La cartera de la industria farmacéutica en Colombia cerró 2025 en $4,7 billones, según la más reciente actualización del estudio presentado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido), en alianza con la firma Sectorial. De ese total, entre $1,59 y $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es decir, facturas que ya superaron los plazos de pago establecidos, lo que representa más de un tercio del total adeudado.
El informe, con corte al cuarto trimestre de 2025, evidencia un deterioro frente a años anteriores. Mientras en diciembre de 2023 el vencimiento de cartera se ubicaba en 17,5 %, y en 2024 en 23,4 %, para el cierre de 2025 alcanzó 37,4 %, lo que refleja un incremento progresivo en los niveles de morosidad del sistema de salud.
Uno de los segmentos con mayor peso es el canal institucional, encargado de la entrega de medicamentos dentro del proceso de aseguramiento. Allí la deuda asciende a $3,4 billones, de los cuales cerca de $997 mil millones están en cartera vencida, equivalente al 28,7 % del total de ese canal.
En cuanto a la composición general, la cartera corriente representa el 66,6 % del total (alrededor de $3,18 billones). Sin embargo, dentro de ese monto, el 20,5 % ya presenta retrasos superiores a 121 días, lo que incrementa el riesgo de impago. A esto se suma que la cartera castigada, considerada de difícil o nula recuperación, pasó de 3,59 % en septiembre de 2025 a 6,53 % en diciembre del mismo año.
Otro indicador que muestra el impacto financiero es la rotación de cartera. El tiempo promedio de pago se ubicó en 196 días, frente a 134 días en diciembre de 2024 y 125 días en 2023, ampliando los plazos en los que las compañías reciben los recursos por medicamentos y tecnologías ya entregadas.
El análisis también revisa el flujo de recursos hacia el sistema. Entre enero y octubre de 2025 se giraron $80 billones, un crecimiento de 7,23 %, inferior al promedio superior al 10 % registrado en años anteriores. Esta desaceleración ocurre en un contexto de mayor demanda de servicios y aumento de costos en salud.
El documento relaciona estos resultados con proyecciones de la Contraloría General de la República que advierten un incremento en la probabilidad de riesgo sistémico del sector, pasando de 30 % en 2019 a 49,5 % en 2024, con una posible proyección de 60,4 % en 2026.
En este escenario, Afrido planteó la necesidad de revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo incremento para 2026 fue fijado en 9,03 %, pese a que análisis técnicos estimaban un ajuste cercano al 15 % para cubrir los costos reales del sistema. El gremio también propuso instalar mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradores y prestadores, fortalecer la trazabilidad de los recursos y explorar fuentes complementarias de financiación.
Según el informe, el 58 % de la población asegurada estaría afiliada a entidades con dificultades financieras y operativas, lo que podría incidir en barreras de acceso y en la oportunidad de los servicios para millones de usuarios del sistema de salud.