La cartera de la industria farmacéutica en Colombia cerró 2025 en $4,7 billones, según la más reciente actualización del estudio presentado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido), en alianza con la firma Sectorial. De ese total, entre $1,59 y $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es decir, facturas que ya superaron los plazos de pago establecidos, lo que representa más de un tercio del total adeudado.El informe, con corte al cuarto trimestre de 2025, evidencia un deterioro frente a años anteriores. Mientras en diciembre de 2023 el vencimiento de cartera se ubicaba en 17,5 %, y en 2024 en 23,4 %, para el cierre de 2025 alcanzó 37,4 %, lo que refleja un incremento progresivo en los niveles de morosidad del sistema de salud.Uno de los segmentos con mayor peso es el canal institucional, encargado de la entrega de medicamentos dentro del proceso de aseguramiento. Allí la deuda asciende a $3,4 billones, de los cuales cerca de $997 mil millones están en cartera vencida, equivalente al 28,7 % del total de ese canal.En cuanto a la composición general, la cartera corriente representa el 66,6 % del total (alrededor de $3,18 billones). Sin embargo, dentro de ese monto, el 20,5 % ya presenta retrasos superiores a 121 días, lo que incrementa el riesgo de impago. A esto se suma que la cartera castigada, considerada de difícil o nula recuperación, pasó de 3,59 % en septiembre de 2025 a 6,53 % en diciembre del mismo año.Otro indicador que muestra el impacto financiero es la rotación de cartera. El tiempo promedio de pago se ubicó en 196 días, frente a 134 días en diciembre de 2024 y 125 días en 2023, ampliando los plazos en los que las compañías reciben los recursos por medicamentos y tecnologías ya entregadas.El análisis también revisa el flujo de recursos hacia el sistema. Entre enero y octubre de 2025 se giraron $80 billones, un crecimiento de 7,23 %, inferior al promedio superior al 10 % registrado en años anteriores. Esta desaceleración ocurre en un contexto de mayor demanda de servicios y aumento de costos en salud.El documento relaciona estos resultados con proyecciones de la Contraloría General de la República que advierten un incremento en la probabilidad de riesgo sistémico del sector, pasando de 30 % en 2019 a 49,5 % en 2024, con una posible proyección de 60,4 % en 2026.En este escenario, Afrido planteó la necesidad de revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo incremento para 2026 fue fijado en 9,03 %, pese a que análisis técnicos estimaban un ajuste cercano al 15 % para cubrir los costos reales del sistema. El gremio también propuso instalar mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradores y prestadores, fortalecer la trazabilidad de los recursos y explorar fuentes complementarias de financiación.Según el informe, el 58 % de la población asegurada estaría afiliada a entidades con dificultades financieras y operativas, lo que podría incidir en barreras de acceso y en la oportunidad de los servicios para millones de usuarios del sistema de salud.
Blu Radio conoció el más reciente estudio de cartera elaborado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido), en el que se analiza el estado de las cuentas por cobrar de la industria farmacéutica afiliada durante el tercer trimestre de 2025.El informe señala que la cartera total de los afiliados a Afrido alcanzó los $5,2 billones. Este monto corresponde al valor acumulado de medicamentos y tecnologías que ya fueron entregados y facturados, pero que aún no han sido pagados por los distintos actores del sistema. De ese total, $1,8 billones se encuentran en condición de cartera vencida, al haber superado los plazos de pago establecidos.De acuerdo con el documento, el 33,85 % de esa cartera se encuentra vencida. Los gestores farmacéuticos concentran la mayor parte de las cuentas por cobrar, con $3,2 billones, lo que equivale al 62 % del total reportado. De ese monto, $1,3 billones corresponden a pagos que no se han realizado dentro de los plazos previstos.El informe concluye que estas cifras permiten dimensionar el volumen de recursos que la industria farmacéutica mantiene pendiente de recibir y muestran cómo los retrasos en los pagos se concentran principalmente en algunos actores del sistema de salud.
