De acuerdo con la Alerta Temprana 015 de 2026 de la Defensoría del Pueblo, en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana, entre ellos Piedecuesta, existe una recomposición del mapa criminal en la que varias estructuras se disputan el control microterritorial y de las economías ilegales.
Entre las organizaciones identificadas por la Defensoría aparecen Los del Sur, Los del Norte o San Rafael, Claverianos, Villas de Girardot, La Cordillera, Los Manchados, Choricaldas y Los Paparotes. La disputa está relacionada con el control de mercados como el microtráfico, además de otras rentas ilegales.
El municipio fue escenario de un nuevo Consejo de Seguridad en el que se analizaron las acciones que deberán implementarse para contener el avance de las organizaciones dedicadas al tráfico local de estupefacientes y otras actividades ilegales.
Se planteó fortalecer las acciones de prevención, control e investigación criminal, con el objetivo de identificar a los responsables de las actividades ilegales y afectar las estructuras que estarían detrás de ellas.
Las autoridades también solicitarán mayor capacidad operativa de la Policía y el Ejército para reforzar la presencia institucional en Piedecuesta.
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El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández , señaló que la estrategia debe tener dos componentes, uno preventivo para enfrentar el consumo de sustancias y mejorar la convivencia, y otro investigativo para llegar a las organizaciones que manejan el negocio ilegal.
La disputa por territorios y rentas ilegales también está relacionada con hechos violentos registrados en el área metropolitana.
La Defensoría advirtió que esta confrontación puede traducirse en homicidios, extorsiones, amenazas, desplazamientos y mecanismos de control sobre la población, especialmente en los sectores donde las estructuras buscan consolidar su dominio.
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Por eso, las autoridades de Piedecuesta anunciaron que intensificarán el trabajo de inteligencia y las investigaciones judiciales para identificar a los integrantes y cabecillas de las estructuras que estarían disputándose el territorio.
Además, se mantiene una recompensa de hasta $30 millones por información que permita avanzar en investigaciones y capturas relacionadas con hechos violentos y estructuras criminales.
La apuesta de las autoridades es evitar que la disputa por las rentas ilegales termine consolidando nuevas zonas bajo control criminal en Piedecuesta.