La Defensoría del Pueblo advirtió que, en medio de la emergencia por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo epicentro en San José del Palmar, se registraron múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita, perpetrados por el Clan del Golfo y el ELN. En total, la Defensoría contabiliza 384 familias y 1.339 personas afectadas, que además temen por la contaminación de su territorio con artefactos explosivos.
Según la Defensoría, hombres del Clan del Golfo permanecieron tres días en la comunidad de San Agustín, en Sipí, e impidieron a los pobladores pescar, cultivar y realizar sus prácticas ancestrales. Días después, en un recorrido realizado el 19 de agosto, la Defensoría constató el riesgo de desplazamiento y confinamiento por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que ya afectaba a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí. Fueron afectadas unas 405 familias, es decir cerca de mil 366 personas, y fueron evacuadas hacia Barranco y el municipio de Istmina.
Enfrentamientos armados en la subregión del San Juan en el departamento de Chocó generan desplazamiento y confinamiento.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 25, 2026
En medio de la emergencia humanitaria generada por el sismo de magnitud 7,3 en la escala de Richter, con epicentro en San José del Palmar, se registran… pic.twitter.com/vlxx3n4c2S
El 23 de agosto, un ataque con dron cargado de explosivos dejó heridas a tres personas, a dos hombres y una mujer, y provocó el desplazamiento de 90 familias más, es decir, unas 118 personas, hacia Barranco, Charco Largo y Charco Hondo, poblaciones que hoy están confinadas por las restricciones a la movilidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que el actuar de los grupos armados se trataba de una inaudita indolencia frente a un pueblo afectado por el sismo”. Además la situación estaría aumentando el riesgo para la población étnica del Consejo Comunitario ACADESAN, comunidad organizada en la región del río San Juan, y el pueblo indígena Emberá.
Por eso, la Defensoría pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y no poner en riesgo a la población civil. Y a las autoridades locales, departamentales y nacionales, activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes se desplazan y adelantar la caracterización de las víctimas para una respuesta integral. El organismo también solicitó una misión interinstitucional de verificación y anunció que seguirá haciendo seguimiento a la situación en la región.