En diálogo con Mañanas Blu, Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), expresó su profunda preocupación tras el anuncio del gobierno nacional sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Gaitán calificó la situación actual del sistema de salud como "calamitosa", señalando que las decisiones financieras recientes ignoran las realidades operativas y las necesidades urgentes de los ciudadanos.Un ajuste sin concertación y un déficit acumuladoSegún el presidente de Afidro, las mesas técnicas para definir la UPC, ordenadas por la Corte, parecieron ser un simple procedimiento formal carente de un ánimo real de concertación. Gaitán destacó que el comunicado oficial del gobierno se emitió apenas unas horas después de una mesa de diálogo fallida, lo que sugiere que no se tuvo en cuenta nada de lo conversado durante dichas sesiones.Esta falta de acuerdo se suma a un déficit de más de 11 puntos de incremento que ya se arrastraba desde el año anterior. Para Afidro, el ajuste actual se queda corto frente a las proyecciones metodológicas y cuantitativas necesarias, especialmente considerando el impacto del incremento del salario mínimo en la prestación de servicios y la mayor demanda proyectada para 2025 por el envejecimiento de la población.El colapso operativo: carteras morosas y retrasos en medicamentosLa crisis no es solo presupuestal, sino operativa. Gaitán advirtió que el riesgo de colapso del sistema ha escalado del 30% en 2019 al 60% en la actualidad, según cifras de la Contraloría. Este deterioro se traduce en cifras alarmantes: incidencias de más de 250 días para la entrega de medicamentos y carteras que superan los 180 a 200 días de mora en los pagos a los laboratorios."En realidad la cadena se rompió", afirmó Gaitán, explicando que cuando se desfinancia a los prestadores y gestores farmacéuticos, estos dejan de dispensar medicamentos, como ya ha ocurrido con entidades como la Nueva EPS. Esto genera un efecto dominó donde, aunque haya disponibilidad de productos en la industria, los actores del sistema no los solicitan por falta de sostenibilidad financiera.El aumento del gasto de bolsillo y la desigualdadUno de los impactos más críticos para el ciudadano es el incremento del "gasto de bolsillo". Al no encontrar medicamentos por los canales institucionales de sus EPS, los colombianos se ven obligados a acudir a droguerías comerciales y pagar de su propio dinero. Gaitán enfatizó que el gasto de bolsillo es sinónimo de desigualdad, ya que impacta desproporcionadamente a las clases menos favorecidas que no cuentan con los recursos para suplir lo que el sistema debería garantizar.Escuche aquí la entrevista:
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo en Colombia (Afidro) advirtió que el país enfrenta una crisis en el sistema de salud marcada por la falta de recursos y por las dificultades en el flujo de financiación que impactan directamente a los pacientes. Catalina Bello, directora de Acceso y Sostenibilidad del gremio, explicó que uno de los puntos centrales en este momento es la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, y destacó la importancia de que el ajuste sea suficiente para responder a las necesidades de atención.Según Bello, desde hace casi cuatro años existe una brecha de entre 7 y 8 puntos entre la UPC estimada y el valor que finalmente se ajusta, lo que ha acentuado las presiones financieras en el sistema.La directora señaló que, con base en los análisis realizados por Afidro, el incremento requerido para 2026 debe ser del 15 %, una cifra que asegura corresponde al costo real de los servicios cubiertos por esta prima anual.Agregó que el gremio ha participado en los espacios técnicos convocados para discutir el cálculo de la UPC, incluidos los promovidos por orden de la Corte Constitucional, donde han presentado sus observaciones