretendía pagarle al exparamilitar Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, excabecilla del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, para que cambiara la versión que señalaba a su cliente Silvia Gette Ponce, como presunta autora intelectual del homicidio del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en agosto de 2003 en el suroccidente de Barranquilla.Detalla el magistrado que, cuando Martínez Pumarejo se encontraba bajo custodia en las instalacione de la URI, habría intentado ocultar un teléfono BlackBerry en el cielo raso del baño y allí destruir el dispositivo con la tarjeta SIM, sin embargo, al ser descubierto por un agente del CTI, el abogado le ofreció $100 millones a cambio de no reportar lo ocurrido.Hay que recordar que previamente al traslado del abogado a las instalaciones de la URI, la Fiscalía lo capturó en flagrancia cuando intentaba entregar más de 200 millones de pesos a una persona que alias 'Don Antonio' habría designado para recibir el dinero.Así las cosas, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó revocar el fallo absolutorio de primera instancia, capturar al abogado y negar la prisión domiciliaria."Líbrese orden de captura a los miembros de Policía Judicial o Policía Nacional, para que capturen a Arcadio Tobías Martínez Pumarejo, por razón de este proceso penal, una vez materializada la misma se coloque a disposición del Juzgado de origen o sea el Juzgado que haga sus veces", reza en el documento.También se debe tener en cuenta que contra el fallo de primera instancia que absolvió a Martínez, fue interpuesto el recurso de apelación por el hoy Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, que representaba a Paulina Ceballos, esposa del asesinado ganadero. La apelación fue presentada por Natalie Arteta, apoderada del hoy mandatario de los colombianos, y el Ministerio Público, que solicitaron la revocatoria integral de la absolución.De igual forma, hay que resaltar que en su momento, alias 'Don Antonio' le contó a la Fiscalía que Martínez en nombre de Silvia Gette, le ofreció 500 millones de pesos en total para cambiar su testimonio e incriminar tanto a Paulina Ceballos como al propio de La Espriella, en un entramado de manipulación de testigos.Ante estas acusaciones de alias Don Antonio, Gette siempre ha sostenido que fue víctima del exparamilitar que la quería extorsionar y chantajear.Contra el reciente fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Arcadio Martínez podrá presentar impugnación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La mañana de este viernes culminó la audiencia en la que un juez de control de garantías ordenó que Silvia Gette sea restituida en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, al considerar que hay pruebas con las que se puede inferir que su salida del cargo se dio de manera irregular.La diligencia, que se encontraba en etapa de alegatos, terminó con las intervenciones de la Fiscalía y la defensa, quienes pidieron al juez de segunda instancia mantener esta decisión inicial y cuestionaron las apelaciones presentadas por el Ministerio de Educación, del representante de la Uniautónoma y hasta del mismo Ramsés Vargas."Es atrevido" decir que se afectará a Uniautónoma con el regreso de Silvia Gette"La fiscal criticó el pronunciamiento del abogado de la universidad sobre un supuesto error de cálculo en el cumplimiento de la condena de Silvia Gette, pues aseguró que el juez se basa en las actas que confirman que la pena fue cumplida. A su vez, consideró que "es atrevido y hasta temerario" decir que se va a afectar el normal funcionamiento de la universidad con el regreso de Gette, "cuando nada cambio, solo la persona que ocupará el cargo de rector" y, por el contrario, la noticia ha causado hasta "complacencia y empatía en la ciudad de Barranquilla y al interior de la universidad".A su turno, la abogada Bianith Bohórquez, defensa de Silvia Gette, insistió en que sí hay inferencia razonable para decir que presuntamente hubo falsedades en la designación de Ramsés Vargas como rector, que su llegada al cargo se dio de manera ilegal y que, aún cuando la justicia lo absolviera o prescribiera el caso, a la víctima del proceso se le debe restituir su derecho de regresar al cargo del que fue retirada de manera ilegítima.La defensa insistió en que la pena impuesta a Gette está cumplida y que ella está libre desde hace cuatro años. La abogada, al igual que la representante de la Fiscalía, recordó que la universidad no está intervenida, sino bajo un proceso de vigilancia especial que bien podría continuar con Gette en la rectoría, si así el Ministerio de Educación lo requiere.Los alegatos presentados por el Ministerio de Educación y la universidad pasarán a revisión de segunda instancia, sin que haya efecto de suspensión al fallo de hoy. A su vez, queda pendiente si la medida cautelar tomada por otro juez, quien dijo que debía ser suspendido el efecto de este fallo, será procedente.
