Las comunidades de la provincia de Soto Norte, especialmente habitantes de California, Santander, respaldaron la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual el anterior Gobierno había declarado una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto y, según las comunidades, permite dar cumplimiento al fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que advirtió vulneraciones relacionadas con los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana, debido proceso administrativo e igualdad durante el trámite de la reserva.
La tutela fue promovida por habitantes de California, quienes cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la consulta pública. El despacho judicial ordenó dejar sin efectos dicho proceso y reiniciarlo bajo garantías que permitan una participación ciudadana efectiva.
“Recibimos con alegría y esperanza la decisión de la Juez del juzgado Octavo, y nos dimos cuenta que vale la pena alzar la voz para defender nuestros derechos”, afirmó Rosa Amira Mendoza, directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte y quien interpuso la acción de tutela.
La dirigente comunitaria sostuvo que las comunidades no se oponen a la protección ambiental, pero reclaman que las decisiones sobre el territorio sean adoptadas con información completa, respaldo científico y participación de los habitantes.
Uno de los aspectos cuestionados durante el proceso judicial estuvo relacionado con la información disponible durante la consulta pública. De acuerdo con las pruebas analizadas por el juzgado, el Anexo Cartográfico No. 1, que contenía la delimitación de la reserva, no estaba publicado cuando comenzó la consulta, el 14 de julio, y fue incorporado posteriormente, el 22 de julio.
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El despacho también constató modificaciones posteriores al Documento Técnico de Soporte. Estas circunstancias, según la decisión judicial, afectaron las condiciones para que los ciudadanos pudieran participar de manera efectiva sobre una documentación completa y estable.
Por ello, la justicia ordenó reiniciar el procedimiento y garantizar la publicación simultánea de los documentos, la identificación de modificaciones, el acceso a versiones históricas, información técnica y cartográfica comprensible, un nuevo periodo completo de participación y espacios de socialización y deliberación con la comunidad.
Las comunidades también cuestionaron que la Resolución 0994 hubiera sido expedida el 6 de agosto, a menos de 24 horas de finalizar el anterior Gobierno Nacional, cuando ya estaba admitida una acción de tutela relacionada con el trámite y existía una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada.
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Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo Territorial de Soto Norte, calificó como positiva la revocatoria y aseguró que la decisión evita, según su interpretación, que el municipio de California quede limitado para desarrollar sus actividades económicas.
“Respaldamos de manera contundente la decisión del nuevo Ministerio de Ambiente de revocar la nefasta resolución de La Baja”, manifestó Maldonado.
El área objeto de la resolución está ubicada, de acuerdo con las comunidades, por fuera de los límites del Páramo de Santurbán. Por esa razón, consideran que la revocatoria no representa un desconocimiento de la necesidad de proteger el agua y los ecosistemas de la región.
El Ministerio de Ambiente, según lo señalado en el pronunciamiento de las comunidades, adelantará una nueva evaluación técnica y jurídica para determinar las medidas de protección que correspondan sobre la zona.
“Queremos que se proteja el agua, pero también que se respeten los derechos de las familias que viven allí, que se reconozca la realidad del territorio y que podamos participar en las decisiones que van a afectar nuestro futuro”, agregó Rosa Amira Mendoza.
De esta manera, los habitantes de Soto Norte esperan que el nuevo procedimiento permita discutir nuevamente las medidas para La Baja, esta vez bajo condiciones de participación, información y seguridad jurídica, mientras se mantiene el debate sobre la protección ambiental de esta zona de Santander.