y propuestas.Bello indicó que Afidro ha trabajado en estudios sobre la suficiencia de la UPC durante los últimos años, primero con el acompañamiento de ARIF y más recientemente, con estimaciones propias.Mencionó que esta solicitud del 15 % coincide con la de otros gremios del sector y expresó que esperan que el Gobierno tenga en cuenta estas proyecciones al definir el ajuste para el próximo año.Según el gremio, garantizar una UPC suficiente es clave para responder de manera adecuada a las demandas del sistema y evitar un mayor deterioro en la prestación de los servicios de salud.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), manifestó su preocupación por la crisis que atraviesa la Nueva EPS y realizó un llamado urgente al Gobierno Nacional para atender la situación.De acuerdo con Afidro, la crisis actual es la materialización de advertencias previas emitidas por diversos actores del sector. Por lo que según indican, el déficit financiero afecta a toda la cadena de valor de la salud, incluyendo a la industria farmacéutica. Según el sector, la Superintendencia está lejos de mitigar los riesgos y la intervención adoptada ha deteriorado la situación financiera y administrativa de la entidad, situación que se ha profundizado con el tiempo.Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, indicó que la posible quiebra de la Nueva EPS podría ocasionar la interrupción de tratamientos esenciales y comprometer el principio de aseguramiento para millones de colombianos, lo que podría derivar en una crisis humanitaria y de salud pública.La Asociación hace un llamado para que se implementen medidas urgentes que garanticen la estabilidad financiera de la Nueva EPS y eviten un impacto negativo en el sistema de salud del país.
Así lo confirmó Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, en entrevista con Blu Radio. Según un estudio reciente elaborado con una firma de Medellín, la cartera del sector presentó un preocupante aumento del 31% entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, pasando de $3.3 billones a $4.3 billones. Más allá del crecimiento total, la alarma más crítica está en el incremento de la cartera que pasó de representar el 17% al 38% del total. En otras palabras, casi cuatro de cada diez pesos adeudados en el sistema no están siendo pagados a tiempo.Uno de los actores más golpeados son los gestores farmacéuticos, responsables de distribuir medicamentos a lo largo del país. “Los gestores representan más o menos el 60% de la cartera”, indicó Gaitán. Lo más grave es que, dentro de ese grupo, los indicadores de vencimiento de cartera se triplicaron, al pasar del 18% al 45%. Esto significa que casi la mitad de las deudas con ellos están por fuera del plazo de pago, comprometiendo su operatividad y capacidad de abastecimiento.“La alerta fundamental tiene que ver con los vencimientos. La recuperación de cartera ya está en 145 días”, explicó Gaitán, quien fue enfático en que esta situación no refleja un problema de desabastecimiento, sino un grave problema en el financiamiento del sistema de salud.La raíz del problema, según el presidente de Afidro, está en la falta de trazabilidad del flujo de recursos, desde el sistema público hasta los actores del sistema farmacéutico. “Cuando uno consulta la Adres, no puede identificar claramente el proceso de giro que va desde los recursos públicos hasta los gestores y la industria”, explicó. Por eso, hizo un llamado urgente a reactivar el diálogo entre todos los actores para movilizar recursos y garantizar que los medicamentos lleguen a los pacientes.Gaitán concluyó que, si bien hay alertas por desabastecimiento de algunos medicamentos, la verdadera causa está en la falta de pago oportuno y el deterioro de la cadena de financiamiento, lo cual podría derivar en consecuencias mayores si no se toman medidas urgentes.