Para el próximo viernes, en horas de la mañana, fue programada la reanudación de la audiencia en la que el representante de la Universidad Autónoma del Caribe continuará exponiendo sus alegatos contra la decisión que profirió el Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla a favor del regreso de Silvia Gette a la rectoría de esta institución.Después de 13 años, Gette está a punto de asumir nuevamente la rectoría de la Uniautónoma; sin embargo, su restitución al cargo no será posible hasta que finalice formalmente la audiencia y se expida el acta correspondiente para iniciar los trámites administrativos.En la diligencia aún sigue interviniendo el abogado Rafael Pacheco, en representación de la universidad y quien, contrario a lo que ha sustentando el juez, insiste en que Gette aún no ha terminado de cumplir la condena que le fue impuesta por transferir un millón de dólares desde las arcas de la institución a una cuenta personal.Según el abogado, la condena de 5 años y 3 meses de prisión no empezó a contar desde 2019, cuando se profirió una primera sentencia; sino desde 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia tomó una nueva decisión frente al caso y estipuló esa pena de 63 meses, que seguiría vigente hasta 2027."El juez simplemente simplifica la estructura procesal y no explica el contexto completo. Es un error aritmético y lógico", dijo.El abogado también sostuvo que la Uniautónoma no ha recibido la devolución del millón de dólares por parte de Gette y que ella tampoco habría pagado la multa impuesta por esta conducta, lo que también evidenciaría un incumplimiento de la condena.Antes del abogado Pacheco también intervinieron el exrector Ramsés Vargas y el Ministerio de Educación, quienes pidieron declarar improcedente el restablecimiento del derecho de Silvia Gette a volver al cargo de rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.Luego, el turno será para la defensa de Gette Ponce, quien se pronunciará sobre los alegatos presentados por cada una de las partes que apelaron.
A consideración del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla, la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce está habilitada para retomar este cargo en la institución, pues ya cumplió la condena que le fue impuesta por el delito de abuso de confianza calificada y agravada.Como se recordará, en 2019 Gette fue condenada a 5 años y tres meses de prisión, e inhabilitada para hacer cargos durante el mismo tiempo de la privación de la libertad, por transferir un millón de dólares de las arcas de la Universidad a una cuenta personal que poseía en Estados Unidos.No obstante, el juez Néstor Segundo Primera consideró que “una vez cumplida la pena, no se le puede cercenar” o seguir señalando por esto mismo, y llamó la atención en que en los estatutos de la universidad no figura una “inhabilidad por sentencia condenatoria”. De hecho, aseguró que, en caso de existir este tipo de inhabilidades, “se enfrentaría a los principios constitucionales de resocialización, por lo que no estaría llamada a prosperar”.La decisión del juez se da en primera instancia como parte de un proceso de restablecimiento de derechos a Gette Ponce por haber sido retirada de la rectoría, cuando ella pidió una licencia para enfrentar su proceso judicial.En este caso, el togado la reconoce como víctima, pues hay indicios de que habrían sido falseadas las actas de las reuniones en las que se escogió a Ramsés Vargas como rector para asumir el reemplazo de Gette.Sin embargo, los representantes del Ministerio de Educación y de la Uniautónoma apelaron la decisión e, inclusive, presentarán sus argumentos el próximo 13 de abril para sustentar por qué no están de acuerdo con que Gette sea reconocida como víctima. El Ministerio insiste en que, si hubo irregularidades en el nombramiento de Ramsés Vargas, el engaño fue para esta entidad y es esta quien debe figurar como víctima.
