Una acción de tutela interpuesta por habitantes del municipio de Vetas contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue admitida por un juez, en medio de la controversia que ha generado el nuevo procedimiento para la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
Los accionantes son Rosa María Galvis, Karina Andrea Rodríguez, Cristianísimos Ramírez y Alfonso Gelves, quienes dirigieron la acción constitucional contra el Ministerio de Ambiente, representado por la ministra encargada, Irene Vélez Torres.
La tutela cuestiona la Resolución 863 del 10 de julio de 2026, mediante la cual el Ministerio creó el procedimiento para adelantar una delimitación progresiva del páramo de Santurbán. Los demandantes sostienen que ese mecanismo desconoce lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017, que estableció las condiciones para desarrollar un nuevo proceso de delimitación con amplia participación ciudadana.
Entre las pretensiones de la tutela está que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la participación ciudadana en asuntos ambientales, el acceso a la información pública, la igualdad y el derecho de petición, al considerar que el procedimiento adoptado por el Ministerio amenaza esas garantías.
Además, solicitan que no se aplique la metodología contemplada en la Resolución 863 mientras no se ajuste a los parámetros fijados por la Corte Constitucional, que se dejen sin efectos las actuaciones adelantadas dentro de la consulta pública del proyecto de delimitación progresiva y que el proceso regrese al estado anterior a la expedición de esa resolución.
Los accionantes también piden que, antes de adoptar cualquier decisión definitiva, se adelante un proceso integral de concertación y participación con las comunidades de todos los municipios involucrados y que el Ministerio explique de manera expresa cómo fueron analizadas las observaciones presentadas por la ciudadanía.
En la tutela argumentan que el Gobierno modificó el alcance de la Sentencia T-361 al cambiar una delimitación integral por un esquema progresivo. Asimismo, aseguran que la consulta pública no garantiza una participación efectiva y que la información técnica fue publicada en formatos especializados que dificultan su comprensión por parte de las comunidades.
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Los demandantes aclaran que la acción no busca anular una delimitación ya expedida, sino frenar el procedimiento actual antes de que se adopte una decisión definitiva que, según sostienen, podría vulnerar nuevamente los derechos protegidos por la Corte Constitucional.
La abogada Gloria Lucía Álvarez, representante de los habitantes de Vetas, afirmó que la tutela fue presentada porque consideran que el Ministerio pretende modificar las reglas fijadas por la Corte Constitucional para la delimitación del páramo.
"Líderes de la comunidad han decidido emprender acciones legales contra la ministra de Ambiente saliente, Irene Vélez, porque a menos de seis días de dejar el cargo quiere cambiar las reglas de la sentencia de la Corte Constitucional para delimitar Santurbán", señaló.
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Según Álvarez, la Resolución 863 "autofaculta" al Ministerio para delimitar los páramos por partes, lo que, a su juicio, resulta contrario a la integralidad del ecosistema y busca aplicar ese modelo únicamente en Santurbán para delimitar primero los municipios donde existe actividad agropecuaria y minera tradicional.
Sostuvo además que la delimitación propuesta extendería la línea hacia zonas que, según la posición de las comunidades, no corresponden a ecosistemas de páramo y que la medida desconoce los acuerdos construidos durante años en el proceso participativo ordenado por la Corte Constitucional.
La representante de los accionantes aseguró que la decisión dejaría en condición de ilegalidad a personas que históricamente han desarrollado actividades económicas en la región, mientras, según dijo, persisten problemas de minería ilegal dentro del ecosistema.
Finalmente, expresó que esperan un pronunciamiento del juez en los próximos días y que la decisión garantice el debido proceso y los derechos fundamentales de las comunidades que consideran podrían verse afectadas por la delimitación progresiva propuesta por el Ministerio.
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