La Procuraduría General de la Nación requirió información urgente a las directivas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Gil para verificar las medidas adoptadas frente al brote de tuberculosis detectado en esa cárcel y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad.
La actuación preventiva del Ministerio Público se produjo luego de conocerse, a través de medios de comunicación, la confirmación por parte de la Secretaría de Salud de San Gil sobre la aparición de un brote de tuberculosis en el penal, donde habría al menos 29 personas contagiadas entre internos y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Ante esta situación, la Procuraduría solicitó a las autoridades penitenciarias un informe detallado sobre el número actual de casos detectados y el estado de salud de cada uno de los afectados. Además, pidió información sobre la existencia de zonas de aislamiento dentro del establecimiento, su capacidad y las condiciones en las que permanecen los pacientes.
El ente de control también busca establecer qué entidad está prestando los servicios médicos y de enfermería en la cárcel de San Gil, así como conocer los protocolos sanitarios y de atención que fueron implementados para contener la emergencia de salud pública.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil indicó que el objetivo de estas acciones es verificar que se estén garantizando condiciones adecuadas de atención y prevención para evitar una mayor propagación de la enfermedad dentro del centro penitenciario.
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