A la recta final entró el juicio que se le sigue a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, siendo que este martes, 14 de octubre, terminaron los alegatos de la defensa con la intervención de la misma acusada, quien rompió en llanto mientras insistía en su inocencia.Cepeda fue asesinado en agosto de 2003 y años después se acusó a Gette Ponce como presunta determinadora del crimen, a partir de testimonios entregados por paramilitares que la señalaron de haber dado la orden de acabar con la vida del ganadero por un aparente lío de herencia con su hijastra María Paulina Ceballos, esposa de la víctima y con quien Gette debía compartir el legado de Mario Ceballos Araújo, fundador de Uniautónoma.Sin embargo, entre lágrimas, la exrectora, de 74 años, aseguró que todo ha sido una persecución en su contra para apoderarse de la universidad y que se vio envuelta en todo este lío judicial por no acceder a las extorsiones del paramilitarismo."El legado de Mario Ceballos Araújo era repartido entre los que se orquestaron todo esto. Yo era un estorbo, pues conmigo ahí jamás lograrían lo orquestados ni el montaje donde estoy sumergida. Claro que mi único problema real fue no pagar las extorsiones realizadas por estos paramilitares, así como lo señaló alias Don Antonio en varias ocasiones. Si hubiese pagado, no estaría en estas. Tal vez ese fue mi error", dijo.Insistió en que no existe una prueba contundente que la relacione con el paramilitarismo ni mucho menos con este crimen."Pido que se muestre una fotografía, una conversación o tan solo algún alguien pruebe que se me ha visto algún día en algún escenario compartiendo con alguien de este grupo criminal. Yo no tengo motivo para mandar a asesinar a Fernando Cepeda. Señoría, yo no mandé a matar a Fernando Cepeda, de verdad", expresó.Agregó que la Universidad Autónoma del Caribe siempre fue el fortín que se disputó en todo esto y por el que se buscó su salida de la institución."La Universidad Autónoma del Caribe fue el fortín económico y político que se disputó en todo esto y no fue hasta no verla acabada, saqueada y enriqueciéndose a manos llenas de quienes tuvieron por propósito repartírsela con ocasión a mi salida. Esto era el fin perseguido, porque no siendo rectora, yo hubiera podido seguir mi vida con mis tres hijos sin ser perseguida", manifestó.Hasta llegaron a tener la osadía de denunciarme acusándome que yo había matado mi legítimo esposo pase padre de mis tres hijos que lo había envenenado siempre acusada por tantas infamias.Durante esta jornada la defensa de Gette también pidió al juez que revise la versión del exparamilitar Jhonny Rafael Acosta Garizábalo, al asegurar que mintió en su declaración.
La Corte Suprema de Justicia tumbó la decisión de segunda instancia contra Silvia Gette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, investigada por el delito de abuso de confianza, luego de que las directivas de la institución la denunciaron por apropiarse de un millón de dólares en 2007.El Tribunal Superior de Barranquilla la había absuelto en abril de 2021; sin embargo, la Procuraduría y la defensa de las víctimas habían apelado la decisión.Aunque la exrectora enfrenta prisión domiciliaria por sobornar con $500 millones al exparamilitar alias ‘Don Antonio’, para que cambiara su versión sobre el homicidio del ganadero Fernando Cepeda, en este caso la Corte Suprema de Justicia consideró que ella sí debería ir a prisión.Para el alto tribunal sí existió abuso de confianza: “Existiendo, por ello, entre las partes un concurso real de voluntades, pues Silvia Beatriz Gette Ponce, por su parte, aceptó el encargo, cuando refrendó su firma personalmente en el Helm Bank de Miami”, para el desembolso del dinero.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Por no emitir la condena en un tiempo razonable, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la decisión del Juzgado Décimo Penal del Circuito que había negado, en primera instancia, la solicitud de la defensa, y ordenó, finalmente, la preclusión del proceso contra Silvia Gette Ponce por uno de los casos de autopréstamos por los que era acusada.La defensa de Gette había solicitado esta preclusión antes de que quedara en firme el fallo condenatorio que fue emitido en contra de la exrectora de la Uniautónoma en septiembre del 2020 por dichos autopréstamos cuantificados por la Fiscalía por 1.100 millones de pesos.Sin embargo, esta solicitud no le fue concedida, sino hasta el pasado 5 de febrero, cuando el alto tribunal falló a su favor y dejó a un lado la condena.Es preciso recordar que, pese a esta reciente decisión, Gette permanece en casa por cárcel en cumplimiento de la condena de nueve años que recibió por otro autopréstamo de un millón de dólares, realizado cuando fungía como rectora de la Uniautónoma.
