Red de explotación sexual de menores usaba bares y hoteles de Bucaramanga: once capturados
La red contaba también con el apoyo de propietarios y administradores de establecimientos de hospedaje para cometer estos delitos.
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Una red delictiva que operaba en Bucaramanga, Santander, fue desarticulada con la captura de los integrantes de la banda. Este grupo se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad, incluidas adolescentes trans y migrantes en situación de vulnerabilidad.
Las Fiscalía General confirmó la captura y judicialización de once presuntos integrantes de esta estructura, señalada de convertir los parques Centenario y Santander en escenarios de captación de víctimas.
De acuerdo con los investigadores, el negocio ilícito crecía a costa de la integridad de niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros. La red funcionaba con roles claramente definidos: mientras algunos captaban a las víctimas, otros facilitaban transporte, alojamiento y espacios donde se llevaba a cabo la explotación sexual.
Según la Fiscalía, las mujeres trans Diana Chinchilla y María José Barón Correa cumplían un papel central en la exposición de las adolescentes y la concertación de los servicios sexuales. Estas actividades se desarrollaban en residencias, hoteles y bares que permanecían disponibles para recibir a las víctimas.
En otros casos, Leonela Milagros Carreño Palencia, ciudadana venezolana, presuntamente captaba a menores y les proporcionaba documentos de identidad falsos para hacerlas pasar como mayores de edad. Las evidencias indican que incluso habría explotado sexualmente a familiares suyos que eran menores.
La red contaba también con el apoyo de propietarios y administradores de establecimientos de hospedaje, identificados como Roberto Suárez Gelvez, Luz Stella Vega Jiménez, Ana Lucía Parra Gelvez, Edwin Fernando Sánchez y Dennis Coromoto Farfán Cedeño, quienes habrían permitido que las adolescentes ingresaran sin dejar registros en los libros de control de huéspedes.
De igual manera, el dueño de un bar, Jhon Edison Echavez Armesto, es señalado de facilitar sus instalaciones para la explotación. Los taxistas Héctor Corzo García y Daniel Collazos Cárdenas completaban la operación al encargarse de los traslados de las víctimas por diferentes puntos de la ciudad.
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Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a los procesados el delito de trata de personas agravada. Además, a Collazos Cárdenas y Echavez Armesto se les formularon cargos adicionales por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, lo que da cuenta del carácter múltiple de las actividades criminales.
La investigación también reveló que las sumas obtenidas eran administradas por las articuladoras principales, lo que consolidaba el negocio ilícito a costa de la explotación de menores de edad.
Por orden de los jueces de control de garantías, diez de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Luz Stella Vega Jiménez permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.