La reciente presentación de las cuatro nuevas preguntas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca someter a consulta popular ha intensificado el debate nacional sobre el sistema de salud. En un contexto de creciente tensión por la crisis financiera de las EPS y la falta de entrega de medicamentos a miles de pacientes, las propuestas han generado preocupación entre representantes del sector salud, tanto del lado de los pacientes como de la industria farmacéutica.En entrevista con Blu Radio, Néstor Álvarez, vocero de la Asociación Pacientes Alto Costo, fue enfático en rechazar la iniciativa, calificándola como una forma cínica de manipular el sufrimiento de los colombianos. “Consideramos que ha habido un abuso de la democracia al utilizar el dolor de los pacientes que, en este momento, por la no entrega de medicamentos, no están teniendo tratamientos. Esto, por la política del Gobierno de no haber asignado los recursos suficientes en la UPC de 2025”, afirmó Álvarez.El vocero expresó su indignación por lo que considera un intento del Ejecutivo de capitalizar políticamente una crisis que él mismo ha provocado. “Nos parece indignante que se juegue con el dolor de los pacientes en el acceso a medicamentos con este tipo de mecanismos democráticos. Más allá, es una forma un poco cínica de crear el problema y luego salir a preguntarnos si la solución se da con cuatro preguntas que ni siquiera están dirigidas a resolverlo”, agregó.Además, cuestionó la coherencia entre las propuestas del Gobierno y sus acciones presupuestales: “En un Gobierno donde el presupuesto de ciencia e investigación se ha disminuido, y también el presupuesto de salud, consideramos que esto es un juego totalmente inhumano con la salud”.Por su parte, Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, también se refirió al contenido de las preguntas presentadas por el Gobierno, haciendo un llamado a la prudencia y a la claridad “Nuestra primera lectura de las cuatro preguntas incorporadas ayer frente a la consulta popular es que, por ejemplo, la pregunta número 13 es un poco ambigua. Para tranquilidad de los colombianos, desde 2013 ya existen múltiples normas, casi seis o siete artículos que establecen claramente mecanismos de compra que han permitido que Colombia tenga indicadores de costo muy competitivos”.Gaitán señaló que parte del contenido de la consulta ya está incorporado en otras propuestas normativas. “La pregunta relacionada con la transformación de las EPS es importante, pero lo esencial es definir un mecanismo que asegure que los medicamentos lleguen a los pacientes”, explicó. Además, se refirió a otra de las preguntas, la número 16 como más relacionada con el ámbito laboral que con la industria farmacéutica, sugiriendo que “amerita más un concepto desde el derecho laboral que desde nuestra perspectiva”.El presidente de Afidro hizo una advertencia sobre el trasfondo político del ejercicio: “Como reflexión importante, muchas de estas preguntas ya están incorporadas en proyectos como la reforma laboral, o en decretos recientes del Ministerio que ya han recibido comentarios del sector. Algunas ya existen incluso en el marco legal vigente. El espíritu de la consulta puede ser distractor. Lo importante es centrarnos en lo esencial: recursos para el sistema, un sistema financiado, robusto y eficiente que permita reducir procesos y costos, para que los pacientes tengan acceso a lo que necesitan”.Así, mientras desde las asociaciones de pacientes se exige respeto por el derecho a la salud y se denuncia la falta de acciones concretas, desde la industria farmacéutica se pide claridad normativa, sostenibilidad financiera y menos improvisación.
Un reciente informe de Afidro y Retorno Vital, que recopila datos entre 2022 y 2024, expone la creciente crisis en el acceso a servicios de salud en Colombia. De los más de 2.000 trámites gestionados por la entidad, las principales barreras reportadas por los pacientes fueron demoras en la entrega de medicamentos (42 %), falta de citas médicas (27 %), demoras en autorizaciones (21 %) y la inexistencia de convenios entre EPS e IPS (7 %).Las cifras son alarmantes: en los casos más críticos, los pacientes han esperado más de 250 días para recibir sus medicamentos. En los últimos tres años, las demoras aumentaron un 46 %, las dificultades para conseguir citas médicas crecieron un 8 % y las demoras en autorizaciones subieron un 23 %.Bogotá lidera el listado de departamentos con más barreras reportadas (438 casos), seguida por Antioquia (221), Valle del Cauca (186) y Santander (185). En la capital, los casos aumentaron un 83 % frente al año anterior, lo que evidencia un deterioro notable en la prestación del servicio. El informe advierte sobre problemas estructurales persistentes en estos territorios, que impiden garantizar el derecho a la salud de forma oportuna y equitativa.Otro aspecto crítico es el creciente gasto de bolsillo. Mientras que en las principales ciudades un paciente debe invertir más de $110.000 mensuales para acceder a su tratamiento, en zonas apartadas esa cifra supera el millón de pesos, lo que agrava la desigualdad en el sistema.