Junto a varios invitados, sin usar tapabocas y sin mantener el debido distanciamiento social quedó registrada en fotografías la exrectora de la Uniautónoma Silvia Gette Ponce, a pesar de ser enviada a su casa bajo prisión domiciliaria por tener “cierta edad que la hace de especial cuidado frente al COVID-19”, como informó su defensa.Las imágenes, que serían del cumpleaños de Gette en noviembre pasado, habrían sido tomadas en la residencia donde ella cumple su medida de aseguramiento desde su salida de la Cárcel El Buen Pastor en Barranquilla, donde se encontraba recluida pagando una condena de 9 años por apropiarse de 1 millón de dólares del alma máter a través de la figura de autopréstamos.A través de un comunicado, su abogado Raúl Cadena aseguró que Gette Ponce “continúa privada de la libertad en su lugar de residencia con las idénticas condiciones de detención, bajo el reglamento de las autoridades carcelarias, que siempre ha acatado, con el fin de proteger su derecho a la vida”.Vale decir que, a través de un Habeas Corpus, a la colomboargentina también le fue concedida la libertad por parte del Tribunal Superior de Barranquilla dentro del proceso que se le sigue por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, ocurrida en 2003. Según el abogado Cadena, este “es un derecho que se da por haber transcurrido el término señalado por ley para empezar el juicio oral”.Sin embargo, Gette, quien sigue vinculada a varios procesos judiciales, no puede gozar de este beneficio, porque debe seguir pagando su condena por la apropiación de 1 millón de dólares.
Al menos 12 personas murieron y otras 46 resultaron heridas en dos accidentes múltiples registrados este martes en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria. En los siniestros estuvieron involucrados cerca de 50 vehículos, entre automóviles, furgonetas y camiones, de acuerdo con el balance entregado por la ministra de Sanidad, Katya Ivkova.Los choques ocurrieron en inmediaciones de la ciudad de Yambol, entre los enlaces de Zimnitsa y Kabile. El primero se registró poco después de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 289, en sentido hacia Burgas. Minutos después, cuando la vía ya estaba bloqueada por los vehículos accidentados, se produjo una segunda colisión múltiple en la calzada contraria, en dirección a Sofía.Las autoridades señalaron que la niebla densa habría reducido la visibilidad y dificultado la circulación. A esto se sumaron las condiciones resbaladizas de la carretera, que habrían complicado las maniobras de los conductores.¿Cómo ocurrió el accidente múltiple en Bulgaria?Según el gobernador regional de Sliven, Mihail Kasherov, el choque inicial se habría producido entre un autobús y un camión que transportaba cereales. Ambos vehículos se incendiaron. El funcionario indicó que más de 70 automotores podrían estar involucrados, aunque el primer balance oficial reportó cerca de 50.Un testigo relató al canal Nova TV que la visibilidad no superaba los 50 metros. También contó que salió de su vehículo para auxiliar a una persona atrapada en un taxi en llamas y que, poco después, escuchó cómo comenzaban a chocar los vehículos de la calzada contraria.Uno de los pasajeros del autobús describió escenas de pánico: “Todas las ventanas estaban rotas, llovían fragmentos de cristal y estábamos amontonados unos encima de otros. Algunos se habían caído, otros estaban heridos y otros atrapados”.¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el choque?La autopista Trakia fue cerrada en ambas direcciones para facilitar las labores de rescate y retirar los vehículos. En el operativo participan policías, bomberos, personal sanitario y unidades del Ejército.Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región. Además, dos aviones militares de transporte con equipamiento médico quedaron disponibles en el aeropuerto de Burgas para llevar a pacientes graves a hospitales de otras ciudades, si es necesario.El primer ministro, Rumen Radev, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció la cancelación de su agenda de trabajo tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también manifestó su solidaridad con Bulgaria.El balance de fallecidos y lesionados es provisional. Las autoridades continúan con las labores de atención e investigan las circunstancias de las dos colisiones.
