Como un “primer paso” han catalogado los miembros del colectivo ‘Pacto Social por la Mojana’ el hecho de que el Tribunal Superior de Cundinamarca los haya admitido como parte de la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Estado, ante la falta de atención oportuna a la crisis invernal que padece esta subregión que componen 11 municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia.
Arnulfo Betancourt, líder social en La Mojana y quien presentó una solicitud de coadyuvancia desde hace casi ocho meses, indicó que a través de las vías legales buscarán que se cumplan los derechos e intereses colectivos de la subregión, teniendo en cuenta que más de 500.000 mil personas están damnificadas por las graves inundaciones desde agosto de 2021.
Siendo así, asegura que lo fundamental es que el Estado priorice las obras de mantenimiento en el jarillón del río Cauca, la reactivación económica total en los 11 municipios que componen la subregión y garantías en materia de salud pública.
"Lo más importante es que se tomen decisiones contundentes en proteger el jarillón del río Cauca, y la otra parte es la reactivación total de la subregión, sin omitir los temas de salud pública que es la más grave, todo en pro de atender las necesidades de las cientos de personas que aún se encuentran bajo el agua", explicó Betancourt.
Así mismo, confirmó que a la Presidencia de la República ya fue radicado el manifiesto público enviado a principios de esta semana para que el mismo jefe de Estado “se apersone” de la tragedia invernal que padece La Mojana y dé cumplimiento a siete puntos para atender la emergencia, entre los que se encuentran el nombramiento de una Alta Gerencia, condonación de deudas, el reforzamiento de los puntos críticos para evitar más boquetes, entre otros.
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