La crisis de medicamentos en Colombia ha sigue siendo un punto de discución y preocupación en el país, particularmente con la reciente denuncia e insistencia del presidente Gustavo Petro sobre hallazgo de 130.000 dosis de insulina en una bodega en Bogotá. En diálogo con Noticias de la Mañana, Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), habló sobre la situación."Desde Afidro, hemos procurado llamar a la calma y ocuparnos de lo más importante que son los pacientes," señaló Gaitán, enfatizando que el principal problema es el financiamiento del sistema de salud, no el desabastecimiento. Advirtió que la crisis actual no es una cuestión de falta de medicamentos sino de la incapacidad del sistema para financiar la operación eficiente de su entrega. El presidente de Afidro destacó que la discusión en torno al colapso del sistema de salud está desviando la atención de la cuestión más esencial: garantizar el acceso a medicamentos para los pacientes. "Hay un déficit en los giros que se hacen a los laboratorios, lo que provoca un efecto dominó en la distribución y acceso a los medicamentos," agregó Gaitán, advirtiendo que la situación podría empeorar si no se toman medidas de acción inmediatas. Gaitán también criticó la exclusión de su gremio de las mesas de discusión con el Ministerio de Salud argumentando que esto solo polariza el diálogo y desvía de la solución de problemas críticos. "Estamos abiertos a buscar maneras de mejorar y ser más eficientes, pero necesitamos ser parte de la conversación", enfatizó. A pesar de las adversidades, Gaitán afirma que los laboratorios permanecen comprometidos a seguir surtiendo al sistema nacional de salud. Sin embargo, la situación es precaria y requiere atención inmediata para evitar consecuencias severas en la atención de salud pública. Escuche aquí la entrevista:
El presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), Ignacio Gaitán, negó que haya un acaparamiento de medicamentos en el país y señaló que el verdadero problema radica en la falta de financiamiento del sistema de salud. En entrevista con Mañanas Blu, el directivo explicó que el flujo de recursos se ha visto gravemente afectado, lo que ha llevado a interrupciones en la cadena de distribución de fármacos."Estamos enfrentados a una crisis de sostenibilidad financiera muy profunda. Al no haber flujo de recursos en el sistema, la cadena logística no fluye. Pararnos en el mundo del acaparamiento no es real", afirmó Gaitán, refutando las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que hay bodegas llenas de medicamentos que no están siendo entregados intencionalmente.El déficit financiero y su impacto en la distribución de medicamentosGaitán detalló que el desfinanciamiento del sistema de salud no es un problema reciente, sino una crisis que se ha venido acumulando durante años. Actualmente, las deudas de algunas entidades con la industria farmacéutica datan de 2022, lo que ha generado un colapso en la cadena de pagos."Para que tenga una idea, en algunos tipos de medicamentos estamos poniendo al día deudas del 2022. Si sumamos los déficits de 2023, 2024 y lo que va de 2025, es claro que el problema financiero es estructural y no algo coyuntural", explicó el presidente de Afidro.Según el directivo, los laboratorios han seguido suministrando medicamentos pese a los problemas de cartera. Sin embargo, la falta de recursos ha llevado a que ciertos eslabones de la cadena de suministro se detengan, afectando directamente a los pacientes, especialmente a aquellos con enfermedades crónicas o de alta complejidad.Las afirmaciones del Gobierno y la respuesta del sector farmacéuticoEl presidente Petro ordenó a la Policía y