Más de 50.000 firmas fueron entregadas este miércoles al Tribunal Administrativo de Santander por organizaciones de activistas ambientales que buscan respaldar la solicitud de medidas cautelares para evitar que se levanten las medidas de supuesta protección ambiental en el entorno del páramo de Santurbán.
La iniciativa es liderada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, luego de la decisión del Ministerio de Ambiente del gobierno Petro de revocar una resolución que había protegido cerca de 1.500 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en jurisdicción de California.
La entrega de las firmas se realizó ante el Tribunal Administrativo de Santander, instancia que hace seguimiento al proceso de delimitación del páramo de Santurbán, un trámite que lleva más de una década y que ha sido objeto de diferentes decisiones judiciales y administrativas.
Los activistas ambientales piden que la justicia adopte medidas cautelares mientras se define el futuro de las normas de protección ambiental en esta zona.
Mayerly López, vocera del Comité de Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, señaló que el propósito es evitar que la protección ambiental quede suspendida o sometida a nuevas decisiones administrativas.
El reclamo se produce después de que el Ministerio de Ambiente, mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto, revocara la Resolución 0994, expedida apenas una semana antes, el 6 de agosto, durante el cierre del Gobierno de Gustavo Petro.
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La norma revocada había declarado una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.500 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja. La medida impedía el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones y licencias para proyectos de mediana y gran minería en el área, aunque contemplaba excepciones para situaciones jurídicas consolidadas y permitía avanzar en procesos de formalización de pequeña minería bajo condiciones ambientales.
Para el Comité, la decisión del actual Ministerio de Ambiente representa un retroceso en la protección de una zona estratégica para el recurso hídrico y advierte que la eliminación de la reserva podría abrir nuevamente la puerta a actividades mineras en el área.
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¿Por qué el Gobierno revocó la protección?
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, ha defendido la decisión y sostiene que la revocatoria no significa renunciar a la protección ambiental de La Baja.
Según el Ministerio, la Resolución 0994 fue expedida el 6 de agosto, a menos de 24 horas de terminar el Gobierno anterior, pese a que existía una tutela admitida y una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez.
El Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga había advertido posibles vulneraciones al derecho de participación de habitantes de California y ordenado reiniciar el proceso correspondiente. Por esa razón, el Ministerio sostiene que era necesario dejar sin efectos la resolución y comenzar nuevamente la evaluación.
Arjona ha insistido en que “proteger La Baja sigue siendo necesario”, pero bajo un procedimiento que garantice la participación efectiva de las comunidades, además de criterios científicos, transparencia y seguridad jurídica.
“Lo que estamos haciendo no elimina la necesidad de proteger La Baja, sino que retrotrae el proceso al punto en que debe garantizarse la participación efectiva de todos los actores”, afirmó el ministro.
El Ministerio asegura que adelantará una nueva evaluación técnica, jurídica, ambiental y procedimental para determinar las medidas de protección que deberán aplicarse en la microcuenca. También aclara que la revocatoria no constituye un pronunciamiento definitivo contra los fundamentos ambientales de la iniciativa de protección.
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Sin embargo, los ambientalistas cuestionan esta explicación. El Comité sostiene que la decisión judicial que motivó la actuación del Ministerio ordenaba corregir las fallas relacionadas con la participación ciudadana y no necesariamente eliminar de manera definitiva la reserva ambiental.
El debate deja nuevamente enfrentadas dos posiciones: mientras los defensores de Santurbán a través de dicho comité, quienes abiertamente han expresado su apoyo político a Gustavo Petro e Iván Cepeda, reclaman mantener medidas inmediatas de protección para evitar que se desarrollen actividades que puedan afectar el sistema hídrico, el Gobierno del presidente De La Espriella sostiene que cualquier decisión debe surgir de un proceso con participación de las comunidades, respaldo científico y garantías jurídicas.
Ahora será el Tribunal Administrativo de Santander el que deberá estudiar la solicitud de medidas cautelares presentada por los activistas, en medio de una disputa ambiental que lleva más de 15 años y que nuevamente pone a Santurbán en el centro de la discusión nacional.