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que las donaciones del sector privado para los damnificados del terremoto en Cali están llegando en su totalidad a la población afectada. En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario detalló que solo en la capital del Valle del Cauca los aportes de empresas y fundaciones suman cerca de 400.000 millones de pesos. Esos recursos se están invirtiendo en colegios, hospitales y ayudas para las familias que perdieron sus viviendas.“100% está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”, afirmó Eder. Según el alcalde, el sector privado donó en total 1,6 billones de pesos a nivel nacional tras la emergencia.Las donaciones no entran al presupuesto de la Alcaldía de CaliAnte los cuestionamientos ciudadanos sobre el destino de esos recursos, el alcalde pidió a la opinión pública no dejarse engañar. Explicó que la plata de los donantes nunca entra al presupuesto público de Cali, porque la manejan directamente los privados.“Esa plata la ejecutan los mismos privados a través de sus fundaciones”, señaló. Como ejemplo, citó a un grupo de empresarios que se agrupó a través de Propacífico e hizo una donación de alrededor de 250.000 millones de pesos. Las intervenciones se definen en mesas de trabajo conjuntas. Entre los aportantes, Eder mencionó también a Tecnoquímicas y a la Fundación Gilinski.Sobre el modelo de ejecución, el mandatario indicó: “Esto todo se hace con el direccionamiento desde la alcaldía, pero la ejecución la hacen las fundaciones privadas, que muchas veces son más eficientes y más rápidas que la ejecución pública”.El papel de la Primera Dama en la reconstrucción de CaliEntre los aliados en la atención de la emergencia, el alcalde destacó a la fundación de la Primera Dama, Ana Lucía Pineda. Junto a la Fundación Gilinski, esa fundación está a cargo de la recuperación de la institución educativa Eustaquio Palacios, uno de los colegios más grandes de Cali, que quedó devastado por el sismo. Eder resaltó la gestión de la Primera Dama en este proceso y la calificó como “un gran liderazgo”.La alianza también llega al sector salud. Con la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama, la Alcaldía trabaja en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de la ciudad. Según el mandatario, allí no solo se repararán los daños causados por el terremoto, sino que también se mejorará el hospital.Colegios y hospitales afectados por el terremoto en CaliSegún el alcalde, con estos recursos ya se intervienen o están por intervenirse 18 colegios. Uno de ellos es la institución educativa Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, que quedó devastado por el sismo. De ese plantel se encargan la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama.Las obras ya empezaron en el Colegio Nuevo Latir, en el oriente de la ciudad, con el acompañamiento de la gestora social Taliana Vargas. El siguiente será la institución educativa Antonio José Camacho, un colegio de 92 años que también resultó afectado.Eder dimensionó el impacto en la red escolar: más de 200 colegios afectados, 70 de ellos con daños graves y ocho cerrados. En algún momento cerca de 60.000 estudiantes no podían asistir a clases, y hoy esa cifra está más cerca de 15.000. “Estamos trabajando para que todos puedan estar en el colegio de aquí a diciembre”, aseguró.En salud, el alcalde dijo que las donaciones también financian la recuperación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el oriente de Cali, que además será mejorado. Paralelamente, la administración construye cuatro hospitales nuevos, entre ellos una clínica de cáncer de mama en el norte de la ciudad. Según Eder, estas obras resistieron el sismo sin problemas.Vivienda para las 700 familias que lo perdieron todoLa prioridad de la Alcaldía son las 700 familias cuyas viviendas colapsaron o fueron demolidas. La mayoría se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, y en especial en la Comuna 19.Para atenderlas existen dos tipos de apoyo. Por un lado están unas bonificaciones gestionadas ante el Fondo Milagro, cercanas a 159 millones de pesos según el alcalde. Están dirigidas a familias que perdieron a un ser querido o que están en situación de alto riesgo. Por otro lado están los bonos de 50 millones de pesos de la Alcaldía para quienes perdieron su casa.El mandatario explicó que se buscan viviendas nuevas, porque cumplen los códigos antisísmicos actualizados, y que en Cali hay un inventario de cerca de 900 unidades. De las 700 familias, unas 400 ya expresaron interés en las bonificaciones. “Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, precisó. Eder espera que desde la próxima semana decenas de familias empiecen a recibir sus viviendas.Demoliciones y reconstrucción: un proceso de añosEn Cali se revisaron cerca de 14.000 edificaciones. Hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, y ya se han demolido 20. El alcalde estima que esa cifra podría llegar a entre 100 y 120 estructuras. Esto se suma a las demoliciones anunciadas en semanas anteriores.Eder advirtió que levantar edificios nuevos tomará cerca de dos años: unos seis meses de estudios y diseños, y otros 18 meses de obra. “Uno no construye un edificio nuevo en 2 semanas”, dijo.Sobre las protestas en Chiminangos, el alcalde detalló que ese sector tiene 288 torres construidas antes de 1985, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis de ellas presentan daños muy graves, y las demás tienen daños principalmente en las escaleras. Los diseños de intervención tardarán semanas, posiblemente hasta un mes. “Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó.Mercados y partido de la Selección Colombia para los damnificadosEder anunció que Cali y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) aportaron cada uno un millón de dólares para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias damnificadas. Esta iniciativa se suma a los bonos de mercado que ya se entregan en la ciudad.Además, el alcalde contó que habló con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. Según Eder, la Federación donará todas las ganancias del partido de la Selección Colombia en Cali a los damnificados y quiere apoyar el programa de alimentos. El amistoso será contra Chile este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como informó Blu Radio. bluradio“No hay una varita mágica”El alcalde reiteró que la recuperación será una “maratón” de cuatro años. Recordó que le queda un año y dos meses de gobierno. “Desafortunadamente no hay una varita mágica. Esto es un proceso”, sostuvo.Al cierre de la entrevista hizo un llamado a mantener la solidaridad: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.
