Un fuerte reclamo hizo la alcaldesa del municipio de Vetas, Santander, Angélica García, al Ministerio de Ambiente, al que le pide respetar los acuerdos de delimitación del páramo de Santurbán a los que llegaron comunidades y autoridades con esa cartera en 2022.
De acuerdo con la mandataria, luego de haber quedado en un acta de conciliación pactada la línea de protección de Santurbán en ese municipio desde hace tres años, durante una audiencia que se realizó el pasado 2 de julio de 2025 de seguimiento de la delimitación, el Ministerio de Ambiente cambió las condiciones.
García explicó que entre 2021 y 2022, como parte del proceso de delimitación ordenado por la Corte Constitucional, el municipio de Vetas alcanzó acuerdos de concertación sobre seis puntos clave, entre ellos el trazado de la línea del páramo. Esa línea, según indicó, fue definida con base en criterios técnicos, científicos, sociales, económicos y culturales, e incluso fue validada mediante visitas de campo.
Sin embargo, durante la audiencia de seguimiento presidida por la magistrada Luisa Fernanda Flórez, el apoderado del Ministerio de Ambiente inicialmente ratificó los acuerdos con Vetas y reconoció al municipio como concertado. Pero, tras un breve receso y luego de publicaciones en redes sociales por parte de miembros del Comité del Agua, el Ministerio retiró al apoderado y cambió su postura.
“De manera abrupta, le retiraron el poder al abogado que participaba en la audiencia y lo reemplazaron por otra abogada, quien desconoció los acuerdos previamente alcanzados con Vetas”, denunció la alcaldesa.
Para la mandataria, este cambio representa una seria amenaza a la seguridad jurídica del proceso. “Se firmaron acuerdos con la mediación del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo cual hace que estos sean legalmente exigibles. El Ministerio no puede cambiar su opinión así, de un momento a otro, dejando en el limbo a nuestra comunidad”, señaló.
Uno de los puntos pactados en 2022 fue la exclusión del casco urbano de Vetas y de toda la franja minera de la zona delimitada como páramo, ya que, según estudios y visitas técnicas, se trata en su mayoría de bosque andino y no ecosistema de páramo. Además, el municipio hizo ajustes a la línea propuesta en otros sectores para garantizar una mayor conservación ambiental, e incluso se corrigieron errores cartográficos presentes en la resolución 2090. Como parte de esos acuerdos, también una empresa minera entregó 250 hectáreas destinadas a la conservación del ecosistema.
“La comunidad hoy siente temor, porque no hay certeza de que lo que se acuerda con el Ministerio se vaya a respetar. Esto genera una profunda inseguridad jurídica que afecta a todo el municipio”, advirtió la alcaldesa, quien insistió en que el Gobierno Nacional debe actuar con responsabilidad, transparencia y respeto hacia los procesos participativos y concertados.
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