La empresa de transporte COOTRANSBOL LTDA., conocida comercialmente como Líneas Concorde, hizo un llamado urgente a las autoridades tras denunciar amenazas, extorsiones y ataques contra sus vehículos en la ruta Bogotá–Cúcuta, corredor que atraviesa zonas de Santander.
En un comunicado oficial, la compañía aseguró que sus directivos, propietarios de vehículos y trabajadores administrativos y operativos atraviesan una situación de zozobra por las presiones que, según denunció, provendrían de grupos armados ilegales que les exigirían el pago de dinero a cambio de permitirles trabajar.
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La empresa sostuvo que ha rechazado pagar las llamadas “vacunas” y que esa decisión ha estado acompañada de amenazas directas y hechos violentos que, advirtió, ponen en riesgo la vida de los conductores y pasajeros, además de afectar su operación y patrimonio.
La dimensión de la situación quedó reflejada en el balance entregado por la compañía cuatro vehículos incinerados y uno impactado por arma de fuego en la ruta Bogotá–Cúcuta y su trayecto de regreso.
El caso más reciente ocurrió en la vía Curos–Málaga, en jurisdicción de Santander, donde hombres armados habrían obligado a los ocupantes de un bus de la empresa a descender antes de prenderle fuego al vehículo. De acuerdo con la información conocida sobre el ataque, los pasajeros y los conductores lograron salir y no se reportaron víctimas mortales en ese hecho.
La empresa aseguró que ya puso la situación en conocimiento de las autoridades competentes, pero considera que la gravedad de los ataques exige una respuesta estatal más contundente y coordinada. Por eso, pidió medidas concretas de prevención y protección para quienes trabajan y se movilizan por este corredor vial.
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En su pronunciamiento, Líneas Concorde hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que refuercen las acciones de seguridad y garanticen la protección de sus trabajadores, asociados y usuarios.
La compañía advirtió que los ataques no son únicamente pérdidas económicas, sino una amenaza directa para quienes prestan y utilizan el servicio de transporte público intermunicipal. También insistió en que la seguridad de los pasajeros y conductores debe ser una prioridad para el Estado.