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La crisis de movilidad en Santander, provocada por protestas sociales por aumento en los precios de avalúo catastral e impuesto predial, ha escalado hasta comprometer la operación del aeropuerto Palonegro, que presta servicios a Bucaramanga.
Ante la imposibilidad de que el personal clave llegue a las instalaciones por tierra, debido a los bloqueos, el gobernador Juvenal Díaz tomó la decisión de utilizar el helicóptero oficial de la Gobernación para transportar a los controladores aéreos y técnicos necesarios para la seguridad aeroportuaria.
El mandatario departamental informó que la medida se tomó tras un reporte del gerente del aeropuerto Palonegro sobre las dificultades de acceso del personal especializado.
"Estamos generando las condiciones para que eso se normalice. El gerente del aeropuerto nos manifiesta que tiene problemas para la llegada de los controladores aéreos, entonces, yo lo llamé esta mañana y le ofrecimos el helicóptero al servicio de la Gobernación", afirmó el gobernador, explicando que la aeronave está al servicio de la terminal para subir a "los controladores, los técnicos, y personal que se necesita para la seguridad y operación".
Según la gerencia del aeropuerto, una vez que estos funcionarios estén en sus puestos, se podrá garantizar la reanudación de los vuelos.
Los manifestantes han cerrado puntos neurálgicos como la vía al aeropuerto, además de bloqueos en Pinchote y Piedecuesta.
El gobernador Díaz hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Transporte y al IGAC, para que atiendan las inquietudes de los ciudadanos, señalando que existe una "indolencia total" frente a las promesas incumplidas en infraestructura y los cobros excesivos.
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"Hacer un llamado al Gobierno nacional para que atienda a estas personas. Hay una indolencia total del gobierno nacional", enfatizó.
Mientras los controladores llegan por aire, los pasajeros enfrentan un calvario por tierra. Muchos viajeros han tenido que caminar tramos de hasta un kilómetro para intentar llegar a la terminal aérea.
A pesar de la presión por utilizar la fuerza pública para despejar las vías, el gobernador explicó que se están siguiendo los protocolos nacionales que priorizan el diálogo.
“El derecho a la protesta tiene que ser también el derecho a que los escuchen”, sentenció el mandatario, instando a las autoridades nacionales a resolver el conflicto de fondo para normalizar la vida en el departamento.
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