al Ejército estar atentos para intervenir en caso de detectar irregularidades en la distribución de medicamentos. Al respecto, Gaitán aclaró que si bien el Gobierno tiene la facultad de vigilar la cadena de suministro, no puede incautar medicamentos por tratarse de bienes de propiedad privada."El presidente puede, a través de la Superintendencia de Salud, verificar la distribución en los gestores farmacéuticos, pero no puede en ningún caso incautar medicamentos. Esto tiene límites jurídicos y nosotros, como industria, seguimos con el único propósito de abastecer al país", afirmó.El representante de Afidro también desmintió la idea de que los laboratorios están reteniendo medicamentos para perjudicar al Gobierno. Explicó que existen bodegas de almacenamiento como parte de la cadena logística, pero que la industria farmacéutica no se beneficia de retener fármacos, ya que su principal objetivo es que estos lleguen a los pacientes."Nuestro mejor indicador de mercado es que un medicamento llegue y se distribuya, nunca que se quede almacenado", enfatizó.Posibles soluciones: financiamiento alternativo y mayor eficiencia en la cadenaPara resolver la crisis, Gaitán propuso que el Gobierno y la industria farmacéutica trabajen conjuntamente en buscar mecanismos alternativos de financiamiento del sistema de salud. Entre las opciones planteadas, mencionó la posibilidad de implementar microseguros y mejorar la eficiencia en la cadena de abastecimiento."Más allá de revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es importante, debemos ponernos en modo crear y buscar soluciones. Hemos planteado alternativas al Ministerio de Hacienda para financiar el sistema de manera sostenible", indicó.
A Judith Arango la vieron morir sus familiares, luego de esperar durante un mes una respuesta positiva de Nueva EPS en Barranquilla para que fuera posible un traslado a una clínica de cuarto nivel en la que pudieran realizarle una cirugía de urgencia, pues unos cálculos en su vesícula le habían causado perforaciones.Su cuñada, Jackeline Osorio, asegura que ni con derechos de petición lograron acelerar el trámite y ahora Nueva EPS asegura que nunca hubo disponibilidad de hospitalización porque la red está saturada.“Los médicos nos decían que ella estaba estable. Que ya iba a salir el traslado. Que tuviéramos paciencia, pero Judith se nos fue, dejó de respirar el domingo. Nos hicieron esperar, no nos dieron respuesta”, comentó la mujer.Pero el caso de Judith no sería un hecho aislado. Su queja fue una de las 4.514 recibidas por la Oficina de Salud de la Personería de Barranquilla durante este trimestre.El panorama es demoledor cuando se trata de quejas contra Nueva EPS. De las 757 tutelas que han sido presentadas en lo que va de este año para reclamar atenciones, traslados y entrega de medicamentos, el 67% son contra esta entidad, misma entidad en la que quedó colgando la vida de Judith.Lo que aseguran desde la Personería, es que incluso las incidencias por desacato son tan altas, que ya se han emitido más de 40 órdenes de arresto este año contra representantes legales de entidades de salud. Precisamente, el 70 % de estas decisiones involucran a funcionarios de Nueva EPS en Barranquilla.La mayoría de las reclamaciones están relacionadas con barreras en la entrega de medicamentos, procedimientos y atención especializada. De hecho, el 67 % de las tutelas corresponde a problemas asociados con medicamentos.“A pesar de todos estos esfuerzos interinstitucionales por lograr acceso al servicio, notamos con impotencia que la crisis es tan profunda y acentuada que la solución no llega o llega tardía”, manifestó Miguel Ángel Alzate, personero de Barranquilla.