Desde el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el alcalde Alejandro Char firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe –CAF– la financiación de hasta USD 50 millones para proyectos ambientales y de impacto social, contemplados en el plan de desarrollo de la capital del Atlántico.El acto se realizó con la participación del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados y, en el acuerdo, se estipuló la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín y el arroyo León, el programa Todos al Parque y el mejoramiento de los espacios urbanos."Y qué mejor que pensar en nuestra naturaleza, en nuestro patrimonio natural, ambiental, todo el tema de aves, peces... hoy están aportando unos 50 millones de dólares y unos recursos adicionales no reembolsables para para potencializar todo esto, después de tres años de mucho estudio, de revisarlo a fondo", expresó el alcalde Char."Teníamos dificultades también con el Ministerio de Hacienda, pero bueno, ya pasamos todo eso, aprendimos y aquí para adelante a impulsar a Barranquilla como debe ser", agregó el mandatario barranquillero. A su turno, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, valoró que Barranquilla siga siendo un gran faro para todo el Caribe."Esto es un punto de partida, no es un punto de llegada. Vemos esta relación como una en la cual el banco quiere contribuirle a la ciudad con recursos técnicos, humanos y financieros para desplegar su pleno potencial, que sabemos que es mucho más", expresó Díaz-Granados."La ciudad ha alcanzado, en estos 20 años de transformación, grandes logros, pero podemos seguir siendo un gran faro para todo el Caribe. Vemos a la ciudad como un espejo de toda la región, del cierre de brechas de desigualdad, de pobreza", agregó.La CAF y la Alcaldía Distrital suscribieron además dos cooperaciones técnicas no reembolsables. La primera fortalecerá la Estrategia de Internacionalización del Distrito, con apoyo a la Oficina de Relaciones Internacionales y una hoja de ruta a 2030. La segunda, en el marco de la Iniciativa de Rutas Migratorias de las Américas, apoyará la estructuración del Plan de Recuperación del Arroyo León como corredor ecológico para aves migratorias.
