En Sucre no todos están contentos con la entrega que este miércoles realizará el presidente Gustavo Petro de más de 1.000 hectáreas de las haciendas Simba y Potosí, las cuales estaban arrendadas a particulares que solo el pasado viernes fueron notificados de que debían retirarse de los predios, ante una terminación abrupta, por parte de la SAE, del contrato de arrendamiento.
Unos de los afectados son los propietarios de la comercializadora y distribuidora Támara, quienes, incluso, enviaron recientemente una carta titulada “derecho de súplica” al presidente de la República, en la que le piden un espacio para conversar sobre lo sucedido o un plazo de mínimo tres meses para retirarse del sitio.
Y es que la mudanza de esta empresa no es sencilla: tienen más de 33 hectáreas de tierra recientemente cultivadas con palma de aceite, 100 hectáreas de cultivos de maderables y más de 2.000 búfalos, siendo que la sola movida de estos últimos costaría más de $100 millones de pesos.
El suceso tiene desesperada a Norma Giraldo, quien tomó la vocería de la empresa para pedir una revisión o negociación de las inversiones que han hecho en esta finca de casi 800 hectáreas durante los últimos años.
"Es una falta de respeto que de la noche a la mañana lleguen y nos vayan a sacar así, sin sentarse a negociar, sin sentarse a ver qué vamos a hacer con toda una compañía, con todo un proyecto que ellos mismos nos exigieron", manifestó.
Desde la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras señalaron a Blu Radio que la culminación del contrato no será revertida, pues las tierras serán entregadas a campesinos e indígenas de Palmitos, Sucre, a partir de este miércoles.
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