El chance Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las modalidades más llamativas en Colombia, gracias a su formato que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, una dinámica que lo diferencia de otros juegos tradicionales de chance.Resultado del Super Astro Sol hoy, miércoles 20 de mayo de 2026El número ganador del chance Super Astro Sol para este miércoles 20 de mayo de 2026 fue el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Signo zodiacal: ¿A qué hora juega el Super Astro Sol?Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, permitiendo una consulta rápida y confiable.Cómo jugar el chance Super Astro SolParticipar en este juego es sencillo y ofrece diferentes combinaciones de apuesta. Para jugar, los usuarios deben seguir algunos pasos básicos:Elegir un número de cuatro cifrasSeleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o PiscisOptar por la modalidad “Todos los signos” para aumentar las probabilidades de aciertoDefinir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiqueteEste sistema permite aplicar distintas estrategias dentro de una sola participación.Cuánto cuesta apostarEl Super Astro Sol ofrece montos accesibles para diferentes presupuestos, facilitando la participación de un amplio número de jugadores.Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $10.000 pesos colombianosSe recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.Dónde jugar Super Astro SolEste chance está disponible en puntos de venta físicos autorizados en diferentes regiones del país, lo que facilita el acceso para quienes desean participar en esta modalidad.Requisitos para reclamar premiosEl proceso de cobro depende del valor del premio, aunque siempre es obligatorio presentar algunos documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendadurasDocumento de identidad originalFotocopia legible del documento de identidadAdemás, según el monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicosPremios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de ventaPremios mayores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábilesGracias a su formato innovador, facilidad de participación y reglas claras para reclamar premios, el Super Astro Sol continúa siendo una de las alternativas favoritas entre los apostadores en Colombia.
El chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más jugados en Colombia, gracias a su amplia cobertura en el territorio nacional y a la facilidad con la que los apostadores pueden consultar los resultados oficiales tras cada jornada.Resultado del Dorado Tarde hoy, miércoles 20 de mayo de 2026El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 20 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega el Dorado Tarde?El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de canales autorizados y puntos de venta.Los domingos y festivos no se realiza sorteo.Plan de premios del Dorado TardeUno de los mayores atractivos de este juego es su sistema de pagos, ya que permite obtener ganancias incluso con aciertos parciales. El valor del premio depende de la modalidad de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostadoEste esquema amplía las posibilidades de ganar y mantiene el interés de miles de jugadores en cada sorteo.Requisitos para reclamar un premioPara cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por Paga Todo:Ser mayor de edadPresentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciadoEntregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el procesoTambién se recomienda revisar cuidadosamente el estado del tiquete, ya que cualquier tachón, enmendadura o inconsistencia podría afectar el pago del premio.
La industria textil es una de las que más pesa en el bolsillo y en el medio ambiente global, pues genera entre el 8% y el 10% de las emisiones del planeta. El panorama en nuestro país no se queda atrás: al año se desechan más de 178.000 toneladas de textiles , y lo preocupante es que solo el 2,2% de esos residuos recibe una gestión adecuada. Para hacerle frente a este problema, existen alternativas locales enfocadas en la economía circular que le permiten a la ciudadanía dar un mejor uso a las prendas que ya no utiliza.El impacto de los residuos textiles en ColombiaEl drama de la basura textil en el territorio nacional es evidente debido a las alarmantes cifras de desecho. Ante esta realidad, diversas iniciativas buscan mitigar el impacto ambiental en las principales ciudades mediante la recuperación de materiales como el algodón recuperado y el PET reciclado.Con respecto a este panorama, Santiago Fajardo, cofundador de Cíclico, afirmó: “Hoy las empresas también son evaluadas por el impacto que generan y la forma en que desarrollan sus procesos. Esta certificación reconoce decisiones relacionadas con la producción, los proveedores y la sostenibilidad”. Esto demuestra que la acumulación de desechos textiles puede reducirse si se transforma la manera en que se gestiona la cadena de valor y la producción local.¿Qué hacer con la ropa vieja que ya no usa?Una propuesta destacada para resolver esta pregunta es la de Cíclico, una marca colombiana de moda sostenible que implementa puntos de recolección en sus instalaciones para incentivar el consumo consciente. Durante el año 2025, esta estrategia logró resultados contundentes en materia de reutilización y economía circular:Llevar las prendas a contenedores en tiendas: La compañía logró recuperar cerca de 10 toneladas de ropa usada a través de los puntos instalados en sus locales , logrando que el 96% de estas prendas tuviera una segunda vida mediante procesos de reuso, donación o reciclaje.Puntos de atención en Bogotá y MedellínPara quienes desean sumarse a esta iniciativa y evitar que sus prendas terminen en la basura, la marca cuenta con presencia física en ubicaciones clave del país. Actualmente, el servicio se encuentra disponible en las siguientes zonas comerciales:En Bogotá se habilitaron 5 tiendas para la atención del público, incluyendo una reciente apertura en el norte de la ciudad, exactamente en la calle 140 con carrera 9. Por su parte, la ciudad de Medellín cuenta con 1 tienda operando bajo este modelo de triple impacto.
