Un nuevo caso sobre presuntas fallas en la entrega de medicamentos a una menor de edad en Santander desató controversia entre la empresa dispensadora Offimedicas y la familia de la paciente, dejando en evidencia versiones encontradas sobre lo ocurrido.
El caso salió a la luz luego de que Lisbeth Jaimes, madre de la niña de 12 años, publicara varios videos en redes sociales denunciando la falta de entrega del medicamento Tacrolimus 1 mg, esencial para evitar el rechazo de un trasplante de hígado que recibió su hija hace cuatro años.
Según relató Jaimes, durante más de un mes y medio acudieron al dispensario sin éxito. “Nos decían que no había medicamento, que no tenían cómo entregarlo. Mi mamá fue varios días y el dispensario estaba totalmente sin medicamentos, ni siquiera acetaminofén había”, aseguró.
La madre explicó que la menor no puede suspender el tratamiento, ya que toma cuatro miligramos diarios para evitar complicaciones graves. “Si no lo toma, puede haber un rechazo y terminar en lo peor”, afirmó.
Jaimes indicó que solo tras la presión en redes sociales y la intervención de la Superintendencia de Salud se logró la entrega del medicamento.
“Fue por la presión, porque yo fui a las seis de la mañana y no había nada, pero a las nueve me llamaron que ya podía reclamarlo. Milagrosamente apareció”, dijo. El fármaco, agregó, fue enviado posteriormente hasta su vivienda en taxi por una funcionaria.
Sin embargo, la versión de Offimedicas, a través de un comunicado oficial, es distinta. La empresa aseguró que “no ha existido negación” en la prestación del servicio y que, por el contrario, el medicamento ha sido entregado de manera oportuna desde 2024, incluso el mismo día de la radicación de las fórmulas médicas.
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La compañía presentó un registro de dispensaciones que, según afirma, demuestra la continuidad del tratamiento de la menor, y cuestionó las declaraciones del superintendente, señalando que se ha generado desinformación que afecta su reputación.
No obstante, Offimedicas reconoció que pueden presentarse episodios de desabastecimiento, aunque atribuyó esta situación a una problemática estructural del sistema de salud, especialmente por deudas de las EPS. Según la empresa, la Nueva EPS mantiene obligaciones por más de 54 mil millones de pesos, lo que impacta la disponibilidad de medicamentos.
Esta explicación coincide parcialmente con lo señalado por la madre de la menor, quien aseguró que en el dispensario le informaron sobre problemas contractuales y falta de suministro por parte de la EPS.
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El caso también deja en evidencia que, pese a la versión oficial de cumplimiento, la familia continuó reportando dificultades recientes. De hecho, Jaimes indicó que al intentar reclamar el medicamento correspondiente a mayo nuevamente le informaron que no había disponibilidad.
La situación ha reabierto el debate sobre la responsabilidad en la entrega de medicamentos dentro del sistema de salud: mientras el dispensador asegura cumplimiento y señala problemas financieros de las EPS, los usuarios denuncian demoras que ponen en riesgo tratamientos vitales.
Entre tanto, la menor continúa dependiendo de un medicamento que debe tomar diariamente, mientras su familia espera que no se repitan los retrasos y que su tratamiento se garantice sin necesidad de acudir a la presión pública.
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