Cerca del final de obras en Hidroituango, EPM ya piensa en poner andar otro proyecto: el alcalde Federico Gutiérrez indicó que ante el Gobierno nacional ya avanzan las gestiones para reactivar la central Espiritu Santo. La megaobra se desarrollaría aguas abajo del actual complejo y generaría hasta 600 megavatios de energía. A buen ritmo avanza EPM para entregar las turbinas de la fase 2 de Hidroituango, en donde las unidades de generación de energía 5 y 6 ya superan el 70% de labores de instalación y estarían listas para entrar en operación antes de finalizar 2027. Por su parte, las turbinas 7 y 8 podrían entrar a operar durante el primer trimestre del 2028.El reporte lo entregó el gerente general del Grupo EPM, Jhon Maya Salazar: “Y esperamos que para el próximo año ya tengamos también muy adelantado y ojalá funcionando dos máquinas de la segunda parte de las 5 a la 8. Vamos muy bien, vamos cumpliendo cronograma y esperamos dar la buena noticia a final del segundo semestre del próximo año”.Mientras avanzan estas obras, y en medio de la visita a la central en compañía de los ministras de Minas y Energía María Nohemi Arboleda y el de Ambiente Fabio Arjona, Empresas Públicas de Medellín ahora piensa en desengavetar uno de los proyectos clave para la generación de energía sobre el río Cauca.Se trata de la central Espíritu Santo, ubicada 18 kilómetros abajo de la presa de la Hidroituango, en el corregimiento de Puerto Valdivia, y cuyo desarrollo se pospuso en los últimos años, entre otras cosas, por la atención a la contingencia de 2018 en el proyecto.El alcalde Federico Gutiérrez destacó que este proyecto que aprovecharía aguas del Cauca podrá generar hasta 600 megavatios de energía, una cuarta parte de la que será capaz de producir Hidroituango con sus ocho turbinas operando.“Yo como presidente de la junta de EPM desde el primer momento en que volvimos al Gobierno pedí sacar de los anaqueles ese proyecto, volverlo a presentar y que sea una realidad, no solo para Antioquia, sino para el país. Colombia necesita energía firme”, aseguró Gutiérrez.Tras la adquisición en 2013 de la compañía Espíritu Santo Energy por 70 millones de dólares, EPM había llegado hasta una etapa de prefactibilidad de dicha central.Ahora, la empresa de servicios públicos busca alcanzar la factibilidad, formular estudios de impacto ambiental y recorrer todos los trámites que finalmente culminen en autorizaciones para desarrollar obras en límites entre Ituango, Briceño y Valdivia.El alcalde Gutiérrez destacó que Espíritu Santo se convierte en un proyecto clave en medio de la necesidad de más iniciativas para la producción de energía limpia en el país, especialmente en el contexto del cambio climático y situaciones como el fenómeno de El Niño.
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, afirmó que la reconstrucción de Cali será un proceso de largo aliento que tomará hasta cuatro años, y pidió paciencia a los damnificados que todavía esperan soluciones de vivienda. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales el mandatario aseguró que la prioridad de la Alcaldía son las 700 familias que perdieron por completo sus hogares porque sus edificios colapsaron.“En tres meses que cumplimos hoy, uno no se recupera o no reconstruye después de un terremoto. Hay que tener eso en cuenta”, dijo Eder, quien recordó que desde el primer día advirtió a los caleños sobre la magnitud del reto: “Tenemos que estar preparados porque iniciábamos a correr una maratón que dura 4 años y llevamos los primeros 3 meses de 4 años”.El mandatario ya había anticipado en ocasiones anteriores que la reconstrucción de Cali tomaría varios años. Según explicó, la atención pasó por una fase de rescate, luego por la recuperación de las víctimas, y hoy está concentrada en resolver el problema de vivienda.Bonos de vivienda para familias damnificados en CaliEder detalló que la Alcaldía mantiene contacto con los afectados a través de grupos de WhatsApp y que, de las 700 familias priorizadas, unas 400 han manifestado interés en acceder a las bonificaciones. La Alcaldía entregará bonos de 50 millones de pesos a hogares que perdieron su casa sin perder a un familiar, mientras que el Fondo Milagro otorga apoyos a quienes perdieron a un ser querido durante el sismo o se encuentran en situación de alto riesgo o vulnerabilidad socioeconómica.