Durante el foro “Control fiscal, articulación e inversión frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados en Colombia”, la Contraloría General de la República alertó sobre una reducción presupuestal en la política pública para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia.“En materia presupuestal, de los $12.891 millones asignados al proyecto de inversión de desarrollo de la política intersectorial de prevención del reclutamiento, se ejecutaron $9.216 millones, quedando pendientes por ejecutar $3.675 millones que se quedaron sin utilizar. A ello se suma una reducción presupuestal del 83,8 % para el periodo 2024-2026, con recursos que descendieron a $1.810 millones”, señaló Rodríguez.El contralor explicó que esta reducción, sumada a la baja ejecución y a “la ausencia de un sistema robusto de información”, está limitando la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento y proteger a niños y adolescentes en zonas afectadas por el conflicto armado.Rodríguez insistió en que el reclutamiento infantil no puede seguir siendo entendido únicamente como un asunto de seguridad. “Es una expresión profunda de fallas históricas que siempre debemos reconocer como estado de carácter institucional, de que históricamente ha existido exclusión social y debilidades en la capacidad del estado para proteger la niñez”, sostuvo.Asimismo, aseguró que los análisis adelantados por la Contraloría muestran un “crecimiento preocupante” del reclutamiento infantil en distintas regiones del país, en medio de un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.El estudio presentado por la Contraloría también evaluó el funcionamiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y la atención a la primera infancia en la modalidad institucional del ICBF, encontrando múltiples debilidades operativas y riesgos crecientes de vulneración de derechos.En el caso del PARD, las visitas técnicas realizadas por el organismo de control evidenciaron que más del 60 % de los equipos interdisciplinarios se encuentran incompletos. Además, según la Contraloría, cada defensor de familia atiende hasta 120 casos semanales, generando retrasos y decisiones tardías.“Cuando la protección depende más del heroísmo individual que de la capacidad institucional, el sistema se vuelve frágil”, afirmó Rodríguez.Respecto a la modalidad institucional de primera infancia del ICBF, la Contraloría advirtió “fallas críticas en la detección, seguimiento y cierre de casos de vulneración de derechos”, asociadas a debilidades en información, articulación y supervisión. Según el informe, en 2022 se registraron 1.488 alertas y en 2024 otras 1.458, mientras que en 2023 solo se reportó un caso, lo que para la contraloria podría evidenciar limitaciones en la capacidad operativa de la entidad.Durante su intervención, Rodríguez también presentó cifras sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el país. Según indicó, entre enero y diciembre de 2025 el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 32.442 lesiones no fatales contra menores de edad asociadas a contextos de violencia. De esos casos, 16.923 correspondieron a exámenes médico-legales por presunto delito sexual, 7.547 a violencia intrafamiliar, 7.296 a violencia interpersonal y 676 a violencia de pareja.En educación, el Ministerio de Educación reportó una deserción intraanual del 3,63 % en el sector oficial durante 2024, equivalente a 256.733 posibles desertores.“El país ha construido un andamiaje jurídico robusto, pero desde luego tenemos que caminar fuerte hacia la implementación”, concluyó Rodríguez, al advertir que la fragilidad institucional termina permitiendo que la violencia llegue primero que el Estado a los territorios más afectados.
