La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo a la Escuela Normal Superior de Bucaramanga para verificar posibles irregularidades en la asignación académica de 2026 y situaciones administrativas que estarían afectando el funcionamiento de la institución educativa.
La actuación del Ministerio Público se produce después de recibir una queja presentada por docentes y representantes del Consejo Estudiantil, quienes manifestaron su preocupación por presuntas dificultades en la participación del Consejo Académico, la socialización de actos administrativos y otros procedimientos relacionados con la gestión académica y administrativa del plantel.
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De acuerdo con la Procuraduría, el propósito es verificar qué medidas han adoptado las directivas de la institución y las autoridades educativas para atender las situaciones denunciadas, así como establecer si se están respetando el debido proceso administrativo, la participación de los órganos de gobierno escolar y los derechos de la comunidad educativa.
Para avanzar en esta revisión, el organismo de control ha realizado mesas de trabajo y enviado requerimientos de información a la Secretaría de Educación de Bucaramanga y a la rectora de la institución, con el fin de conocer las actuaciones adelantadas frente a las quejas.
La intervención preventiva de la Procuraduría se conoce en medio de una controversia que lleva varios meses en la Escuela Normal Superior y que ha involucrado a estudiantes, padres de familia y docentes.
Las primeras manifestaciones de inconformidad se hicieron visibles a comienzos de 2026, cuando padres de familia y estudiantes cuestionaron cambios en los horarios escolares, la reducción del tiempo de almuerzo, las formaciones obligatorias y modificaciones en los espacios de descanso. También se plantearon reclamos por la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la disponibilidad de docentes.
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Posteriormente, el 21 de septiembre, estudiantes realizaron una protesta para exigir soluciones a sus reclamaciones y pedir cambios en la dirección del colegio. Entre los cuestionamientos expuestos estaban el manejo administrativo, los horarios, la infraestructura y la participación estudiantil en las decisiones institucionales.
A estas inconformidades se sumó la posición de un grupo mayoritario de docentes, que a finales de septiembre solicitó el traslado de la rectora Ana Isabel Pino. Los profesores argumentaron que existía un deterioro del ambiente laboral y señalaron presuntas afectaciones psicosociales relacionadas con la gestión directiva.
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En octubre, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, participó en una mesa de trabajo con representantes de la comunidad educativa y la Secretaría de Educación para escuchar las inconformidades e intentar superar el conflicto. Sin embargo, las diferencias continuaron.
Incluso, el pasado 10 de noviembre, docentes alertaron sobre una posible supresión de grupos de los grados sexto y octavo para 2027, decisión que, según manifestaron, podría tener consecuencias académicas, administrativas y laborales.
Por su parte, el pasado 17 de noviembre, la rectora Ana Isabel Pino aseguró que no renunciará y defendió las decisiones adoptadas durante su administración. En declaraciones a medios de comunicación, sostuvo que los cambios buscan proteger a los estudiantes y garantizar la presencia de adultos responsables dentro de la institución.
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Con este nuevo seguimiento, la Procuraduría busca establecer si las actuaciones administrativas y académicas cuestionadas se ajustan a la normativa y si las autoridades competentes han adoptado medidas para atender las preocupaciones de la comunidad educativa.