“Las bonificaciones pues no alcanzan para adquirir un apartamento, pero tienen forma de dar el cierre financiero”, explicó el alcalde, quien espera que desde la próxima semana decenas de familias comiencen a recibir sus viviendas.La apuesta, según Eder, es por viviendas nuevas, debido a que cumplen con los códigos antisísmicos actualizados y porque en la ciudad existe un inventario disponible de cerca de 900 unidades. El Gobierno nacional también anunció nuevas viviendas y mejoramientos para damnificados del Valle a través del Fondo Milagro.Los colapsos y demoliciones se concentran en las comunas 19, 2, 17 y 18, principalmente en la Comuna 19, una zona que, de acuerdo con el alcalde, alberga un importante sector de servicios médicos, entre ellos el Hospital Universitario del Valle.Demoliciones en Cali: hasta 120 estructurasEl alcalde explicó que en la ciudad se revisaron cerca de 14.000 edificios y que hasta ahora hay 85 inmuebles identificados para demolición, entre edificios y casas, de los cuales 20 ya fueron demolidos. Actualmente, la Alcaldía adelanta la demolición de cinco, privados con sus aseguradoras trabajan en otros tres y el Fondo Milagro iniciaría labores en una lista de 11. La cifra total, advirtió, podría llegar a entre 100 y 120 estructuras.“Demoler no es como que, bueno, ese edificio se ve mal, túmbelo. No, toca entrar, toca mirarlo, tienen que ver los ingenieros”, señaló Eder sobre la complejidad de las demoliciones de edificios afectados.Sobre la reconstrucción de nuevos edificios en los predios demolidos, el mandatario precisó que los estudios de suelo y los diseños tardan unos seis meses y la construcción otros 18 meses. Mientras tanto, las familias pueden usar los bonos para adquirir vivienda en otro sector. Eder agregó que en cuatro o cinco edificios las asambleas de copropietarios ya decidieron no reconstruir: “Esto es una tragedia. Aquí vivían familias, aquí habían memorias. En algunos de ellos murió gente”.El alcalde destacó además que, de las 20.000 personas evacuadas de sus casas, el 34 % tiene más de 62 años, y que la mayoría de los afectados pertenece a los estratos 4 y 5, una población para la que, según dijo, no están pensados los programas de apoyo social en Colombia.La situación en ChiminangosFrente a la desesperación de los damnificados, reflejada en las acciones que la Alcaldía adelanta para atender las afectaciones en el sector de Chiminangos tras las protestas de sus habitantes, Eder insistió en que “aquí no hay solución fácil”. De acuerdo con el alcalde, en ese sector del norte de Cali hay 288 torres construidas antes de 1985, antes de los códigos sísmicos, de las cuales 156 tienen sello rojo. Seis presentan daños muy graves y las otras 150 tienen afectaciones sobre todo en las escaleras. Los ingenieros entregarán los diseños de intervención en las próximas semanas, en un proceso que podría tardar hasta un mes antes de iniciar las obras. Aquí puede consultar cómo avanza la recuperación de Chiminangos.“Yo entiendo que hay desesperación, pero nosotros tenemos contacto permanente con la comunidad”, afirmó. El mandatario estimó que pasarán unos dos años hasta que estén terminadas las primeras torres de vivienda.Colegios y hospitales afectados por el terremotoEder reveló que más de 200 colegios resultaron afectados, 70 de gravedad, y ocho permanecen cerrados. En un momento llegaron a ser cerca de 60.000 estudiantes sin clases; hoy la cifra se acerca a los 15.000, y la meta es que todos regresen a las aulas antes de diciembre.Con recursos del sector privado se intervienen planteles como el Eustaquio Palacios, uno de los más grandes de la ciudad, a cargo de la Fundación Gilinski y la Fundación de la Primera Dama; el Nuevo Latir, en el oriente, donde ya iniciaron obras, y la institución educativa Antonio José Camacho, con 92 años de historia.En salud, el alcalde anunció mejoras en el Hospital Carlos Holmes Trujillo y aseguró que los cuatro hospitales nuevos que construye su administración resistieron el sismo sin problemas.Donaciones del sector privado para la reconstrucciónSobre los aportes de grandes donantes, Eder aseguró que los recursos están llegando a la gente: “100 % está llegando a la gente y creo que es un acto de tremenda generosidad”. Según sus cifras, el sector privado donó 1,6 billones de pesos a nivel nacional y cerca de 400.000 millones en Cali.El alcalde aclaró que ese dinero no ingresa al presupuesto público, sino que lo ejecutan las fundaciones privadas con direccionamiento de la Alcaldía. “No se dejen cuentear”, advirtió.Mercados para damnificados y partido de la SelecciónEder también destacó un programa con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con aportes de un millón de dólares de Cali y otro millón de la agencia de Naciones Unidas, para entregar tarjetas de mercado a 20.000 familias. Según dijo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, le confirmó que las ganancias del partido de la Selección en la ciudad irán para los damnificados y para apoyar este programa. Colombia y Chile se enfrentarán en un amistoso el 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, como se informó al anunciarse el partido. Al cierre, el mandatario reiteró que la recuperación trascenderá su mandato: “Yo seré el alcalde de Cali durante 1 año y 2 meses más y le voy a entregar todo cuerpo y alma a esta misión”. Y añadió: “Esto no es solo cifras, no solo edificios, hay familias y hay personas que lo perdieron todo”.
