Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la muerte de Carmen Ángel Acosta Velásquez, recluido en la cárcel de Palogordo en Girón, Santander, ocurrida el pasado 14 de septiembre de 2025, presuntamente por falta de atención médica oportuna.
De acuerdo con el colectivo Abogados Defensores de Pueblos, “Acosta presentó graves problemas de salud desde el 21 de agosto, incluyendo vómito constante, dolor de cabeza y desnutrición, pero no recibió el tratamiento adecuado ni fue remitido a un hospital. La atención brindada, según la denuncia, se limitó a la entrega de calmantes”.
En un comunicado, los presos políticos recluidos en varias cárceles del país señalaron como responsables de la omisión al INPEC, a la EPS Norsalud IV y a la dirección del penal, al considerar que no garantizaron la atención especializada ni el traslado hospitalario a tiempo.
La denuncia también señala que, pese a los llamados públicos y a una huelga de hambre en exigencia de atención médica, no se adoptaron medidas para preservar la vida del interno.
“Este caso es una violación a derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana, contemplados tanto en la Constitución colombiana como en normas internacionales. Además, advirtieron que la situación refleja un patrón sistemático de negligencia en el sistema penitenciario del país”, dice el comunicado.
Las organizaciones exigieron a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Salud abrir investigaciones disciplinarias, administrativas y penales contra los responsables, así como al Gobierno Nacional adoptar medidas para evitar la repetición de hechos similares.
Acosta Velázquez, conocido como alias ‘Cuarenta’, había sido capturado en septiembre de 2024, en un operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Inteligencia Policial (Dijin), tras una orden emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías de Cúcuta por el delito de concierto para delinquir.
En su momento, las autoridades lo señalaron como presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Pelusos, con injerencia en Ocaña, Norte de Santander. Era acusado de liderar las milicias urbanas de esa estructura, de ordenar homicidios selectivos y de participar en cobros extorsivos a comerciantes de la región.
Entre los señalamientos en su contra figuraba su presunta participación como autor intelectual del homicidio del líder sindical y docente Dagoberto Bayona Santiago, ocurrido en Ocaña. Además, contaba con antecedentes por homicidio y secuestro simple agravado contra una persona con discapacidad.
Hernando mantilla, defensor de derechos humanos y carcelarios en Santander, cuestionó la atención y las consideraciones de los médicos para hacer remisiones a centros asistenciales.
“Los médicos de las cárceles siguen tenido un concepto casi que general sobre la salud de los internos que llegan a buscar atención médica al área de sanidad de las cárceles, casi siempre estos médicos tienen tres palabras básicas con las que describen la situación del interno, ‘no hay mérito para un traslado a una clínica u hospital , no hay mérito para atención especializada dentro de misma cárcel’ como vemos en este caso que dijeron lo mismo parece que si había médico y ahí están las consecuencias”, dijo Mantilla.
Y agregó: “Cuál es la responsabilidad del Inpec en esta situación. Pienso que se limita a dos situaciones que tiene que ver con el traslado. El Inpec es el responsable del traslado de los internos que piden ir al área de sanidad y esto a veces no es inmediato”, puntualizó.
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